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Mientras el ejército de Trinidad y Tobago daba caza a un asesino, algunos se preguntaban quién “vigila a los vigilantes”

Members of the Trinidad and Tobago Defence Force conduct an exercise on Chacachacare Island in conjunction with U.S. forces. (DoD photo by Army Capt. Daisy C. Bueno, courtesy the USASOC News Service's flickr page, used under a CC BY 2.0 license.)

Miembros de las fuerzas armadas trinitenses llevan a cabo maniobras militares en la isla Chacachacare junto a las fuerzas armadas estadounidenses. Foto del Departamento de Defensa realizada por la capitana de la Armada Daisy C. Bueno, cortesía de la página de Flickr de USASOC News Service. Utilizada con permiso CC BY 2.0.

Hace unos tres años, la primera ministra de Trinidad y Tobado Kamla Persad-Bissessar declaró un estado de emergencia “limitado”, aparentemente en un esfuerzo por combatir un aumento del índice de criminalidad. Por aquel entonces, surgió un intenso debate sobre si esta medida extrema, que atentaba contra los derechos civiles, sobre todo de chicos jóvenes, pobres y negros procedentes de ambientes desfavorecidos, era una manera eficaz (o, incluso, legal) de enfrentarse a la oleada de violencia.

Se declaró el fin del estado de emergencia en diciembre de 2011, pero las primeras semanas de julio de 2014 fueron como un déjà vu. Tras el asesinato de un soldado en Laventille, una zona que muchos consideran un foco de conflictos entre bandas, las fuerzas armadas del país, que habían denunciado el acoso que sufrían en estos lugares, comenzaron la persecución del sospechoso del asesinato. Según parece, han estado tratando el caso sin órdenes judiciales ni ayuda del cuerpo de policía.

El comisario en funciones de la policía ha dejado clara su posición: que los soldados lleven a cabo las labores de la policía es ilegal y se arrestará a cualquier militar que infrinja la ley o que agreda a los ciudadanos. Pero, en un país en el que la confianza ciudadana en la labor de la policía está menguando, muchos se plantean si la promesa de la primera ministra de “desatar los perros de la guerra” contra los delincuentes (sobre todo, patrullando sin miramientos) está ayudando a crear un clima de peligro en el que puede prosperar una dictadura militar y estados policiales.

El índice de criminalidad en Trinidad y Tobado ha aumentado a lo largo de la última década debido al aumento de las bandas armadas provocado por el tráfico ilícito de drogas. Actualmente, entre los alegatos de que el gobierno ha estado sancionando estos elementos de delito incorporándolos a la nómina del Estado, los ciudadanos se muestran más escépticos que nunca frente al crimen y cómo se está tratando

Wired868, uno de los pocos blogs locales que mantienen su mirada puesta en los asuntos políticos, predijo, antes incluso de que salieran a la luz las redadas militares, que “aquí hay un único problema y se debe a la distribución de los recursos”:

In October 2013, National Security Minister Gary Griffth told the Trinidad Guardian that he had discovered ‘persons involved in criminal activity who had state contracts’ particularly in the Life Sport programme [an initiative of the country's Ministry of Sport, which was intended to give young people in disadvantaged communities access to sporting activities as an option to getting involved in crime]. If this is true, then there is a real possibility that the State is funding both sides of the ‘War’ it declared and this puts our Police Service in a very precarious situation […]

We must review the extent to which our development agenda fosters criminality, thus, making criminals not an anomaly but an inevitability […] accepting extra judicial killings in lieu of justice is not and cannot be the answer.

En octubre de 2013, el ministro de Seguridad Nacional Gary Griffith desveló al Trinidad Guardian que había descubierto a “personas involucradas en actividades delictivas que tenían contratos con el estado”, sobre todo, en el programa Life Sport [una iniciativa del Ministerio de Deportes del país, que estaba orientada a ofrecer a los jóvenes de zonas desfavorecidas acceso a actividades deportivas como alternativa a involucrarse en actividades delictivas]. Si esto es cierto, existe una posibilidad real de que el Estado esté financiando ambas partes de la “guerra” que declaró y esto sitúa al servicio de policía en una situación precaria […]

Debemos valorar hasta qué punto nuestros planes de desarrollo fomentan la delincuencia y, por lo tanto, hacen que los criminales no sean una anomalía, sino algo inevitable […] aceptar ejecuciones extrajudiciales en lugar de justicia no es ni debería ser la respuesta.

En el artículo se mencionaban estadísticas de la página web del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago para explicar por qué enfrentarse a la criminalidad al margen de la ley es contraproducente. La media de ejecuciones extrajudiciales en el país caribeño es de 25 al año en los últimos 15 años, pero ya se ha sobrepasado esa cifra en 2014:

If in fact these extra judicial killings were removing those responsible for the scourge of crime shouldn’t a reduction in murders be a logical expectation? […] Those who represent the law cannot feign ignorance to its diktats. One cannot expect to ignore the law to engage those who ignore the law.

We have buckled to acceptance not because we condone killing but precisely the opposite—because we do not. This is the contradiction. That is the double standard…That is why it will not work.

Si realmente las ejecuciones extrajudiciales acabaran con los responsables de la lacra de la delincuencia, ¿no sería de esperar una disminución de los asesinatos? […] Aquellos que representan la ley no pueden fingir ignorar este decreto. No puede esperarse ignorar la ley para comprometer a aquellos que la ignoran.

Hemos cedido a la aceptación no porque consintamos las ejecuciones sino justo por lo contrario, porque no lo hacemos. Ahí está la contradicción. El doble estándar… Y por eso no va a funcionar.

Una publicación escrita por Mr. Live Wire, uno de los blogueros más prolíficos de Wired868, abordó el comportamiento de los miembros de las fuerzas armadas del país, señalando que la persecución del asesino de Lance Corporal Kayode Thomas se había vuelto aparentemente regional:

In Trinidad and Tobago, farce is wearing camouflage these days as soldiers have apparently taken control of Laventille in the search for the killer of Lance Corporal Kayode Thomas while also kicking in doors and kicking down residents as far as Toco without warrants or any legal authority.

On Wednesday, the Trinidad Guardian alleged that ‘men in camouflage worn by T&T military’ snatched Duane Skeete—whose brother is wanted for ‘questioning in relation to Thomas’ murder—in Grenada on Wednesday with the assistance of Grenadian soldiers. Relatives have not heard from Skeete since.

Surely a coordinated arrest on foreign soil could not have occurred without the blessing of Chief of Defence Staff, Major Kenrick Maharaj. Did National Security Minister Gary Griffith or Prime Minister Kamla Persad-Bissessar, the head of the National Security Council, approve this?

Was Skeete removed from Grenada in a military helicopter? Does Teteron [headquarters of the Trinidad and Tobago Regiment] have its own Guantanamo wing?

In short, Trinidad and Tobago appears to be under martial law.

En Trinidad y Tobago, la farsa se ha vestido de camuflaje estos días en los parece que los soldados se han hecho con el control de Laventille en la persecución del asesino del Cabo raso Kayode Thomas tirando puertas a bajo y agrediendo a los residentes en el proceso, llegando hasta Toco sin órdenes judiciales ni autoridad legal.

El miércoles, el Trinidad Guardian declaró que ese miércoles en Granada “hombres vestidos de camuflaje como los militares trinitenses” secuestraron a Duane Skeete, hermano de un hombre al que se busca para “interrogarlo en relación con el asesinato de Thomas”, con la ayuda de soldados granadinos. Desde entonces, los familiares de Skeet no han sabido nada de él.

Claramente, un arresto coordinado en suelo extranjero no podría haber tenido lugar sin el beneplácito del Jefe de Estado Mayor de Defensa, Kenrick Maharaj. ¿Aprobaron esto el ministro de Seguridad Nacional Gary Griffith o la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad?

¿Se llevaron a Skeete de Granada en un helicóptero militar? ¿Teteron [sede central del regimiento de Trinidad y Tobago] tiene su propio Guantánamo?

Resumiendo, parece que Trinidad y Tobago se encuentra bajo la ley marcial.

Hasta ahora el gobierno no ha emitido ninguna declaración definitiva sobre lo que está sucediendo, pero con el precedente impuesto por el estado de emergencia de 2011 y el aparente desacato del procedimiento adecuado por parte de las fuerzas de seguridad nacionales, muchos se preguntan, en palabras de un calipso de King Austin, “¿quién va a vigilar a los vigilantes?”.

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