Playa de Corralejo, en Fuerteventura, con la silueta de Lanzarote al fondo, cerca de la zona de prospecciones. Foto de la autora.
La activista italiana de Greenpeace Matilde Brunetti sufrió heridas graves al cortarse con una hélice tras la embestida de varias lanchas de la armada española a la zodiac en la que junto con otros compañeros intentaba impedir el inicio de las prospecciones petrolíferas a unos 60 km de las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, en zonas de alto valor ecológico. En el mismo incidente resultaron también heridos leves los activistas Paco del Toro y Francesco Diplomatico.
El gobierno español ha autorizado a la petrolera española Repsol [1] a realizar exploraciones petrolíferas en tres zonas cercanas a las islas Canarias, denominadas Sandía, Chirimoya y Zanahoria. Las actividades de la petrolera se han encontrado con la oposición de organizaciones ecologistas, ciudadanos y del propio gobierno autonómico de Canarias, que ve en estas prospecciones una grave amenaza para el turismo [2], principal fuente de ingresos de las islas, por lo que ha llevado a cabo una encarnizada batalla judicial [3] para intentar detener las prospecciones. También hay que tener en cuenta que un amplio porcentaje del agua que se consume en las islas es agua marina desalada, por lo que las consecuencias de un hipotético vertido de crudo en estas aguas tendría gravísimas consecuencias.
Aunque en su página web [4], Repsol afirma que «Nuestros estándares de protección del medio ambiente [5] están al nivel más alto de la industria: al nivel noruego, porque es en ese país donde la exigencia es máxima», las organizaciones ecologistas no lo tienen tan claro [6]:
Las prospecciones petrolíferas afectan a la fauna marina, como cetáceos y tortugas y a los recursos pesqueros. Pero también es un riesgo grave por la posibilidad de vertidos (…).
Otro de las grandes claves de este caso es el Estudio de Impacto Ambiental, que ha estado lleno de irregularidades (…).
Las deficiencias de los estudios medioambientales sobre este caso han sido denunciadas [7] ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que ha iniciado «una exhaustiva investigación sobre las autorizaciones otorgadas a Repsol por el Gobierno de España».
[8]Zonas de las prospecciones. Imagen de Wikimedia Commons con licencia CC BY-SA 3.0, modificada por la autora.
Con este telón de fondo, Repsol trasladó su barco Rowam Renaissance hasta aguas del archipiélago, donde tiene previsto iniciar las labores de exploración en los próximos días. El sábado 15 de noviembre, activistas de Greenpeace intentaron abordarlo con la intención de desplegar varias pancartas de protesta, pero fueron sorprendidos por el violento ataque de la armada española, que envió dos lanchas para impedir dicho abordaje. En el vídeo grabado por los activistas, que se ha hecho viral, se ve cómo las lanchas del ejército embisten en varias ocasiones a las de Greenpeace, provocando que una de las activistas caiga al agua, donde se hizo un profundo corte en una pierna con una hélice.
En el vídeo también se ve cómo uno de los marineros se lanza al agua para rescatar a la activista, que fue evacuada a un hospital en un helicóptero del ejército del aire. El ministerio de defensa aprovechó esta acción para publicar el siguiente comentario en su cuenta de Twitter:
La @Armada_esp [9] y el @EjercitoAire [10] rescatan a una activista de @greenpeace [11] herida al caer al agua cerca de #Canarias [12] pic.twitter.com/t0cixq27ze [13]
— Ministerio Defensa (@Defensagob) November 15, 2014 [14]
El tuit provocó la indignación de los internautas, y mientras #CanariasDiceNo, «Armada» y «Greenpeace» se convertían en trending topic en España, fueron varias decenas los que contestaron, tachando a los militares de desvergonzados, traidores, mentirosos, cínicos, manipuladores, hipócritas y demagogos, entre otras lindezas.
@Defensagob [15] @Armada_esp [9] @EjercitoAire [10] @Greenpeace [11] Que manera más sutil de contar que casi la matais haciendo de matones para una empresa.
— iugatore (@iugatore) November 17, 2014 [16]
@Defensagob [15] @Armada_esp [9] @EjercitoAire [10] @Greenpeace [11] Es mejor parecer tonto que hablar y confirmarlo. Punto para el CM de @Defensagob [15]
— Kikiño (@_kikelt) November 16, 2014 [17]
.@Defensagob [15] @SenoritaPuri [18] @Armada_esp [9] @EjercitoAire [10] @Greenpeace [11] Vaya cojones los vuestros. Vaya cojones…
— El Obtu (@elobturador) November 17, 2014 [19]
La brasileña Ana Maciel, que patroneaba una de las lanchas de la organización, y que en 2013 pasó dos meses en una cárcel de Siberia apresada por el ejército ruso en otra acción de Greenpeace, comentó al llegar a puerto [20]:
Ni en Rusia fueron tan violentos; nos amenazaban con cuchillos y armas pero nunca nos embistieron así. Podríamos haber salido heridas seis o siete personas
En el Congreso, la socialista canaria Patricia Hernández recriminó al gobierno [21] por la acción de la armada:
El ejército no está para defender los intereses particulares de una multinacional del petróleo, mucho menos poniendo en riesgo la integridad de civiles desarmados.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, justificó el incidente [22] con estas palabras:
La armada estaba ahí cumpliendo órdenes en su condición legal de agente de la autoridad. (…)
En cuanto al incidente de la caída a la mar de la activista italiana, (…) fue rescatada, atendida y evacuada por la armada española, lo que agradeció expresamente el patrón de la embarcación de Greenpeace.
Sin embargo, Joel Stewart, capitán del Artic Sunrise, el barco de Greenpeace, criticó la violencia del ataque [23]:
En 25 años con Greenpeace, nunca había tenido una acción con una persona herida grave (…). Ha sido una reacción agresiva, muy violenta. (…) ahora la protesta sigue en las calles, y si el Gobierno no escucha habrá que echar a este Gobierno.
Siguiendo con su agresiva campaña en contra de las acciones de Greenpeace, el gobierno español ha abierto un procedimiento sancionador contra la organización [24] y ha retenido su barco en el puerto de Arrecife (Lanzarote), exigiendo la suma de 50 000 € como aval para liberarlo. La Dirección General de la Marina Mercante acusa a Greenpeace de «infracción contra la ordenación del tráfico marítimo», considerada falta muy grave, y que se sanciona con multas de hasta 300 000 €.