[1]No más violaciones. Foto de chrisjtse, publicada con permiso bajo la licencia CC BY-ND 2.
¿Se podría decir que la legislación en contra de la violación y las actitudes sociales hacen un flaco favor a las mujeres en el Caribe? El procurador general de Trinidad y Tobago se convirtió en el blanco de las críticas [2] por su discurso ante el Parlamento en diciembre pasado, donde alertaba a las mujeres a ser especialmente responsables durante las fiestas navideñas y el carnaval, porque la mezcla de consumo de drogas y citas aumentaban las violaciones.
El discurso, aparentemente dirigido a alertar a las mujeres, llamó poderosamente la atención de la ciudadanía por ser un recordatorio para los depredadores sexuales de la disponibilidad de las drogas, colocando más responsabilidad sobre la victimas potenciales que sobre quienes perpetran estos actos.
Mientras tanto, en Barbados, la Asociación de Apoyo Educativo a los Hombres [3] (MESA, por sus siglas en inglés) presiona activamente para la aprobación de nuevas leyes, que impondrían multas a todas las mujeres responsables de lanzar falsas acusaciones de agresión sexual. Según el director de la organización, las escolares habitualmente se quitan las ropas y luego culpan a los hombre por lo que «inevitablemente» sucede después.
Tal comentario no fue una sorpresa para el blog Code Red, que habitualmente analiza temas feministas en la región, argumentando así la situación en Trinidad y Tobago [4]:
Girls are either raping themselves, lying about rape, dressing immorally [5] or failing to parang [folk music originating in Trinidad and Tobago that is popular around Christmas time] responsibly.
The [attorney general] conveniently did not mention what, if anything, the government planned to do to address rape, since by his own analysis it is a fact of life.
Las chicas o se violan a si mismas y luego mienten, o visten de manera poco apropiada o son las responsables de dejarse llevar por el parang (música folclórica de Trinidad y Tobago muy popular en Navidad)
El procurador general no mencionó que el propio gobierno no ha planeado nada para solucionar el tema de las violaciones, puesto que lo consideran un hecho más de la vida cotidiana.
El blog también desafió [4] el argumento de MESA:
In the Caribbean, a girl who is raped at age 12 can expect to see her case come to court when she is 20, that is, if the social stigma, family and community pressure have not already forced her and her family to discontinue the case. […]
To argue that legislation should deter women and girls from reporting crimes against them is not in men’s interest [6]. It is in the interest of rapists.
We are left with empty advice. Rapists’ interests confused as men’s interests. A relentless culture of misogyny that is literally costing us our lives.
En el Caribe, la violación de una chica de 12 años no se verá en la corte hasta que alcance los 20 años de edad, lo que supone, si el estigma social o la presión familiar no lo han conseguido ya, que la chica abandone la denuncia.
Discutir sobre si las mujeres no deberían denunciar los crímenes en su contra [6], no beneficia a los hombres solo a los violadores.
Han lanzado un consejo vacío donde los intereses de los hombres se confunden con los intereses de los violadores. Una interminable cultura misógina que nos está costando literalmente «la vida».
Desgraciadamente, la misoginia a la que se hace referencia es un hecho bastante generalizado en todo el Caribe. En noviembre, un parlamentario de Jamaica fue criticado en los medios sociales por frivolizar sobre la violación [7] cuando señaló, durante un debate donde se discutía un proyecto de ley sobre la flexibilidad en el trabajo, que la salida de las mujeres del trabajo al anochecer supondría un mayor riesgo de agresión sexual. Para el ministro AJ Nicholson [8] se trató tan solo de una broma.
Las leyes tampoco son contundentes en lo que respecta a las violaciones. Algunos grupos hacen todo lo que pueden para cambiar esta situación, como es el caso de una ONG de derechos humanos con sede en Guyana, que pidió apoyo en la red para cambiar la ley de violación marital a principios de año:
#Petition [9]: #Caribbean [10] Community- #CARICOM [11]- Leaders, Change marital #rape [12] laws and build more shelters for survivors: http://t.co/XP2JAWNl3L [13]
— SASOD Guyana (@SASODGuyana) February 12, 2014 [14]
Petición comunidad caribeña CARICOM- Líderes cambien la ley de violación marital y construyan más refugios para las sobrevivientes
Unos meses más tarde, otro tuit alertaba sobre la violación de menores en instituciones públicas [8] la respuesta de uno de los políticos fue que «las niñas no son ángeles», la típica reacción de culpar a la víctima:
#rape [12] of children in state care in #Caribbean [10]. #jamaica [15] #Guyana [16] politician says girls are no angels! #vaw [17] #catchafyah [18] http://t.co/PthRD3KPLi [19]
— tonya@CODE_RED (@redforgender) April 24, 2014 [20]
Violacion de menores en instituciones pùblicas caribeñas. Jamaica, Guyana. ¡Un político dice que las niñas no son ángeles!
El blog Red Code cita una investigación en el Reino Unido que indicaba cómo dos tercios de las denuncias de violación son desestimadas sin ir a juicio, en base a una serie de «criterios» preestablecidos como discapacidad, enfermedad mental, estar en una relación con el agresor, consumir drogas o alcohol antes del ataque y así sucesivamente. La directora de la investigación en el Reino Unido, Betsy Stanko [21], concluyó que «más que ver a estas mujeres y niñas como testigos no fiables, los investigadores policiales deberían contemplar la vulnerabilidad como una pista que puede favorecer la violación e investigar si un sospechoso se aprovechó de esa vulnerabilidad».
La tendencia en el Caribe no es mucho mejor. El Code Red afirma [4] que «las tasas de investigación, juicio y penas en el caso de violación y ataque sexual son considerablemente bajas». En Guyana, tan solo en los años 2012 y 2013, se denunciaron una media de 140 casos de violación, de entre los cuales, solo el 22% llegó a juicio y aún así, en ningún caso el resultado fue la condena, incluso con la ley de Delitos Sexuales de 2012″. La tasa de convicción es del 1,4%.
This year it was reported that Guyana did not have enough rape kits. In other cases rape did not even get investigated until women took to the streets in protest.
Este año se informó que la policía no tenía suficientes medios. En otros casos, no se investigó hasta que las mujeres salieron a la calle a protestar.
La percepción popular podría estar cambiando a juzgar por esta carta a la editorial [22] de algunas mujeres de Guyana, quienes ya no estarían dispuestas a aceptar el status quo:
We are tired of paper rights. We are tired of being abused, violated and not being able to get justice. […] We are tired of being ignored as our lives and the lives of our families grow more and more dangerous from all forms of violence including sexual violence. We are most of all tired of the hypocrisy, deception, lies, corruption, ignorance and ‘eye pass’. We are sick and tired of the wasteful and empty consultations and empty promises. We know the truth, and the truth is: in this dear land of Guyana, women and children pass for grass.
Well no more! We are not prepared to accept that there is no money for comprehensively addressing the scourge of sexual violence.
Estamos cansadas de los derechos sobre papel mojado. Cansadas de los abusos, violaciones y de no que no se haga justicia. Cansadas de que se nos ignore, así como de que cada vez existan más formas de violencia en contra de nosotras y nuestras familias, incluidas la violencia sexual. Pero sobre todo cansadas de tanta hipocresía, mentiras, corrupción, ignorancia y «hacer la vista gorda». Cansadas y enfermas de tantas consultas inútiles y promesas vacías. Sabemos cual es la verdad y la verdad es que en esta tierra de Guyana, las mujeres y los niños son pasto en la tierra.
¡Ya es suficiente! No estamos dispuestas a asumir que no hay dinero para solucionar el azote de la violencia sexual.
Los activistas guyanenses exigen acciones urgentes para acabar con la amenazas a las mujeres, incluyendo la dimisión del procurador general y el jefe de justicia, por su presunta falta de juicio en materia de delitos sexuales. Los activistas también exigen la creación de instituciones dentro del sistema judicial, «respaldadas por políticas progresistas de derechos humanos para apoyar y asegurar la seguridad de las victimas sexuales».