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Demanda ante el Tribunal Administrativo: detengan la vigilancia de medios sociales en Egipto

Categorías: Medio Oriente y Norte de África, Egipto, Activismo digital, Derechos humanos, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Vigilancia, GV Advox

afte

La versión original de este artículo fue publicada en el blog de AFTE [1] [en].

El 17 de junio de 2014, varios grupos de derechos humanos y ciudadanos interesados presentaron la demanda número 63055/68 ante el Tribunal Administrativo de Egipto, pidiendo detener una solicitud gubernamental de propuestas para adquirir software capaz de controlar los mensajes públicos y las conversaciones privadas de los usuarios de medios sociales.

La vigilancia masiva a este nivel elude aspectos fundamentales del debido proceso, tales como obtener una orden judicial antes de iniciar la vigilancia de un individuo. Constituye una violación de toda una serie de derechos inalienables y libertades públicas garantizados por la Constitución de Egipto, incluidos los derechos a la libertad de expresión, la libertad de información, la privacidad y la seguridad.

El ministro del Interior pidió la adquisición del llamado «sistema de medición de opinión pública» en el marco del «Proyecto de vigilancia de riesgos de seguridad en las redes sociales». La convocatoria de propuestas se publicó en AlWatan el 1 de junio de 2014. Los escaneos incompletos del documento publicado en el sitio web de noticias mostraban especificaciones técnicas para un sistema que opera como parte de una estrategia con el objetivo de «vigilar, enumerar, analizar, ejecutar, apoyar, confrontar y refutar» una serie de «ideas destructivas», según el Ministerio. Estas incluyen:

…la blasfemia y el escepticismo en relación a las religiones; divisiones regionales, religiosas, raciales y de clase; propagar rumores y distorsionar los hechos de forma intencional; lanzar acusaciones; la difamación; el sarcasmo; usar palabras inadecuadas; pedir la marcha de pilares de la sociedad; fomentar el extremismo, la violencia y la disidencia; invitar a manifestaciones, sentadas y huelgas ilegales; la pornografía, la moral disoluta y la falta de moralidad; métodos para educar en la fabricación de explosivos y asalto, caos y tácticas antidisturbios; llamar a la normalización de las relaciones con enemigos y eludir la estrategia del Estado en este sentido; buscar errores cometidos sin malicia, buscar carnaza; sacar declaraciones de su contexto; y difundir bulos y pretensiones de milagros.

Las organizaciones abajo firmantes creen que el sistema que el Ministerio está en proceso de adquirir no sólo pone en peligro la privacidad de millones de usuarios de Internet al tratar de vigilar las comunicaciones privadas y personales, tales como las que se realizan en Viber y Whatsapp. El sistema también viola las libertades públicas al buscar y catalogar de forma continua las interacciones sociales en las redes sociales, hoy en día una parte esencial de la esfera pública en una sociedad libre y democrática.

La mera existencia de dicho sistema es una violación del debido proceso garantizado por el Código de Procedimiento Penal y las normas internacionales. Permite al ejecutivo ejercer poderes reservados a los poderes legislativo y judicial. Lo que es más importante, constituye una restricción de los derechos y libertades de millones de una manera innecesaria y desproporcionada en relación con cualquier objetivo lícito que este sistema pretende alcanzar.

La privacidad en la esfera pública es necesaria para una vida política libre y estable. Atacarla es un signo de totalitarismo. El Ministerio del Interior debería ser el primero en acatar la ley, que tiene el mandato de hacer cumplir, en lugar de violarla en aras de cosas imprecisas como «pedir la marcha de pilares de la sociedad», «el sarcasmo «, «buscar errores cometidos sin malicia» y «difundir bulos», que no son parte del mandato de la policía.

Las organizaciones abajo firmantes exigen a las autoridades egipcias que respeten sus compromisos internacionales, incluidos los derechos a la privacidad, la libertad de información y la libertad de expresión consagradas en los artículos 17, 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, y detengan este proyecto inmediatamente.

Las organizaciones abajo firmantes llaman a todos aquellos cuyos derechos son violados por la vigilancia de los medios sociales a asistir a la primera sesión del Tribunal Administrativo y a unirse a la demanda para proteger sus derechos fundamentales a la privacidad y la libertad de expresión.

Signatarios:
Association of Freedom of Thought and Expression (AFTE) (Asociación de la Libertad de Pensamiento y Expresión)
Arab Digital Expression Foundation (ADEF) (Fundación para la Expresión Digital Árabe)
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) (Instituto de El Cairo para Estudios sobre Derechos Humanos)
Hisham Mubarak Law Center (HMLC) (Centro Legal Hisham Mubarak)
Arabic Network for Human Rights Information (Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos)
Egyptian Foundation for the Advancement of Children Conditions (Fundación Egipcia para el Progreso de las Condiciones de los Niños)
Centre for Egyptian Women Legal Assistance (Centro Egipcio de Asistencia Legal a la Mujer)
New Woman Foundation (Fundación Nueva Mujer)
El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence (Centro El Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia)

Para más información: Folleto sobre el proyecto de vigilancia de riesgos de seguridad en las redes sociales [2] [en]