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El peso de la crisis fiscal de Puerto Rico cae sobre los trabajadores

Para muchas personas fue muy difícil transitar por San Juan, la ciudad capital de Puerto Rico, el 5 de junio. Ello se debió a las múltiples manifestaciones llevadas a cabo por los sindicatos de empleados del gobierno para expresar su rechazo a la propuesta Ley de Sustentabilidad Fiscal, la cual declararía una emergencia fiscal en el país y frenaría derechos adquiridos de los empleados.

Los manifestantes marcharon por el concurrido Túnel Minillas y provocaron la paralización del tránsito, provocando gran malestar entre las personas que intentaban transitar por esa ruta, como se puede apreciar en el siguiente video de Noticias 24/7:

El consenso en las redes sociales parece haber sido que fue una mala decisión haber marchado por el túnel porque tuvo el efecto de antagonizar a los conductores, muchos de ellos también obreros al igual que los manifestantes y que solamente intentaban llegar a sus lugares de trabajo. El bloguero Gary Gutiérrez expresó consternación al ver grupos de trabajadores puertorriqueños en conflicto:

¿Emergencia fiscal para quiénes?

De aprobarse la Ley de Sustentabilidad Fiscal, se estarían suspendiendo unilateralmente derechos conquistados por las y los trabajadoras y trabajadores gracias a las luchas obreras del siglo XX, luchas en las cuales en ocasiones hubo derramamiento de sangre.

Con la memoria todavía viva de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, aprobada durante la administración de Luis Fortuño, hay mucha resistencia a cualquier estatuto que declare una emergencia fiscal, máxime cuando se percibe, no sin razón, que a quienes se les ha obligado a sacrificar más en aras de mitigar la crisis es a los trabajadores asalariados del país, sean del gobierno o del sector privado. Durante la administración de Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), la Ley 7 proveyó para el despido masivo de empleados gubernamentales y la suspensión de sus derechos adquiridos.

La administración del Gobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), ha querido distanciarse de la práctica de despedir empleados, evitando a toda costa asociarse con la política fiscal de la administración pasada. No obstante, ha recurrido a la creación de impuestos nuevos y ha propuesto la eliminación de créditos contributivos que incentivan el trabajo asalariado, sobre todo de los trabajadores más pobres, algo muy perjudicial en un país en donde la tasa de participación laboral es de apenas 39%. Miguel A. Soto Class, director del Centro para una Nueva Economía (CNE), explica la importancia de este crédito en un artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo Día y reproducido en la página del CNE:

El  Crédito por Trabajo  o Crédito por Ingreso Devengado es un mecanismo contributivo que le otorga un reembolso de hasta $400 anuales a los trabajadores de menos ingresos en la isla. Funciona como estímulo al trabajo y actúa como contrapeso a las perversiones que tuercen nuestro mercado laboral. El Crédito por Trabajo no solo suplementa el ingreso de estas personas, sino que incentiva su incorporación a la economía formal ya que exige se rindan planillas y se trabaje en el sector formal. Este tipo de iniciativa ha sido sumamente efectiva en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Canadá en insertar a las personas que reciben ayudas gubernamentales en la fuerza laboral.  La importancia del beneficio para el mercado laboral de Puerto Rico es enorme: casi medio millón de trabajadores – prácticamente la  mitad de la fuerza trabajadora de la isla – participan del programa.

Para los que creemos en la reducción de la dependencia y el estímulo a la cultura del trabajo, la posible eliminación del programa resulta preocupante. Propuesto por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en 2006 como una forma de atajar la pobreza, promover el trabajo, y estimular la economía formal, el programa fue apoyado por varias administraciones: fue implantado por el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y ampliado por el de Luis Fortuño. En un país donde sobran las diatribas y escasean los consensos, el Crédito por Trabajo coaguló un importante consenso bi-partita. Resulta desesperanzador que regresemos al punto cero, eliminando un mecanismo importante que estimula el trabajo en la economía formal.

Los trabajadores invisibles

Hay que señalar que no todos los trabajadores del gobierno estaban representados en las manifestaciones realizadas por los sindicatos, pues no todos gozan del derecho a unionarse. A quienes se les reconoce este derecho es a los llamados empleados regulares. Estos son a los cuales se refieren usualmente los medios al hablar de empleados de gobierno. Sin embargo, existe un tipo de trabajador invisibilizado tanto por el gobierno como por los medios, los llamados empleados por contrato. A simple vista, este tipo de contrato aparenta ser el de un contratista independiente, pero es en realidad una forma del patrono esquivar su responsabilidad con el trabajador, ya que un contratista independiente técnicamente no es un empleado. En un reportaje para la revista Diálogo Digital, Némesis Mora Pérez explica por qué cada vez más personas aceptan este tipo de arreglo:

La falta de empleo en la Isla ha ocasionado que una gran parte de la población puertorriqueña firme acuerdos con su patrono sin tener los beneficios que tendría un empleado regular. Según estadísticas del Departamento del Trabajo, el número de empleo ajustado (es decir, a tiempo parcial) en Puerto Rico fue de 1,013,000 personas en el mes de diciembre del pasado año [2013]. Esta cifra representa 4,000 empleados menos comparado con las cifras de noviembre de 2013, donde el número de empleados en ese renglón era de 1,017,000. Por tanto, la baja de empleos en el País es uno de los factores por los que las personas aceptan contratos por servicios profesionales sin contar con las ayudantías que recibiría un empleado regular.

Aun así, a estos trabajadores se les trata como si fueran empleados en cuanto a sus tareas y responsabilidades, pero sin los derechos, protecciones y beneficios propios de un empleado regular. A pesar de que este tipo de empleado siente más fuertemente el peso de la crisis, las voces de estos trabajadores se silencian a sí mismas por miedo a perder sus trabajos. Esta práctica se ha vuelto cada vez más común tanto en el gobierno como en la empresa privada. La legalidad de este tipo de contrato es, en el mejor de los casos, dudosa.

En fin, para Puerto Rico no hay salida fácil de la crisis. El gobierno necesita encontrar la manera de distribuir el peso del esfuerzo para pagar la deuda monumental de la Isla de manera más equitativa si no quiere una crisis social aún mayor, a la vez que frena la contracción económica, crea las condiciones para el crecimiento de un sector privado raquítico y promueve la integración de más personas a la fuerza laboral. La situación se agrava todavía más al existir categorías artificiales de trabajadores, muchas veces haciendo el mismo trabajo por paga considerablemente desigual, propiciando que no haya solidaridad entre los trabajadores del país. Como dice el economista Santos Negrón Díaz en entrevista para un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo sobre “el mantra de hacer más con menos“:

Si ya estaban mermadas las fuerzas por los despidos masivos y ahora le vas a quitar recursos a una plantilla muy debilitada, es ilusorio pensar que vas a poder aumentar la productividad y mantener el mismo nivel de servicio.

 

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