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Venezuela: Proyecto de ley penalizaría la protesta en línea y eliminaría el control judicial a la vigilancia

A police officer watches protesters in Maracaibo, Venezuela 2014. Photo by María Alejandra Mora via Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Un oficial de policía observa a los manifestantes en Maracaibo, Venezuela 2014. Foto por María Alejandra Mora vía Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

El partido socialista de Venezuela propuso la semana pasada una reforma a la Ley sobre el Crimen organizado que tipificaría como delito el “ciberterrorismo”. El diputado Eduardo Gómez Sigala, que se opone a la norma, sostiene que podría ser usada para “intimidar y evitar que los ciudadanos se expresen a través de las redes sociales.”

El proyecto fue presentado el 19 de noviembre pero las deliberaciones sobre la enmienda se han pospuesto.

Gómez Sigala le dijo a los medios que conforme a la nueva política, las personas que usen las redes sociales u otros medios electrónicos para “promover o atacar el orden constitucional” o “alterar la paz pública” podrían enfrentar condenas de entre uno y cinco años de cárcel. 

Las protestas alcanzaron su punto máximo en febrero y continuaron en todo el país, impulsadas por la inflación, los crímenes violentos y la corrupción. La ley llega poco después de numerosos arrestos de ciudadanos que usaron los medios sociales para organizar protestas y criticar las actividades del gobierno.

El Artículo 72 del texto dice:

Attempt against public disorder [sic].
Whoever by use of mass media, electronic, telephone, social networking, advertising [or] audiovisual material originates, disseminates, promotes or exalts individual behaviors or activities of structured groups seeking to undermine constitutional order or seriously disturb public peace or the security and defense of the nation, or [to attempt] one or more terrorist acts, shall be punished with imprisonment of one to five years.

Tentativa contra el desorden público
Artículo 72. Quien mediante el uso de medios masivos de comunicación, electrónicos, telefónicos, redes sociales, publicidad audiovisual o material, origine, difunda, promueva o exalte conductas individuales o actividades de grupos estructurados que pretendan atentar contra el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o la seguridad y defensa de la Nación, o intente uno o varios actos terroristas, será sancionado con pena de prisión de 1 a 5 años.
 

En Twitter al día siguiente, los venezolanos usaron la etiqueta #ciberterrorismo para reunir información y expresar sus opiniones acerca de la reforma. Christopher Di Marco, educador y experto en informática, tuiteó: 

La imagen, que contiene un artículo citado por Di Marco del proyecto de reforma de la ley, destaca el asunto de la “interceptación preventiva.”

Los usuarios también cuestionaron el lenguaje vago de la propuesta, especialmente de términos como “paz pública” que podrían ser objeto de una amplia gama de interpretaciones por las autoridades. El periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz escribió:

Junto con la disposición sobre “interceptación preventiva”, el proyecto también introduce conceptos como “allanamientos preventivos”, “detención preventiva”, y “rastreos preventivos”, todos los cuales les darían a los fiscales el poder para ordenar estos procedimientos sin orden judicial. 

Existe escasa información acerca de cuándo el proyecto será tratado en la Asamblea Nacional. Pero con el apoyo del partido socialista, que tiene 99 de los 151 escaños, su aprobación está garantizada.

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