Por Alberto R. León y Jacobo Nájera

Los manifestantes se proclamaron a favor de un internet público que respete la neutralidad de la red, y la libertad de expresión.

Ante la propuesta de ley en materia de telecomunicaciones presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, la ciudadanía mexicana se manifestó en las calles con una marcha que tuvo lugar en el centro de la Ciudad de México, la tarde del pasado jueves 10 de abril. Según el análisis de los expertos, aprobar estas reformas afecta la libertad de expresión, la neutralidad de la red, la privacidad y el acceso a internet. La marcha, denominadas en las redes como #NoMasPoderAlPoder, fue convocada por organizaciones y colectivos como AMARC México, Artículo 19, CENCOS, R3D, Centro ProDH, Propuesta Cívica, Libre Internet Para Todos, ContingenteMX, entre otras.

Foto de Jesús Robles Maloof (CC BY–SA 2.0)

En la manifestación participaron colectivos, organizaciones y ciudadanos indignados con la propuesta de leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones. Los manifestantes se proclamaron a favor de un internet público que respete la neutralidad de la red y la libertad de expresión, aspectos que peligran en caso que se aprueben las modificaciones de la reforma.

La marcha partió de Televisa Chapultepec, recinto de la televisora más grande de México, al Senado de la República, lugar donde se votarán estos cambios entre los días 21 y 23 de abril.

Anunciada como un esfuerzo por disolver los notorios monopolios de telecomunicaciones y radiodifusión de México, la ley cubre una amplia gama de temas de comunicaciones electrónicas ─ y pisotea el territorio de los derechos humanos. A instancias de las autoridades “competentes”, la ley autoriza a las compañías de telecomunicaciones a “bloquear, inhibir o anular” los servicios de comunicaciones “en momentos críticos para la seguridad pública y nacional”. La ley también autoriza a los proveedores de servicios de Internet a ofrecer paquetes de servicios que “respondan a las demandas del mercado” y a diferenciar en “capacidad, velocidad y calidad” ─ una medida que podría imposibilitar la protección de la neutralidad de la red en el país. Por si fuera poco, las medidas de seguridad incluidas en la ley permitirían a las autoridades realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios en tiempo real, utilizando herramientas de geolocalización, sin obtener aprobación judicial previa.

La preocupación de los ciudadanos se extendió al señalar la exclusión de sectores sociales vulnerables de México, como la población indígena, y el incremento de tarifas de internet, aspecto que agudiza los problemas de acceso a la red. También se destacó que las telecomunicaciones son un espacio de creación, difusión y protesta, y de ser aprobadas las modificaciones a las leyes secundarías se facultaría al gobierno mexicano para que la represión sea legal, algo que hasta ahora se ha llevado a cabo contra activistas, organizaciones y civiles.

Daniel Gershenson, defensor de derechos de consumidores, dejó en claro que hace más de un año se presentó ante el Senado una iniciativa que propone crear redes públicas en México. Aprovechando la infraestructura existente, mencionó Gershenson, se puede proveer de red a todos los ciudadanos de la ciudad. Sin embargo, hasta el día de hoy esta iniciativa ha sido desatendida por el poder legislativo, que intentaron dar un fast track a las modificación de #LeyTelecom.

Foto de Jesús Robles Maloof (CC BY-NC-SA 2.0)

El activista Bosque Iglesias Guzman señala que el control de internet es tan sólo una parte del problema que representa #LeyTelecom, y enfatiza el apagón analógico que se llevará a cabo en 2015, cuando todas las señales aéreas de televisión pasarán a ser digitales. Para Bosque, este problema trae consigo mayor control del monopolio televisivo, que en México de por sí ya es grande.

A finales de 2013, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyó la Resolución en la ONU sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital, y México se adhirió a la Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión de la OEA, en la que se reconoce el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión como fundamentos de una sociedad democrática, los mismos principios  que se ven vulnerados en la propuesta de leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones.