Miembros de Zone9 reunidos en Adís Abeba, en 2012. Foto utilizada con permiso.

Este artículo se publica conjuntamente con el blog de World Policy Journal.

El sistema internacional de derechos humanos no funciona ─ o quizás nunca funcionó en absoluto.

Caso tras caso, se violan los derechos humanos de los ciudadanos con arreglo a las leyes nacionales de sus respectivos países, a pesar de la existencia de compromisos internacionales de derechos humanos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Africana, entre otros. El Tribunal Penal Internacional tiene escasa influencia salvo en casos de las más atroces violaciones de derechos humanos internacionales, y los Estados miembros tienen un amplio margen para impartir justicia como mejor les parece.

Para quienes viven en países que no ofrecen o aplican sus propias leyes destinadas a proteger la libertad de expresión, los principios internacionales rara vez han proporcionado vías de recurso. Actualmente, este es el caso del colectivo independiente de blogueros etíopes conocido como Zone9.

En abril de este año, el gobierno de Etiopía arrestó a seis miembros de Zone9 junto con tres colegas periodistas en Adís Abeba. Fueron retenidos durante meses sin cargos formales y se les negó la posibilidad de comunicarse. El testimonio de Befeqadu Hailu, uno de los blogueros acusados,  sacado clandestinamente de la cárcel en agosto, así como las declaraciones ante el tribunal, alegan malos tratos y frecuentes palizas. Extraoficialmente, los nueve permanecen detenidos por acusaciones de “trabajar con organizaciones extranjeras que dicen ser defensoras de los derechos humanos y…recibir financiación para incitar a la violencia pública a través de los medios sociales”.

En julio, los prisioneros de Zone9 fueron acusados en virtud de la Proclamación contra el Terrorismo de 2009 etíope de recibir apoyo de organizaciones políticas de la oposición declaradas formalmente por el gobierno como terroristas, y de recibir formación de activistas internacionales en cifrado de correo electrónico y seguridad de datos del Tactical Technology Collective, un grupo que ayuda a periodistas y activistas a protegerse de la vigilancia digital.

Los blogueros de Zone9 se suman a otros medios de comunicación que también fueron blanco de leyes similares, entre ellos Eskinder Nega, que había informado sobre los recientes levantamientos árabes y la posibilidad de que se produjeran levantamientos similares en Etiopía. Fue arrestado y acusado de «planificar, preparar, conspirar, instigar e intentar» cometer actos terroristas, y condenado a dieciocho años de prisión.

Los llamamientos internacionales de organizaciones de defensa de derechos humanos han tenido escaso efecto sobre el caso. En mayo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, publicó un comunicado explicando,

The fight against terrorism cannot serve as an excuse to intimidate and silence journalists, bloggers, human rights activists and members of civil society organizations. And working with foreign human rights organizations cannot be considered a crime.

La lucha contra el terrorismo no puede servir de excusa para intimidar y silenciar a los periodistas, blogueros, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Y trabajar con organizaciones extranjeras de derechos humanos no puede ser considerado un delito.

Además, siete organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa urgieron a la Comisión Africana y las Naciones Unidas en un llamamiento urgente a intervenir en el caso contra Zone9. El llamamiento se centraba en la ausencia de cargos precisos y la negativa a permitir que los acusados tuvieran representación legal adecuada.

Nani Jansen, abogada de Iniciativa de defensa legal de medios y firmante principal del llamamiento, escribe en un correo electrónico que la Comisión Africana y la ONU «operan bajo el manto de la confidencialidad en las fases iniciales de estos asuntos». Y continúa:

When they follow up with a Government, this is done without informing the outside world. Only months and months (often over a year) later, these exchanges with a Government get published in the mechanism's report to its supervisory body.

Cuando hacen un seguimiento con un gobierno, esto se hace sin informar al mundo exterior. Estos intercambios con un gobierno solo se publican en el informe del mecanismo ante su organismo supervisor muchos meses (a menudo más de un año) después,

Por tanto, cualquier intervención se suma al resto del cono de silencio que es Zone9 — sin estar sometida a ningún tipo de escrutinio o participación pública. 

Aunque estos organismos hagan una labor de seguimiento con el gobierno etíope, sus vías de recurso son limitadas. En un artículo sobre la petición urgente, Jansen señala que la Comisión Africana puede condenar las detenciones en una resolución, que los relatores de ambas organizaciones pueden solicitar visitas oficiales a Etiopía para investigar, y que Etiopía, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estaría obligada a honrar esa petición. Pero incluso si se realizaran tales solicitudes y se llevaran a cabo las investigaciones, hay pocas posibilidades de obligar al gobierno etíope a cumplir las hipotéticas conclusiones.

Desde que se hizo ese llamamiento, el gobierno etíope ha procedido con los cargos contra los acusados. Puede encontrar los últimos detalles sobre el juicio en el blog de seguimiento del juicio, un sitio gestionado por gente cercana a los acusados.

Los intentos públicos por destacar las transgresiones del gobierno etíope contra los derechos humanos, como la campaña en los medios sociales bajo la etiqueta #Freezone9bloggers, tienen un efecto indirecto. Intentan avergonzar al gobierno etíope para garantizar un mejor trato para los presos. También buscan presionar a organismos internacionales y aliados de Etiopía, como Estados Unidos, para quien Etiopía es un socio militar y de seguridad fundamental. La esperanza es que esas organizaciones a su vez ejerzan presión política sobre Etiopía para liberar a los acusados de Zone9.

La aplicación de los compromisos internacionales parece depender principalmente de un proceso político negociado, no de un sistema legal funcional y aplicable. Teniendo en cuenta la facilidad con que  se aplica o se ignora la legislación nacional en Etiopía con fines políticos, es una triste ironía que solo la presión política pueda aspirar a resolver el caso a su favor.