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‘Necesitamos ser cuidadosos incluso con lo que pensamos': autocensura en Venezuela

Kilmainham Gaol cell door peephole, Dublin, Ireland. Photo by LenDog64 via Flickr (CC BY-ND 2.0)

Mirilla de la puerta de una celda en Kilmainham Gaol, Irlanda. Foto por LenDog64 vía Flickr (CC BY-ND 2.0)

Una mañana a las 6am, fuertes golpes en la puerta de mi departamento me despertaron. Vivo en un edificio muy tranquilo y tengo timbre. Pero no eran tiempos normales. Era marzo de 2014. Los ciudadanos llevaban un mes marchando en las calles, protestando contra nuestro gobierno en todo el país.

Cuando las protestas comenzaron provocando enfrentamientos con la policía y dificultades para circular por las principales rutas, los ciudadanos recurrieron a los medios sociales para enterarse de los eventos. La televisión venezolana y la radio sufren un fuerte grado de autocensura y ofrecían escasa cobertura de lo que estaba sucediendo en el terreno. Ya sea porque pensaban participar o solo para conocer si ese día iban a poder ir a trabajar, las personas que se aventuraban a salir a la calle transmitían los ataques de la policía a través de sus teléfonos móviles.

Algunas personas dijeron que las conexiones eran más lentas en el apogeo de las protestas, acusando al gobierno de limitar las conexiones. También se dijo que la policía trajo dispositivos para bloquear la señal de los teléfonos móviles cuando llegó para reprimir las protestas. Un canal de TV colombiano que estaba documentando las protestas fue sacado del aire y su transmisión vía web fue bloqueada dentro de Venezuela.

Desde que las protestas comenzaron, había estado haciendo un mapa de la censura y enseñándole a la gente a usar herramientas para encriptado de comunicaciones. Entonces, esa mañana cuando los golpes me despertaron, me levanté, muerta de miedo, y me asusté aún más cuando miré por la ventana al estacionamiento y vi varios hombres con armas largas y chalecos antibalas rodeando el edificio como si se tratara de un operativo tipo SWAT. Mi novio intentó mirar por la mirilla de nuestra puerta, ambos haciendo el menor ruido posible. La policía estaba haciendo una redada en el edificio.

Los policías que ingresaron a nuestro edificio no nos estaban buscando, pero en medio del temor y la confusión no había manera de estar seguros. Unos pocos días más tarde, la casa de Mildred Manrique, una periodista del diario nacional 2001, también fue allanada y ella fue arrestada para ser sometida a un interrogatorio. Hubo allanamientos y arrestos en todo el país, realizados sin orden judicial ni evidencia alguna de la comisión de un crimen.

Permanecí inmóvil en mi departamento y no abrí la puerta. Finalmente la policía se fue a golpear la puerta de los otros departamentos, porque no éramos nosotros a quiénes buscaban. En casa de Mildred, nadie abrió la puerta tampoco. Pero la policía la rompió usando un ariete. Encontraron un chaleco antibalas (que conforme a las normas de seguridad todos los reporteros deben tener) y una computadora que “contenía material contra el gobierno.” Eso fue suficiente para que se la llevaran para interrogarla.

Unas pocas horas después del allanamiento, publiqué en Facebook una actualización nerviosa y ansiosa de mi estado contando lo que había sucedido. Mi madre me regañó por teléfono: “Te meterás en problemas por hacer eso. Aunque generalmente ignoro las advertencias de mi mamá — creo que es sobreprotectora — no podía deshacerme de la sensación de que en este caso ella tenía razón.

No existe una política coherente de regulación de contenidos en Venezuela. En cambio, hay oleadas de detenciones y censura en línea. Una infinita cantidad de sitios web han sido bloqueados por el gobierno desde 2007, en ocasiones oficialmente por medio de la comisión de telecomunicaciones, otras de manera indirecta a través CANTV, el proveedor de servicios de internet de propiedad estatal que controla al menos el 80% del mercado a nivel nacional. Ni una sola vez, en todos estos bloqueos, algunos de los cuales aún persisten, se llevó adelante un juicio.

El contenido que “promueve, justifica o incita a perturbar el orden público,” solo por citar un ejemplo, está prohibido y este tipo de definiciones vagas han sido usadas para penalizar todo tipo de actividades en línea. Una ley sobre comercio electrónico, a punto de ser aprobada mientras escribo estas líneas, prohibiría la venta electrónica de pornografía, medicamentos, alimentos básicos y muchos otros productos.

Los argumentos de los defensores de la libre expresión y de la internet abierta caen en gran medida en oídos sordos. El concepto de neutralidad en la red ha sido rechazado por los funcionarios de gobierno, que han declarado que la “neutralidad no existe, porque las tecnologías no son neutrales.” La neutralidad, en efecto, es un concepto ajeno para Venezuela, donde todo tiene un subtexto político, incluso la marca de café que eliges o el color de ropa que decides usar un día determinado. Las políticas públicas del gobierno venezolano referidas a internet y específicamente a los medios sociales, no son neutrales en absoluto. El estado ha creado una “guerrilla comunicacional”, diseñada para “combatir las mentiras y datos erróneos difundidos por los medios privados” dedicados a crear tendencias y a acosar a la gente en las redes sociales. En 2014, se fundó el “Viceministerio de redes sociales”, cuyo verdadero rol aún está por verse.

El gobierno ha ido fortaleciendo su presencia en las redes sociales en un intento de “ganar terreno”, en la proverbial “batalla ideológica” en la que está inmerso. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, dijo en 2010 que “La oposición se cree la propietaria de las redes sociales” y afirmó que “tomarían las redes sociales para contrarrestar las opiniones expresadas por [sus] oponentes.”

Hubo personas detenidas por tuitear comentarios descorteses referidos a la muerte del presidente Hugo Chávez. Otras fueron detenidas por difundir rumores bancarios vía Twitter o por publicar una imagen falsa. Usuarios de Twitter con menos de cien seguidores han sido detenidos acusados de “desestabilizar al país”. Estas medidas evidentemente desproporcionadas no están orientadas solo a castigar a estos ciudadanos, sino que son una señal de advertencia para los demás. Además, los disidentes son representados por los medios como “traidores”, “alborotadores” y “desestabilizadores”, lo que significa que cuando expresas opiniones impopulares en un ambiente público (como una red social), puedes ser víctima de ataques, no del gobierno sino de tus pares. Tus opiniones políticas entran en juego cuando te entrevistan para un nuevo trabajo, cuando haces compras en una tienda de propiedad del estado, cuando tratas de aprovechar algún subsidio estatal para estudiar, trabajar o adquirir bienes. Esto termina siendo otra causa de autocensura.

Ha habido personas arrestadas, tanto en 2014 como antes, por comentarios que publicaron en línea. En 2013, Andrés Rondón Sayago fue detenido por presuntamente haber difundido fotografías falsas de material electoral siendo quemado, y luego fue obligado a grabar un video (subido al canal de YouTube de “A toda vida Venezuela,” un programa del gobierno destinado a reducir el delito) en el que declaraba haber publicado la imagen “por error” en Facebook, y le pedía a la gente que “dejara de publicar esa clase de material” y evitara situaciones de “terrorismo”. En el video se lo ve estremecerse con la voz temblorosa por el miedo.

Aún no logro mirar aquel video sin sentir ganas de llorar. Ese temor, tan evidente en Rondón Sayago, vive en cada uno de los que nos atrevemos a disentir. En ese entonces, al igual que ahora, sentíamos temor de hablar. Y considero que esta es la forma más omnipresente de censura: la que coloca el censor dentro de tu propia cabeza y te hace analizar cada pensamiento dos veces para asegurarte de que puedes decirlo en público.

Luego de las protestas, en una reunión sobre el estado de la red, alguien en efecto me dijo, que debemos tener cuidado incluso de lo que pensamos. Después de todo, ella razonó, decimos todo lo que pensamos cuando estamos en línea. No hay nada que me aterrorice más, puesto que vamos cediendo de a poco, que el hecho de que nos estamos acostumbrando a vivir con ese temor, adaptándonos al tamaño del contenedor en el que hemos sido confinados a vivir.

Este ensayo obtuvo el segundo premio en el concurso de la Cumbre #GV2015, “¿Cómo las políticas de Internet afectan su comunidad?”. Marianne Díaz es una abogada y autora de ficción venezolana. Ella trabaja en Acceso Libre y se desempeña como líder legal en Creative Commons para Venezuela. Se unió a Global Voices en 2010.

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