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Usan en España “fuerza excesiva” para expulsar a inmigrantes subsaharianos

En 2013, el Ministerio del Interior volvió a colocar cuchillas en los alambres de la parte alta de la verja a lo largo de un tercio del recorrido de la valla de Melilla. Fuente Wikipedia.

En 2013, el Ministerio del Interior volvió a colocar cuchillas en los alambres de la parte alta de la verja a lo largo de un tercio del recorrido de la valla de Melilla. Fuente Wikipedia usada bajo Licencia CC.

Human Right Watch y otras ONGs han denunciado la “fuerza excesiva” de la Guardia Civil hacia los inmigrantes y las expulsiones “en caliente” -expulsiones sumarias sin el debido procedimiento legal- llevadas a cabo por las fuerzas españolas y marroquíes porque vulneran la Constitución, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional.

Estos meses de verano en los medios españoles se publicaban las imágenes de cientos de inmigrantes subsaharianos intentando escalar las vallas de seis metros que separan Ceuta y Melilla de Marruecos para alcanzar territorio europeo. Este año, 2.500 alcanzaron las costas españolas o fueron rescatados por los servicios de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El Ministerio del Interior ha reforzado recientemente la presencia policial en lCeuta y Melilla, y en menor medida en Algeciras.

Lo que no hemos visto muchos de los españoles en los medios son los vídeos y acusaciones de Human Rights Watch (HRW) y otras ONGs nacionales, que denuncian la “fuerza excesiva” de la Guardia Civil hacia los inmigrantes que se vieron atrapados en la cerca, y que al mismo tiempo estaban siendo expulsados ​​ilegalmente de nuevo a Marruecos “en caliente”. HRW difunde un vídeo donde se muestra el trato violento hacia los migrantes en la sección central de la valla, ya en el interior del territorio español, el 18 de agosto.

Otro video difundido por la ONG Pro.De.In en Vimeo el 13 de agosto muestra cómo al menos seis inmigrantes son golpeados con palos o postes durante su traslado a la parte marroquí en la misma semana. Según ésta ONG, los ataques se produjeron en la zona española y fueron perpetrados por las fuerzas marroquíes y agentes de la Guardia Civil española auxiliares. El día 31 de agosto Pro.De.In difundió de nuevo un polémico vídeo donde se muestra cómo 200 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla y “sólo 15 logran quedarse en la ciudad tras las operaciones ilegales conjuntas de las tropas hispano-marroquíes”. 

El diputado Jon Iñarritu declara en este vídeo haber sido testigo de “una situación paradójica, donde 70 personas encaramadas a la valla piden que se les lleve al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.” Declara también que tuvo contacto directo con algunos inmigrantes y ellos denunciaron agresiones de los agentes a otros compañeros que intentaban saltar la valla. Cuando el Diputado preguntó a los miembros de la Guardia Civil acerca del protocolo de dichos agentes, señalaron que “se les estaba expulsando a Marruecos”. Iñarritu  denuncia que estos retornos ilegales privan a los inmigrantes del derecho a solicitar asilo o protección, en el caso de menores de edad.

Las expulsiones en caliente llevan vigentes 12 años en España y no se han reconocido oficialmente. 

HRW dice que “España debe investigar la evidencia de que agentes de la Guardia Civil golpearon inmigrantes en la valla fronteriza”. Esta práctica podría incurrir en un delito de “prevaricación” y “coacción”, según lo establecido en un informe realizado por catedráticos y profesores de Derecho Penal, Internacional, Constitucional, Administrativo y Ética que conforman el proyecto I+D+i IUSMIGRANTE. 

Mientras el gobierno recurría al Acuerdo España-Marruecos firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 para justificar las expulsiones de inmigrantes, los juristas aseguran que este “no es un título jurídico suficiente para amparar” estas prácticas “en detrimento de la aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería”.

¿Cuál es el el procedimiento legal de la ley de extranjería?

A excepción de determinadas categorías de personas, como los solicitantes de asilo, es prerrogativa de los Estados decidir quién puede entrar en un país y quién no. Una vez que una persona está en el territorio español, sin embargo, él o ella tiene derecho a disfrutar de un conjunto de derechos fundamentales reconocidos a todos los seres humanos, independientemente de su situación migratoria. El acceso a los derechos básicos, como la educación o la asistencia sanitaria para los migrantes en situación irregular difiere significativamente entre los Estados miembros de la UE, tanto en la legislación como en la práctica. 

Bajo la ley de extranjería o migración de España, la Guardia Civil tiene que escoltar a cualquier migrante detenido que haya entrado en territorio español a una estación de la Policía Nacional para su identificación y para iniciar los procedimientos de deportación pertinentes. Los migrantes tienen derecho a recibir la asistencia de un intérprete y de un abogado durante todo el proceso para que tengan la oportunidad de hacer una solicitud de protección internacional. En todos los casos, España tiene que abstenerse de las prácticas denominadas “push-backs” o de devolución de inmigrantes a Marruecos sin el debido proceso; podría poner la vida de los inmigrantes en situación de riesgo ya que las fuerzas de seguridad marroquíes siguen utilizando la violencia contra ellos y supone una actuación del gobierno español fuera de la legalidad.

Este mes hemos escuchado una nueva propuesta sobre la mesa: la creación de un Comisionado para las Migraciones. Este Comisionado sería una nuevo cargo dentro de la Comisión Europea y debería ser alguien con un fondo humanitario internacional que asegure que las instituciones de la UE y los Estados miembros respetan, protegen y cumplen los derechos humanos de todas las personas migrantes para no se produzcan más rechazos ni devoluciones sin identificación. 

 

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