Este artículo es una publicación conjunta de NACLA [en] (Congreso Norteamericano para América Latina) y Foreign Policy in Focus [en], y se publicó originalmente el 4 de junio de 2014.

Mauricio Moreno / Flickr. CC BY-NC-SA 2.0.

Colombia ha albergado parte de la violencia más extrema y brutal en la historia de América Latina. El conflicto del país, que dura más de medio siglo, ha cobrado la vida de casi un cuarto de millón de hombres, mujeres y niños y ha desplazado a casi seis millones más. Estados Unidos ha financiado gran parte del conflicto en los años recientes, pues ha invertido [en] 9 mil millones de dólares desde 2000 —en gran parte para reforzar a las fuerzas de seguridad de Colombia.

Pero la paz podría estar cerca. El 16 de mayo, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, suscribieron un acuerdo preliminar [en] sobre el tercero de los cinco puntos de negociación en su actuales conversaciones de paz en La Habana, Cuba: drogas ilícitas. El acuerdo ofrece un plan viable para que las FARC pongan fin a su participación en el comercio de drogas colombiano, alternativas para los agricultores a pequeña escala de cultivos destinados a mercados de drogas ilíticas y significativas reformas de política a nivel nacional para abordar problemas de consumo de drogas y salud pública.

La esperanza también está en un anuncio que llegó más temprano ese mismo día. Luego de la presión nacional e internacional —incluida una carta [en] interparlamentaria firmada por 245 representantes de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda— las FARC anunciaron un cese al fuego unilateral. Aunque el gobierno sostiene que no terminará las operaciones militares hasta que se suscriba un tratado, y aunque el cese al fuego temporal de las FARC terminó el 28 de mayo, este acto es alentador porque redujo la violencia [en] significativamente y probablemente aumente la confianza en la mesa de negociaciones. Según [en] el Comtié Internacional de la Cruz Roja, cientos de miles de colombianos siguen afectados por el conflicto cada año. Asegurarse de que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario es esencial y probablemente ayudará a avanzar en las conversaciones de paz.

No obstante, agitaciones políticas internas amenazan con interrumpir este avance. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia el 25 de mayo, el actual presidente Juan Manuel Santos, que inició las conversaciones para consternación de muchos antiguos aliados políticos, quedó segundo frente al conservador Oscar Ivan Zuluaga. Zuluaga, que es aliado del expresidente (y actual senador electo) Alvaro Úribe, ha dejado en claro su escepticismo con relación a las conversaciones. Aunque suavizó su postura antes de la segunda vuelta electoral, so conocida oposición al proceso sigue siendo preocupante. Santos y Zuluaga se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 15 de junio (*).

El acuerdo sobre el problema de las drogas —declarado un “acuerdo parcial”, pues ningún acuerdo individual es definitivo hasta no lograr un consenso para todos los puntos en la agenda— es poco menos que histórico. El lenguaje, que ambas partes acordaron, refleja un significativo cambio del enfoque prohibicionista de la política de drogas. El acuerdo adopta algunas de las propuestas de la creciente comunidad que pide una reforma de la política de drogas, y reconoce que se necesitan las “alternativas basadas en evidencia” para abordar problemas que puedan estar asociados con el consumo de drogas, y distingue entre el cultivo para el mercado ilícito y el tráfico de drogas.

Además, hace un llamado para la expansión de programas de sustitución de cultivos, y reconoce que muchas comunidades rurales depende del cultivo de coca y amapola para su sustento. Sin embargo, estipula que “se condicionarán… medidas de apoyo… a los acuerdos de sustitución y no siembra”, lo que implica que los cultivadores deberán ceder sus ganancias del cultivo antes de ver los beneficios de los cultivos alternativos. La experiencia en América Latina ha demostrado que condicionar la asistencia a la erradicación total perjudica la oportunidad de desarrollar alternativas duraderas, pues los agricultores carecen de un puente exitoso entre el momento en que terminan los cultivos para el mercado ilícito y los medios de alternativos se convierten en sostenibles. No es de sorprender en estas circunstancias que muchos agricultores regresen al cultivo de coca y amapola. Un modelo más efectivo sería ofrecer un periodo de eliminación gradual y/o subsidios a los agricultores hasta que los cultivos alternativos estén en su lugar.

Aunque se deberá revisar una adecuada secuencia en la reducción de cultivos para el mercado ilícito, las partes cuentan con la participación de la gente local. Optando por lo que un analista colombiano describió como “construir el estado desde abajo”, el programa de desarrollo dependería mucho y comprometería activamente a las comunidades locales para asegurar su participación —y con ello la sostenibilidad del programa.

El punto más importante llegó con la concesión del gobierno de quitar prioridad —aunque no retirar completamente— a la fumigación aérea destructiva e ineficaz de herbicidas a los cultivos de coca, y la elección primero de desarrollo alternativo y erradicación manual antes de rociar los cultivos. En más de una década de uso en Colombia, la fumigación aérea solamente ha servido para dispersar los cultivos de coca, destruir los medios de vida de agricultores pobres y engendrar desconfianza local hacia las autoridades de gobierno, pues el único contacto que muchas comunidades han tenido con el estado ha sido la ocasional visita de un avión realizando fumigación aérea.

El acuerdo también trata sobre consumo de drogas, un asunto que generalmente se piensa que está fuera del alcance de las conversaciones de paz. Aunque los detalles sobre esto son escasos, vincular este problema a las conversaciones de paz ayudará a continuar con los debates regionales sobre reforma de políticas de droga. Reconocer que la política de drogas se debe basar en el respeto por los derechos humanos y la salud pública es una contribución valiosa.

Pero un acuerdo total, si se llegara a formar, no será una panacea. Sacar a las FARC del cultivo y el negocio del tráfico no resolverá independientemente el problema de drogas o la violencia asociada. En tanto haya demanda a nivel mundial —y particularmente demanda estadounidense— de drogas, las organizaciones criminales encontrarán una manera de suministrarlas. Además, un acuerdo probablemente deje un vacío de poder [en] en regiones rurales del país cuando las FARC se desmovilicen y cedan esos territorios. Hay una buena posibilidad de que grupos sucesores paramilitares de derecha y bandas criminales traten de llegar ese vacío. Establecer una positiva presencia del estado y ofrecer servicios básicos será un gran desafío, sobre todo en regiones donde las fuerzas armadas han sido la principal cara del estado.

Debido a estos continuos desafíos, Estados Unidos tiene un rol importante en la fase de implementación, en apoyar a Colombia financieramente y en conceder al gobierno de Colombia espacio político para implementar los acuerdos —aunque contradigan las prioridades de políticas estadounidenses. Un comunicado [en] del Departamento de Estado sobre el acuerdo de política de drogas, que destaca la continuación de la erradicación forzada, plantea preguntas sobre si Estados Unidos ayudará o dificultará el avance del proceso de paz.

Casi dos de cada tres dólares de ayuda destinados a Colombia van a las fuerzas públicas de seguridad. ¿Estará dispuesto el gobierno de Estados Unidos a cambiar la asistencia para construir la paz en vez de continuar con la guerra?

Lograr reducciones durables en cultivos de amapola y coca para producción de drogas ilícitas requerirá la implementación de medios de vida alternativos [en] y conectar áreas rurales largamente olvidadas con la infraestructura nacional. Luego de décadas de luchar una bastante ineficaz “guerra contra las drogas” en Colombia, ¿permitirá Estados Unidos que su antiguo aliado rompa con el modelo basado en prohibiciones y explore alternativas al actual enfoque militarizado? Algunos de los acuerdos más revolucionarios en el acuerdo, todos salvo poner fin a la fumigación aérea, desafiarían el enfoque estadounidense existente.

Estas preguntas, y las muchas más que surgirán a medida que las conversaciones avancen, probablemente consternarán a los de línea dura en el gobierno de Estados Unidos que no están listos para cambiar las tácticas en el control de drogas. Pero con poco progreso que mostrar tras décadas de violencia y miles de millones de dólares gastados, los negociadores colombianos y de las FARC han dado un paso importante para terminar con décadas de violencia. Estados Unidos debería estar listo para apoyar a Colombia, financiera y políticamente, en los meses y años por venir —y debería saber cuándo sailr de escena.