La decisión tomada por el Gobierno timorense de expulsar del país a todos los funcionarios judiciales internacionales [1], incluyendo a cinco jueces y un oficial de la Policía de Seguridad Pública (PSP) portuguesa ha creado inconformidad entre Portugal y Timor-Leste.
La resolucion afecta a cerca de 50 funcionarios, siendo la mayoría portugueses que ejercen funciones en la magistratura judicial de Timor-Leste. Esta decisión, tomada por el Estado timorense, va de la mano con una «profunda preocupación e inconformidad [2]«. El Gobierno portugués deplora, por ser claramente desproporcionadas, las súbitas revocaciones de visas y autorizaciones de estadía (…)”, puede leerse en el comunicado enviado por el Ministerio de Negocios Extranjeros (MNE).
Entretanto, un comunicado publicado en Facebook por el Secretario General [3] del Frente Revolucionario de Timor-Leste Independiente (FRETILIN) [4], principal partido de oposición,»exhorta al Gobierno y al Primer Ministro a no rebasar los límites de su competencia de apoyo al sector de Justicia, y que debe evitar tomar decisiones que contribuyan simplemente a inhibir a los profesionales de la justicia y crear conflictos institucionales».