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La nueva ley de parques nacionales en España podría abrir la puerta a su explotación comercial

Circo glaciar de Soaso. Foto de Patrick Rouzet en Wikimedia Commons con licencia de documentación libre de GNU.

Circo glaciar de Soaso, en el pirenaico parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. Foto de Patrick Rouzet publicada en Wikimedia Commons con licencia de documentación libre de GNU.

El Partido Popular (PP) ha introducido una enmienda al nuevo proyecto de ley para la protección de los parques nacionales que podría abrir la puerta a la caza y la explotación de recursos en los parques nacionales españoles. El proyecto de ley ya había comenzado su tramitación en el Senado, tras ser aprobada por el Congreso. El PP cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras, 

Esta maniobra ha merecido este comentario por parte de Greenpeace:

Tras presentar un mal proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha aprovechado ahora el paso por el Senado para colar una serie de enmiendas que empeoran todavía más el texto legal.

Las organizaciones ecologistas Amigos de la TierraEcologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se han unido para lanzar la campaña #DefiendoMisParques en las redes sociales, que ha tenido una considerable repercusión entre los internautas, convirtiéndose en trending topic en pocas horas. La petición contra la enmienda en change.org ya sobrepasaba las 4000 firmas en el momento de escribir este artículo.

La ley actualmente en vigor, de 2007, garantiza que los parques nacionales disfruten de una situación de máxima protección. En efecto, la actual ley contempla prohibir la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales, aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras, las explotaciones de recursos mineros y agrarios, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura. Al entrar en vigor en 2007, la ley concedió una moratoria de 10 años –hasta 2017– para que se adecuaran estos espacios a la legislación, cesando las actividades prohibidas. La enmienda 278 presentada por el PP podría alargar este plazo indefinidamente, dejando además la decisión en manos de los particulares con propiedades o intereses en alguna de estas zonas.

El diario en línea elEconomista.es recoge la valoración de la enmienda que hace Theo Oberhuber, coordinador estatal de Ecologistas en Acción:

(…) las prohibiciones se quedan sin aplicación hasta que haya acuerdos voluntarios o la administración indemnice por esos derechos. Como al dueño no le va a interesar un acuerdo voluntario y la administración puede decir que no tiene dinero para indemnizar, todas las actividades prohibidas, que son el corazón de los parques nacionales, estarán permitidas «sine die».

Lince ibérico. Foto de la web Natura Hoy, con licencia CC BY 3.0.

Lince ibérico, el felino más amenazado del mundo, víctima en ocasiones de accidentes de caza. Foto de la web Natura Hoy, con licencia CC BY 3.0.

Las organizaciones ecologistas han criticado duramente lo que califican como un intento de «hurtar a toda la sociedad su patrimonio natural en beneficio de unos pocos»:

La enmienda 278 plantea, sencillamente, la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida. (…)

Por otra parte, la enmienda ampara cualquier derecho real que pueda existir a futuro sin ningún tipo de limitación. Si mañana aparece petróleo en Doñana, se podrá explotar; y si pasado mañana un Ayuntamiento recalifica medio Picos de Europa, se podrá urbanizar. (…). Ya no hay ningún lugar en el territorio nacional en donde conservar el patrimonio natural sea el máximo fin. 

Antonio Sanz, diputado autonómico por el PP, ya dio hace unos días alguna pista de las intenciones del gobierno en la web de su partido

[El gobierno] ha impulsado una política medioambiental con un objetivo muy claro, avanzar hacia una alianza efectiva entre la protección del medio ambiente y el crecimiento como parte también fundamental de la recuperación económica y como vía para lograr un modelo de desarrollo sostenido y sostenible

Por su parte, la secretaria de Agricultura del PP, Luisa Soriano, ha defendido la maniobra de su partido declarando que «las enmiendas del PP no introducen novedades en cuanto a actividades que se estén realizando en la actualidad, sino que deja sin efecto la pérdida de derechos que, sin ofrecer mecanismos correctores efectivos en favor de los particulares y municipios, fijaba el PSOE a partir del año 2017».

Sin embargo, las organizaciones ecologistas tienen una opinión muy distinta, como dejan claro las palabras de Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción en elEconomista.es:

El PP tiene un problema en Cabañeros porque los dueños de varias fincas de este parque son personas amigas, como los empresarios Alberto Alcocer o Alejandro Aznar (…). Entonces, hay una intención política de permitir la caza en estos espacios y para no hacer en la ley algo a la medida de Cabañeros, la han destrozado y permiten todos los usos en todos los parques.

Parque nacional de Timanfaya. Foto de Tiemen-S en DevianART, con licencia (CC BY-NC-ND 3.0

Paisaje volcánico del parque nacional de Timanfaya, en la isla canaria de Lanzarote. Foto de Tiemen-S en DevianART, con licencia (CC BY-NC-ND 3.0

Esta era también la opinión más generalizada entre los numerosos internautas que participaron en la campaña #DefiendoMisParques. Los tuiteros han acusado abiertamente al gobierno de expoliar el país sin importarle el interés común y no han ahorrado calificativos:

Y como muchos otros internautas, así de indignado se mostraba el usuario MacBride en el agregador de noticias Menéame:

Están sacando España a la venta. Van de patriotas pero venden nuestro territorio, riquezas, cultura y recursos al mejor postor, que normalmente coincide con un amiguete o familiar suyo. Tenemos que recuperar nuestro país de estos usurpadores y mangantes.

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