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Denuncian detenciones arbitrarias durante protestas por caso Ayotzinapa en México

#20NovMX - Xalapa por Ayotzinapa. Imagen tomada de la cuenta Montecruz Foto en Flickr bajo licencia Common Creatives.

#20NovMX – Xalapa por Ayotzinapa. Imagen tomada de la cuenta Montecruz Foto en Flickr bajo licencia Common Creatives.

Desde la desaparición de los 43 estudiantes en #Ayotzinapa en septiembre pasado, las movilizaciones sociales en México y las muestras de solidaridad en el extranjero han ido en aumento. Ante descontento social, manifestaciones y bloqueos de las principales carreteras, las autoridades federales optaron por cancelar el desfile anual conmemorativo del día de la revolución mexicana.

En su lugar, la sociedad civil convocó el 20 de noviembre a marchas y paros en todo el país. A ésta, que fue la tercera jornada de #AcciónGlobalPorAyotzinapa se sumaron más de 115 ciudades del mundo. En la Ciudad de México, se recibieron tres carvanas de padres y madres que durante días recorrieron el norte, centro y sur de la República mexicana informado a la población sobre la desaparición de los 43 estudiantes que, no olvidemos, se suman a las más de 25 mil personas desaparecidas, 160 mil asesinadas y más de un millón desplazadas en el país en los últimos años.

Días antes de la movilización y en medio de un escándalo relacionado con los bienes de la primera dama mexicana, Angélica Rivera (#LaCasaBlancaEPN), Enrique Peña Nieto, presidente de México, se refirió a la protesta social como un intento de generar desestabilización social y de atentar contra el proyecto de Nación impulsado por su gobierno y aludió a la facultad del Estado en relación con el uso legítimo de la fuerza para garantizar el orden público.

El jueves por la mañana, ciudadanos de la capital mexicana, identificaron a hombres vestidos de civil en transportes oficiales del ejército en el zócalo y sus avenidas aledañas. Las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales, junto con la información de que, a diferencia de las movilizaciones previas, en ésta ocasión sí habría presencia de granaderos (policías antidisturbios) en las calles.

Más tarde, frente al palacio de gobierno y en presencia de más de 100 mil asistentes, fue quemada una figura del presidente de México de aproximadamente tres metros de altura. Poco después, medios de comunicación y ciudadanía documentaron agresiones en contra periodistas, estudiantes y familias. Los hechos fueron condenados por la Red Nacional de Organizaciones Civiles por los derechos humanos.

 

 

La noche del 20 de noviembre, 15 jóvenes entre ellos tres mujeres y un músico y doctorante chileno, fueron golpeados, detenidos arbitrariamente y transportados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Luego de diversas irregularidades en el proceso penal, como la incomunicación, cambio de nombres y falsedad en las declaraciones,  les imputaron los delitos de “motín”, “delincuencia organizada”, “terrorismo” y “tentativa de homicidio”, considerados entre los más graves contemplados en las leyes mexicanas.

 

 

La arbitrariedad de las detenciones, el incumplimiento del debido proceso y la desproporción en las acusaciones, que son similares e incluso mayores a las que se le imputan al ex alcalde del municipio de Iguala, José Luis Abarca, presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas, han generado una ola de indignación y preocupación entre la sociedad mexicana. Organizaciones civiles han lanzado diversas alertas a los gobiernos, opinión pública y organismos internacionales sobre el riesgo que involucra la criminalización y represión de la protesta civil en México.

 

La sociedad civil, también ha convocado a diferentes acciones de apoyo para quienes podrían sumarse a la lista de presos políticos del país. Entre ellas, la generación de fichas informativas para dar a conocer sus historias y condiciones.

 

La experiencia nos dicta que cada marcha hay una cuota de detenidos/as y procesados/as con los que se cumple, pero como sociedad, como masa, no podemos sólo protestar, e ir a marchar sin pensar en aquellos y aquellas a  quienes les toca la peor suerte. Son también nuestra responsabilidad.

Tras los abusos cometidos por la policía capitalina contra los manifestantes que se encontraban en el Zócalo, Enrique Peña Nieto felicitó la actuación de los cuerpos de seguridad. Once de los jóvenes ya fueron consignados a penales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz.

 

 

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