¿Ves todos los idiomas que hay? Traducimos las historias de Global Voices para que los medios ciudadanos del mundo estén disponibles para todos.

Lee más sobre Traducciones Lingua  »

El Salvador tiene en la cárcel por homicidio a 17 mujeres que perdieron a sus recién nacidos

Image used with permission

Imagen usada con autorización

Este artículo, escrito por Jocelyn Viterna, fue publicado originalmente en el sitio web de NACLA (Congreso Norteamericano sobre América Latina). Jocelyn Viterna es profesora asociada de Sociología en la Univerasidad de Harvard, y autora de Mujeres en guerra: Los microprocesos de movilización en El Salvador (Oxford University Press, 2013).

Una noche de noviembre de 2011, María Teresa se despertó en San Salvador con calambres en el estómago. Se había sentido bien todo el el día, en su trabajo en una fábrica, y pasó la noche riendo, hablando, compartiendo la cena con su familia, y ayudando a su hijo de seis años con su tarea. Cuando más tarde se fue tropezando al retrete afuera de su hogar de una sola habitación, agarrándose el abdomen, se horrorizó de sentir una “bolita” caer de su cuerpo.

Gritó pidiendo ayuda y se desmayó, con una severa hemorragia. Su suegra Ana llamó a una ambulancia. Cuando los doctores en el hospital se dieron cuenta de que acababa de dar a luz, preguntaron qué había pasado con el bebé. Estupefacta, María Teresa respondió “¿qué bebé?” Se contactó a la policía, y pronto encontraron el feto en el retrete.

Fue acusada originalmente de “aborto”, pero los cargos de María Teresa aumentaron a “homicidio agravado” y fue sentenciada a 40 años de prisión.

Hay 17 mujeres como María Teresa languideciendo en prisiones de El Salvador, y mujeres activistas en todo el país están esforzándose para llevar atención internacional a estos casos. El 1 de abril, una caravana  de aproximadamente 200 activistas encabezada por la Coalición de Ciudadanos para la Despenalización del Aborto viajó desde el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Ilapongo, donde están detenidas muchas de las 17 mujeres, a la Asamblea Legislativa nacional, donde presentaron solicitudes de indulto para estas mujeres, todas en prisión por el “homicidio” o “tentativa de homicido” de sus recién nacidos. Pero como sostiene la Coalición de Ciudadanos, estas mujeres han atravesado por una serie de obstáculos más allá de su control, desde dar a luz un bebé muerto a complicaciones por dar a luz solas que resultaron en la muerte del bebé. Cada una ha sido sentenciada a 12 a 40 años, a pesar de la falta de evidencia directa o delito.

En el juicio, María Teresa testificó que nunca supo que estaba embarazada, que su estómago nunca creció y que había sangrado como si menstruara, durante meses antes de dar a luz al feto muerto —todos detalles íntimos que se animó a contar a través de correspondencia escrita que publicó para que su caso sea conocido y se informe correctamente. Su suegra Ana informa que María Teresa vistó frecuentemente al médico antes del sorpresivo parto, pero que ni los doctores se dieron cuenta de que estaba embarazada. “Iba mucho por dolor de espalda”, dijo Ana. “Hasta le dijeron, como tiene los pechos grandes, que tal vez el dolor lo causaba su pecho”.

Los expertos en medicina en el juicio de María Teresa determinaron que el feto estaba “a término”, pero la evidencia de esta conclusión fue escasa y contradictoria. No había marcas en el cuerpecito para sospechar algo sucio; el cordón umbilical estaba roto y no cortado, lo que sustentaba las afirmaciones de María Teresa de que el bebé cayó directamente al retrete; y la autopsia no encontró evidencia de heces ni en los pulmones ni en el estómago del feto, lo que sugería que probablemente nunca respiró. No obstante, el juez concluyó que María Teresa debió haber sabido que estaba embarazada y tenía la intención específica de matar a su recién nacido.

La familia y vecinos de María Teresa se asombraron al enterarse de que había dado a luz. Ana explicó “vivo en la misma casa, y nunca vi el embarazo. Todo el mundo, los vecinos… estábamos impactados”. Aunque es inusual la falta de conocimiento de María Teresa de su propio embarazo, es común para un porcentaje estadísticamente significativo de mujeres. Un estudio alemán de 2002 en el British Medical Journal concluyó que uno de cada 475 embarazos pasan desapercibidos para la propia embarazada hasta muy entrada la gestación.

Las mujeres con más riesgo de no saber que están embarazadas a menudo tienen sobrepeso y siguen presentando sangrado vaginal a lo largo de la gestación, como María Teresa. Según la doctora Christine Curry, obstetra de Boston, la presencia de sangrados intermitentes e indoloros en María Teresa pudieron haber tenido su causa en lo que ella llama “incompetencia cervical”, una condición en que el cuello del útero de la mujer “se dilata con pocas contracciones dolorosas, si es que las hay”. Para la doctora Curry, no es raro que las mujeres con esta condición “den a luz en inodoros debido a una sensación de presión extrema sin dolor”.

Fuera de estos 17 casos, la gran mayoría de mujeres salvadoreños que dan a luz a un bebé muerto no son acusadas de homicidio, pues estas muertes ocurren en una instalación médica bajo la supervisión del personal. Sin embargo, bajo la legislación actual, las mujeres salvadoreños que ingresan a un hospital tras el parto, luego de haber perdido el feto, están en alto riesgo de ser acusadas de homicidio, sobre todo si no tienen testigos que sustenten su relato.

Las 17 mujeres que buscan indulto en las cortes salvadoreñas no dieron a luz en instalaciones médicas, y por lo general sin ningún apoyo. Como María Teresa, a la mayoría se las transportó al hospital con fuerte sangrado y retención de placenta, a menudo inconscientes. Algunas como María Marina, testificaron en el tribunal que sus bebés nacieron muertos, y los informes médicos no dieron evidencia de lo contrario.

Una revisión legal de los documentos judiciales sugiere que la decisión de los jueces en casi todos los casos se basa en una presunción de la culpa de la madre. En muchos casos, se descarta evidencia exculpatoria, y el juzgamiento se centra en que las mujeres escondieron su embarazo, engañaron a sus parejas o actuaron inapropiadamente según presuntas leyes naturales de maternidad.

En las últimas décadas, las leyes de aborto en América Latina han atravesado por cambios sorprendentes. Las leyes anteriores en gran parte penalizaban el aborto excepto cuando la vida de la madre estaba en riesgo, el embarazo era resultado de violación o el feto presentaba serias deformidades. Algunos lugares, como Uruguay y Ciudad de México, han seguido el ejemplo de Cuba y liberalizado el acceso de las mujeres al aborto. Otros, como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Chile y la República Dominicana han penalizado toda forma de aborto, y también han modificado sus constituciones para definir que “la vida” comienza con la concepción. Las leyes de aborto también han sido objeto de intenso debate en muchos otros países latinoamericanos, incluidos Brasil, Colombia, Bolivia y Costa Rica.

En El Salvador, un poderoso movimiento a favor de la vida encabezado por la organización Sí a la Vida empezó a hacer campaña por una penalización total del aborto durante un plan para revisar el Código Penal en 1994. El partido político de derecha Alianza Republicana Nacional (ARENA) se alió con el movimiento a favor de la vida, y en 1997, aprobó un nuevo código penal. A diferencia de la norma anterior, el nuevo código penalizó el aborto en caso de violación o de grave deformidad fetal o para preservar la salud de la madre. El izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en un comienzo desafió a ARENA, y sostuvo que las mujeres embarazadas debían tener opciones limitadas para abortos seguros, sobre todo cuando el embarazo ponía su vida en riesgo. Pero el FMLN tuvo muy pocos votos para detener la aprobación de una prohibición total del aborto.

En 1999, ARENA introdujo en el legislativo una enmienda constitucional que definía que la vida empezaba con la concepción para su voto final, y el partido de izquierda tampoco tuvo suficientes votos para que la ley no se aprobara. Los principales medios de comunicación del país, de larga relación con la derecha política, criticaron duramente la postura del FMLN en favor de derechos limitados de aborto, y el partido se dividió y perdió apoyo del público. La dirigencia del FMLN decidió dejar que los miembros del partido “votaran según su conciencia” en lugar de proponer una línea de partido. La abrumadora mayoría de los diputados del FMLN votó a favor de la reforma constitucional. Aunque el FMLN ha apoyado varias otras iniciativas para mejorar los derechos de las mujeres desde que llegaron al poder ejecutivo en 2009, ha guardado silencio en lo que se refiere el aborto desde 1999.

Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han criticado la ley salvadoreña, y sostienen que demandar que una mujer sacrifique su vida por un feto o demandar que una mujer lleve a término un feto inviable constituye tortura, discriminación y una violación fundamental de los derechos humanos. A pesar del poderoso control de la derecha en los medios salvadoreños, el movimiento feminista salvadoreño ha logrado victorias pequeñas pero significativas en educar al público sobre las consecuencias de una prohibición total del aborto. Cerca del 97% de los salvadoreños apoyan alguna forma de legislación contra el aborto en una encuesta a nivel nacional en 2012, pero solamente el 40% se oponía al aborto en situaciones donde la vida de la embarazada está en riesgo. La Coalición de Ciudadanos cree que este número ha disminuido todavía más dada la publicidad en torno al caso de Beatriz, una mujer cuya vida estuvo recientemente en peligro cuando la ley salvadoreña prohibió el aborto de su embarazo no viable.

Aunque los movimientos de derechos al aborto de todo el mundo han informado ampliamente de la legislación salvadoreña, tal vez lo que es más apremiante de los casos actuales es que no parece que las mujeres encarceladas hayan terminado el embarazo adrede, sino que han sufrido una combinación de complicaciones obstétricas y pobreza. Cuando buscaron atención médica en centros públicos de salud, fueron denunciadas a la policía por sospecha de aborto, con frecuencia por el propio personal médico que las atendió. Dado que la ley contra el aborto en El Salvador dispone una sentencia de dos a cinco años para los cómplcies de un aborto y para quienes no denuncian un posible aborto, como lo establece el Código Penal salvadoreño, esas acciones del personal médico son comprensibles. Como lo explicó Morena Herrera de la Coalición de Ciudadanos: “Con el cambio de legislación de 1997, la oficina del Fiscal General se interesó más en procesar la acción de abortar. Lo que ocurrió fue que el proceso cambió su centro de atención a los hospitales públicos”.

Los casos de estas 17 salvadoreñas son complicados porque el Código Penal salvadoreño no contiene ninguna definición legal de aborto, mientras que la Constitución recién reformada define que la vida empieza en la concepción. Esto hace borrosa la línea legal entre aborto y homicidio.

Dennis Munoz Estanley, abogado de la Coalición de Ciudadanos, explicó en julio cómo esta línea borrosa le niega a las mujeres la presunción de inocencia: “Al comienzo, a estas mujeres se les acusó en los hospitales públicos de aborto, pero se hace sin determinar si ha sido inducido de alguna manera. Luego, con el avance de la investigación, los expertos médicos dicen que el caso no tiene que ver con aborto, pues las contracciones uterinas que estas mujeres tuvieron fueron espontáneas. Pero si este fuera el caso, entonces simplemente no había razón para la acusación de aborto, para empezar”.

En los tres meses transcurridos desde que la Coalición de Ciudadanos solicitó formalmente los indultos en nombre de las 17 mujeres, la Coalición me informó en julio que se había acusado a seis mujeres más de asesinato en El Salvador por lo que parecen ser emergencias obstétricas. Varias, como Kenia de 19 años, ya han recibido sentencias de 30 años.

En el caso de Kenia, llamó a las autoridades para pedir ayuda cuando entró en trabajo de parto, pero que la ayuda nunca llegó —probablemente debido al alto nivel de violencia de pandillas en su comunidad, como sostiene la Coalición. Luego de dar a luz sola, el bebé murió. Kenia dejó al bebé en el depósito de su familia y se fue, sangrando, con la placenta y el cordón umbilical todavía unido a su útero, a la calle a buscar a la policía. Había perdido casi dos litros de sangre. La policía la llevó al hospital, y como en otros caso, fue acusada de homicidio y sentenciada a 30 años.

Image used with permission

Imagen usada con autorización

Los ojos de Oscar, el hijo de María Teresa, se llenaron de lágrimas cuando habló conmigo en julio. Con nueve años ya cumplidos, el niño no ha visto a su madre en casi dos años porque su abuela dice que queda seriamente deprimido luego de visitarla en la cárcel, y porque el trayecto toma muchas horas y recursos financieros con los que ella no cuenta. Con frecuencia, Ana lucha por llegar a fin de mes con la pequeña tienda que administra fuera de su casa, comprando alimentos al por mayor y y que vende poco a poco. Si gana dos dólares al día, según cuenta, se siente muy afortunada. El trabajo escolar de Oscar se ha visto afectado, aunque los vecinos lo ayudan porque su abuela es analfabeta. Y también ha empezado a mostrar señales de estrés psicológico.

Cuando su abuela anunció que ya no podría pagar su matrícula, su rostro cayó. Ana quiere desesperadamente evitar cambiarlo a un colegio público, donde dice que los profesores tienen demasiados alumnos y donde las violentas pandillas reclutan a sus miembros más jóvenes. Pero simplemente no hay fondos.

“Sin María Teresa, me he sentido muy mal, en todo sentido. Era como una hija para mí”, contó Ana. “Ahora es una lucha para saber cómo salir de esto. Ella era la que trabajaba para todos. Oscar la extraña muchísimo. Ella pagó para que fuera al colegio de la misión desde que estaba en kindergarten, porque sabía que al niño le iría bien, porque la educación siempre fue realmente importante para ella. Lo era todo para su hijo”.

En un país abrumado por la pobreza y la violencia, hubo un tiempo en el que Oscar parecía ser un niño con una oportunidad de movilización social. Pero cuando el sistema judicial encarceló a su madre por cuatro décadas, también sentenció a Oscar a limitadas oportunidades educativas, extremo sufrimiento psicológico y poco escape de la violencia callejera. En sus esfuerzos por proteger la vida de los nonatos, el sistema legal salvadoreño podría estar destruyendo las vidas de niños como Oscar que ya están aquí.

Inicia la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor, trata a los demás con respeto. No se aprobarán los comentarios que contengan ofensas, groserías y ataque personales.