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Mozambique quiere penalizar textos, emails y publicaciones ‘insultantes’ en internet

Cidadão-repórter, Jornal @Verdade . Foto de Sourcefabric no Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Reportero ciudadano y el uso de SMS, correo electrónico y redes sociales en la sala de prensa del diario @Verdade. Foto de Sourcefabric en Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

Este artículo, publicado [pt] por el diario @Verdade el 2 de abril de 2014, fue escrito originalmente por Alfredo Manjate (@AlMero05) [pt] en portugués y traducido al inglés por Francisco Chuquela (@chuquela) [pt].

El gobierno mozambiqueño está impulsando un proyecto que penaliza mensajes de texto, correos electrónicos y otro tipo de publicaciones en línea que son considerados “insultantes” o que “ponen en peligro la seguridad del estado”.

Aprobado por el Consejo de Ministros [pt] (el gobierno ejecutivo de Mozambique se compone del presidente de la República, el primer ministro y todos los otros ministros) el 1 de abril de 2014, el proyecto será luego remitido al Parlamento. El ministro de Ciencia y Tecnología, Louis Pelembe, explicó que las duras penalidades propuestas garantizarían la protección del consumidor y aumentarían la confianza en las transacciones electrónicas como medio de comunicación y prestación de servicios.

Free wifi area at Eduardo Mondlane University, Maputo (June 2013). Photo by Sara Moreira

Área de WiFi libre en la Universidad Eduardo Mondlane, Maputo en junio de 2013. Foto de Sara Moreira.

Además de la disposición sobre contenido insultante, la ley abarcaría acceso fraudulento a internet, bases de datos y transacciones financieras.

Con respecto al caso específico de mensajes de texto, Pelembe señaló que “en el pasado muy reciente” han “creado mucha agitación en nuestro país”.

Se refiere a lo que se llamó los “disturbios del pan” -protestas contra los crecientes costos de pan, agua y electricidad que se organizaron a través de SMS en Maputo en setiembre de 2010. Luego de las protestas, el gobierno emitió una orden ministerial que obligó a los usuarios de teléfonos móviles prepago [pt] a registrar sus tarjetas SIM y a identificar la información con las dos empresas de telefonía móvil del país en ese momento, entre otras restricciones [en] que se impuso a los servicios de mensajes de texto.

La ley completaría la necesidad de crear un marco legal de trabajo para regular y disciplinar este tipo de actividades, según Pelembe. 

En caso de ser aprobada por el Parlamento, esta ley sería la primera de su clase en Mozambique.

Evidencia de un estado de vigilancia

A comienzos de 2014, la Policía de Investigación Criminal del país contactó [pt] a Alice Mabota, presidenta de la Liga de Derechos Humanos local, para aclarar si fue la autora de un llamado a protestar que estuvo circulando por mensaje de texto. Decía:

Família moçambicana, acordem!!! Guebuza não nos quer ver vivos. Melhor acabarmos com ele do que ele connosco. Apelamos à manifestação imediata para a retirada dele do poder antes que seja tarde. Colabora com a ideia passando a mensagem para os outros. A sms é da Dr. Alice Mabota.

Familia mozambiqueña, ¡¡¡despierta!!! [El presidente] Guebuza no quiere vernos vivos. Mejor terminemos con él antes de que él acabe con nosotros. Hacemos un llamado para una protesta inmediata para que deje el poder antes de que sea demasiado tarde. Colabora con esta iniciativa pasando el mensaje a otros. Este SMS es de la doctora Alice Mabota.

Cuando Alice Mabota salió de la estación de policía, les dijo a los reporteros:

só foram perguntar se a mensagem é da minha autoria e eu disse que não era. Eu forneci-lhes os meus três números de telefone para eles investigarem e ver se a mensagem foi enviada a partir de um deles.

Solamente preguntaron si el mensaje era de mi autoría y yo dije que no lo era. Les entregué mis tres número de teléfono para que investigaran y vieran si el mensaje se envió de alguno de ellos.

Un extenso informe sobre derechos humanos en Mozambique [en] publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el gobierno mozambiqueño ha estado interviniendo los teléfonos de miembros de partidos políticos y activistas de derechos humanos sin orden judicial.

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