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Crímenes de Estado de Tlatelolco y Ayotzinapa, ¿se repite la historia?

Foto en Flickr del usuario Aaticolunatico (CC BY-NC-SA 2.0).

Foto en Flickr del usuario Aaticolunatico (CC BY-NC-SA 2.0).

El pasado 2 de octubre se conmemoró como cada año en México la matanza de estudiantes ocurrida en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Al unísono de #2DeOctubreNoSeOlvida, desde entonces las voces no han dejado de clamar con indignación ante un fatídico suceso del pasado que hoy se nos muestra escalofriantemente presente. Y es que, ¿cómo se nos va a olvidar el 2 de octubre si apenas hace unos días desaparecieron 58 jóvenes estudiantes?

Apenas el pasado viernes 26 de septiembre ocurrió la agresión perpetrada por policías municipales de Iguala contra estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El resultado fueron seis muertos, 17 heridos y al menos 25 desaparecidos. Paradójicamente, según algunas fuentes, el ataque contra los jóvenes ocurrió mientras realizaban una colecta de recursos para la marcha del 46° aniversario de la masacre de Tlatelolco. Se trataba de estudiantes desarmados que ejercían su derecho a libre expresión y reunión

Desde ese día, organizaciones civiles de todos el país no han cesado en la condena de las ejecuciones extrajudiciales y han activado una alerta para buscar a los más de 50 estudiantes que hasta ahora continúan desaparecidos.

Es fundamental reconocer que Ayotzinapa no es un caso aislado. El estado de Guerrero no es el único atravesado por rutas estratégicas se disputan grupos de la delincuencia organizada, el gobierno de Iguala no es el único afectado por la corrupción ni los estudiantes de la Escuela Normal Rural son los primeros en ser blanco de uso excesivo de la fuerza pública, asesinato, desaparición forzada y tortura, como represalias por el uso legítimo de su derecho a la libre expresión. Ayotzinapa nos recuerda, por mencionar solo algunos, los casos de Aguas Blancas, Acteal y Tlataya en los que convergen criminalización de la protesta social y abuso de la fuerza de un estado infiltrado por el crímen organizado.

La escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos fue fundada el 2 de marzo de 1926 para que los hijos de los campesinos tuvieran acceso a la educación. Por sus aulas pasaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, líderes guerrilleros que se opusieron al despojo de tierras en la década de los 60 y 70, y su alumnado se ha caracterizado por demandar mejor educación y ampliación de la matrícula para hijos de campesinos.

Tanto el gobernador del estado como el presidente de México han hecho pronunciamientos sobre el caso. Además, el gobierno federal ha decidido enviar fuerzas policiales para que se hagan cargo de la seguridad de Iguala luego de que se encontraron seis fosas clandestinas en la colonia Pueblo Viejo en las cercanías de dicha ciudad; y un cuerpo torturado de un joven identificado como normalista en la zona industrial del mismo poblado. Aun se desconoce la identidad de los cadáveres encontrados en las fosas.

Organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Comité Cerezo, han señalado que los ataques, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas son muestra de represión dirigida contra el movimiento social organizado.

Al respecto se han pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.   

La conmemoración histórica de un hecho que marcó una herida profunda en la sociedad mexicana, vuelve a la memoria con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotizinapa. Estos hechos exponen a los mexicanos como sociedad a no repetir las tragedias del pasado. Por ello, familiares de los normalistas desaparecidos y organizaciones civiles lanzaron un llamado nacional para manifastarse el miércoles 8 de octubre a las 4 de la tarde y piden al público internacional solidaridad y alerta.

Los normalistas se suman a los estudiantes desaparecidos en el resto del país, las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, las personas migrantes desaparecidos en su tránsito por México y las más de 26 mil personas desaparecidas o no localizadas entre 2006 y 2012 durante la guerra contra las drogas.

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