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Camboya: Proyecto de Ley sobre Internet amenaza la libertad de expresión en la red

Monks in a computer shop in Phnom Penh. Flickr photo by Magalie L'Abbé

Monjes en un cibercafé en Phnom Penh. Foto de Flickr por Magalie L'Abbé (Licencia CC)

Los usuarios de Internet camboyanos y los grupos de defensa de los Derechos Humanos critican [en] un proyecto de ley contra el cibercrimen [en] que contiene algunas disposiciones que podrían socavar la libertad de expresión. 

Aunque el gobierno se ha negado a comentar el proyecto de ley, el grupo de activismo Article 19, con sede en Londres, tuvo acceso por medio de una filtración a una traducción al inglés no autorizada del borrador. El gobierno había anunciado su intención de aprobar la Ley contra el Cibercrimen en 2012, pero en los dos últimos años no ha realizado consultas públicas sobre la propuesta. 

Según el Phnom Penh Post, principal periódico en lengua inglesa de Camboya, el borrador del proyecto de ley fue elaborado [en] por el grupo de trabajo para la Ley contra el Cibercrimen del Consejo de Ministros.

Muchos usuarios de Internet han condenado las cláusulas represoras del proyecto, en concreto el artículo 28, que proscribe los contenidos que “pongan trabas a la soberanía y a la integridad del Reino de Camboya”. Como si no fuera bastante, la misma estipulación penaliza las publicaciones en línea que “generen inseguridad, inestabilidad y cohesión política”. Hay poca conciencia pública acerca del crimen de “cohesión política”. 

El proyecto de ley también condena la publicación en Internet de materiales considerados “no acordes a los hechos” y que “calumnien o socaven la integridad de las agencias gubernamentales o de los ministerios, no limitándose a los departamentos, sea a nivel federal o local”. Este apartado podría disuadir de la crítica a los funcionarios del gobierno.

El proyecto de ley también prohíbe la publicación de contenidos que se consideren “ofensivos para la moral y los valores culturales de la sociedad”. Incluso especifica algunas actuaciones en línea que se consideran nocivas: 

Escritos o pixelización que muestren personas o actividades inadecuadas, copulación entre humanos o animales; o que menoscaben los valores morales o familiares y la pixelización que muestre violencia doméstica.

Esta previsión en concreto parece querer prevenir que los caricaturistas políticos usen el ciberespacio para difundir su mensaje.

A los culpables de delitos informáticos se les impondrá una multa de dos a seis millones de rieles (de 500 a 1.500 dólares EEUU). Los críticos han subrayado que las penas prescritas en el Proyecto de Ley para el cibercrimen son mayores de las que se aplican para los mismos delitos cuando son cometidos fuera de Internet.

Chak Sopheap, directora ejecutiva del Centro Camboyano para los Derechos Humanos, escribió que la norma propuesta para combatir el cibercrimen podría ser usada para acosar [en] y castigar a los detractores del gobierno:

El artículo 28 puede esgrimirse contra los activistas de Derechos Humanos o contra la oposición… Por ejemplo, muchos usuarios de Internet son muy críticos y ya no se conforman con seguir a un partido. Tienen sus propias opiniones.

Article 19 alertó [en] que los amplios poderes que se conceden a los fiscales para actuar en los casos de delitos informáticos podrían socavar la privacidad en Internet:

Los fiscales, más que los tribunales, ostentan unos poderes sumamente amplios, con los que ordenar el guardado de datos de ordenadores o información del tráfico de datos. Esto es preocupante, dada la naturaleza indiscreta de estas medidas y que los fiscales carecen de la independencia necesaria para sopesar adecuadamente los diversos intereses en juego, y en particular la protección del derecho a la privacidad.

El grupo ha instado al gobierno para que haga una consulta [en] pública y revise el documento antes de enviarlo al Parlamento: 

El grupo Article 19 se muestra sumamente preocupado por el borrador de la Ley contra el Cibercrimen de Camboya, que está muy por debajo de los estándares internacionales en materia de los derechos a la libertad de expresión, de información y a la privacidad. Si se aprueba conforme a su redacción actual, existe un serio riesgo de que el ciberespacio de Camboya, actualmente libre, se hunda en la cultura de ocultación y autocensura tan arraigada en el país. 

Internet ha demostrado ser una plataforma viable para compartir y divulgar noticias e información acerca de la política camboyana. Durante la época de las elecciones del pasado año, el partido en la oposición aprovechó con éxito el poder de las redes sociales para ganar seguidores y obtener más votos. La gente joven criticó abiertamente la corrupción y a los políticos en el gobierno a través de las plataformas en Internet. Como las cadenas televisivas están dirigidas por compañías afines al gobierno, las noticias acerca de las huelgas laborales y los mítines de la oposición de los últimos meses han sido retransmitidas principalmente a través de Internet. 

Si llegara a sancionarse, el proyecto de ley del gobierno podría suponer un gran obstáculo legal para los periodistas que tratan asuntos de interés público, y para los activistas políticos que intentan criticar o pedir cambios a los líderes políticos. Si pasa como ley, podría dejar a los camboyanos indefensos ante duras penas por las críticas en Internet, una regulación de Internet más estricta y la censura en las redes sociales.

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