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Las autoridades abusan de la ley de delitos informáticos de Hong Kong para sofocar las protestas

Demonstrators in Hong Kong, October 2014. Photo by  香港獨立媒體網, used with permission.

Manifestantes en Hong Kong, octubre 2014. Imagen de 香港獨立媒體網, utilizada con permiso.

Este artículo fue escrito en chino por Keyboard Warrior, un grupo cívico que defiende la transparencia en Internet. Se publicó originalmente en la web inmediahk.net el 20 de octubre. Esta versión fue traducida al inglés por Andy Mok, del grupo HKDemNow de Facebook, y Oiwan Lam realizó la edición del contexto.

Un cibernauta de 23 años fue detenido por organizar una protesta en el Golden Forum de Hong Kong, una de las plataformas en línea más populares de la ciudad. La policía informó que el cibernauta sería acusado de “utilizar un ordenador con fines criminales o deshonestos”, un delito que aparece listado bajo la sección 161 de la Ordenanza de delitos de Hong Kong (similar a un código penal).

En el Golden Forum, el joven urgió a otros participantes a realizar una serie de protestas conectadas con la Revolución de los Paraguas entre el 17 y el 19 de octubre. En las últimas horas de la tarde del 18 de octubre, tuvo lugar una violenta confrontación entre la policía y los protestantes en Mong kok, teniendo como resultado una docena de heridos. La policía detuvo al cibernauta en su apartamento a primeras horas de la mañana siguiente.

Una traducción de la Ley de delitos informáticos dicta que:

(1) Any person who obtains access to a computer-
(a) with intent to commit an offence;
(b) with a dishonest intent to deceive;
(c) with a view towards dishonest gain for himself or another; or
(d) with a dishonest intent to cause loss to another, whether on the same occasion as he obtains such access or on any future occasion, commits an offence and is liable on conviction upon indictment to imprisonment for 5 years.

(1) Toda persona que utilice un ordenador-
     (a) con intención de cometer una infracción;
     (b) con un propósito deshonesto de embaucación;
     (c) con el fin de obtener ganancias deshonestas para sí o para otro; o
     (d) con un propósito deshonesto para causar pérdidas a otro, sea en el mismo momento en el que accede o en un momento posterior, comete un delito y está sujeto, bajo condena con acusación formal, a cinco años de prisión.
 

Desde que empezó la Revolución de los Paraguas, más de una docena de cibernautas han sido detenidos en Hong Kong acusados de “[utilizar] un ordenador con fines criminales o deshonestos”. Presuntamente, algunos de ellos participaron en la llamada del grupo Anonymous a Asia, que tenía como objetivo realizar un ataque de denegación de servicios en los sitios web del gobierno de Hong Kong.

La que puede considerarse la parte más problemática de la Ley de delitos informáticos es la Sección 1(a), que concierne a todos los delitos penales. Cuando el departamento de seguridad de Hong Kong, dirigido por Lai Tung-kwok, explicó la Ley de delitos informáticos a los miembros del Consejo legislativo en abril de 2013, especificó que:

The Section in question serves the purpose of stopping conduct involving “access to computer with criminal or dishonest intent,” such as internet fraud, hacking, or to commit other crimes via the use of a computer.

La sección en cuestión sirve al propósito de frenar la conducta que implica “utilizar un ordenador con fines criminales o deshonestos”, como el fraude en línea, la piratería u cualquier otro delito en el cual se utilice un ordenador.

Así pues, la ley es aplicable para cualquier delito en el que se recurra al uso de un ordenador, de modo que se lanzarán las peores sentencias sobre individuos que puedan haber utilizado un ordenador durante la comisión de un delito, incluso aunque su infracción no fuese un delito informático específico. En los últimos años, las autoridades parecen haber abusado de esta Ley de delitos informáticos para añadir el cargo de “utilizar un ordenador con fines criminales o deshonestos” a muchos otros delitos penales siempre que interviniera el uso de un ordenador.

El caso (KTCC 4509/2010) guardaba relación con la demanda falsa de un médico porque se había subvencionado una vacuna. Aunque parecía que el médico debería haber sido acusado de “utilizar un instrumento falso”, se le acusó en cambio bajo la sección 161. En el caso (ESCC2491/12), el acusado tomó fotografías espontáneas de una colega mientras ella estaba en el aseo. Él guardó las fotos en el ordenador de su casa, y, aunque no intentó distribuir las fotos por medios electrónicos, fue acusado de “utilizar un ordenador con fines criminales para una embaucación”.

Si un acto se considera penal en principio, sería procesado según la Ordenanza Penal, antes de recurrir a la sección 161.

Cuando se mencionó la reciente detención del cibernauta por utilizar un ordenador para convocar una “reunión ilegal”, el legislador hongkonés Charles Mok dijo que pensaba que las autoridades habían abusado de la Ley de delitos informáticos. “Es como un enchufe universal que puede conectarse a todos los tipos de delitos si en ellos interviene el uso de ordenadores, teléfonos móviles o incluso cámaras digitales”. Mok rogó que se modificara la ley para evitar su abuso.

La policía está legalmente obligada a obtener la información IP de los proveedores de servicios de Internet o plataformas en línea antes de tomar medidas para detener a cibernautas bajo la Ley de delitos informáticos. Según el último informe de transparencia publicado por el Centro de periodismo y estudio de los medios de la Universidad de Hong Kong, el gobierno del país solicitó un total de 5,511 datos de usuario (solicitudes de datos de contacto de los usuarios, dirección IP…), de las cuales 3,846 (el 70%) fueron concedidas en 2013. La mayoría de estas solicitudes se hicieron sin orden judicial. Los cibernautas que utilizaron esos servicios no fueron informados por los protocolos de la compañía en el momento en que sus datos fueron solicitados por las autoridades.

La información previa se dio a conocer en una sesión de preguntas y respuestas en el Consejo legislativo de Hong Kong. Los proveedores locales de servicios de Internet y las plataformas en línea no publicaron informes de transparencia en ese mismo periodo, y tampoco mencionaron que tuvieran planeado hacerlo.

En el momento de enfrentarse al abuso de la Ley de delitos informáticos, los cibernautas están sobre aviso para recurrir a su “derecho al silencio”. Aunque leyes como esta puedan haberse desarrollado para servir al interés público, podrían convertirse en herramientas para la persecución política si cayeran en manos de un régimen represor.

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