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Acusaciones contra el fiscal general de Trinidad y Tobago por manipulación de testigos sumen al país en el silencio

Political banner claiming "Anand is D' Man"; photo by Taran Rampersad, used  under a CC BY-NC-ND 2.0 license.

Afiche político que reza “Anand es EL hombre”. Foto de Taran Rampersad, CC 2.0.

Además de su rol obvio como miembro del gobierno, el fiscal general de Trinidad y Tobago está a cargo de proteger el interés público. En este sentido, resulta casi una parodia que el fiscal actual Anand Ramlogan esté bajo investigación policial por el intento de interferir con la tarea de los oficiales de justicia.

La investigación se basa en gran parte en el testimonio de David West, abogado y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, quien fue recientemente nombrado director de la Secretaría de Denuncias contra la Policía (Police Complaints Authority, PCA). Aunque las declaraciones del jefe de la policía en lo que respecta a la investigación no mencionan ninguna acusación en particular de West en contra del fiscal general, se cree que el supuesto mal desempeño de Ramlogan en su cargo está relacionado con la controversia en torno a la “Sección 34″, un escándalo que involucra la evasión de cargos por corrupción y lavado de dinero por parte de financistas de la actual coalición de gobierno del país.

Sin embargo, West reveló que, según parece, Ramlogan le pidió que retirara un testimonio que había hecho en favor del líder de la oposición Keith Roley, en un caso en el que Ramlogan alega daños y perjuicios por difamación y que actualmente se encuentra en la Corte Suprema. A cambio, se supone que West iba a contar con el apoyo del gobierno para su designación como director de la PCA. No obstante, los hechos demuestran que West ya había aceptado participar en el caso como testigo cinco meses antes de que fuera nombrado en el cargo. Esto deja a Ramlogan en una situación endeble tras haber argumentado que era imposible que le hubiera pedido a West que retirara su testimonio el 31 de octubre ya que el testimonio no existía antes del 20 de diciembre de 2014. Los documentos que están en poder de la corte prueban que, en junio y julio de 2014, se había presentado, ante la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones respectivamente, la información sobre el borrador de la declaración de West. A West lo nombraron director de la PCA el 7 de noviembre de 2014.

Esta no es la primera vez que las declaraciones de Ramlogan no coinciden con los documentos públicos. En el marco de la polémica en torno a la Sección 34, a la que se conoce como Emailgate, Ramlogan dijo que la juez Judith Jones había sido asignada al caso, aunque, según parece, los registros confirman que Jones nunca fue la juez titular de esa causa.

En su declaración pública, West dejó en claro que el comportamiento del fiscal general “debería investigarse a través de las autoridades pertinentes y no a través de los medios”:

Although the Hon. Attorney General initially refused to make any comment on the matter, he is now on the public record denying categorically that he ever requested me to withdraw my witness statement in his claim against Dr Rowley. I am compelled to say publicly, without more, that my recollection of what transpired is diametrically opposed to the Hon. Attorney General’s denial that he ever approached me.

A pesar de que, al principio, el fiscal general se negó a hacer algún tipo de comentario al respecto, ahora en los documentos públicos niega por completo que me haya pedido que retire mi testimonio de su disputa con Rowley. Me veo obligado a decir públicamente y sin vueltas que mi recuerdo de lo sucedido es diametralmente opuesto a la afirmación por parte del fiscal general de que nunca se acercó a mí.

A pesar de que la investigación policial no ha terminado, muchos están pidiendo la renuncia del fiscal general, debido a la mala reputación que le ha traído al cargo. Por su parte, Ramlogan sostiene que la polémica en su totalidad es una maniobra política llevada a cabo aparentemente por la oposición. En la cuenta de Twitter del fiscal no se ha mencionado nada acerca de la investigación policial, pero antes de que se hiciera pública la pesquisa, Ramlogan subió a su cuenta dos documentos que confirman que ha sido liberado de los cargos de conspiración que habían sido presentados por el opositor Movimiento Nacional Popular.

Mientras tanto, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar dijo que los cargos son “graves y muy preocupantes”. Estos comentarios fueron tomados con cierto escepticismo por la usuaria de Facebook Patricia Worrell, quien, en tono de broma dijo:

‘I will work expeditiously’. But it seems that in the PM's dictionary ‘expeditiously’ means ‘until my back is absolutely to the wall’.

“Trabajaré con presteza”. Pero parece que en el diccionario de la primera ministra, “con presteza” significa “hasta que esté contra las cuerdas”.

Aún más preocupante es que, según algunos informes, la seguridad privada de West fue reforzada. Algunos internautas toman este hecho como una señal de que los testigos de casos en contra de funcionarios del gobierno tienen miedo. Tampoco hay que dejar de lado la posibilidad de que otro ministro —cuyo nombre aún no ha salido a la luz— esté involucrado. Algunos usuarios de las redes sociales han insinuado que se trata de Gary Griffith, ministro de Seguridad Nacional, aunque en un informe periodístico emitido la noche del viernes pasado, cuando le preguntaron si se reuniría con la primera ministra y el fiscal general, Griffith respondió que cuando la primera ministra se reuniera con Ramlogan y el “otro ministro”, él se haría presente si ella así lo requiriera. Hasta ese momento, lo único que estaba confirmado acerca de Griffith es que era un “testigo clave” del caso. Sin embargo, un artículo periodístico publicado luego confirmó que los registros telefónicos demuestran que efectivamente Griffith contactó a West el 19 de diciembre de 2014.

Se cree que le pidieron que le preguntara a West si había “retirado un documento”, pero Griffith asegura que estaba todo armado, ya que no sabía que el documento en cuestión era la declaración de un testigo. Igual de inquietantes son los informes según los cuales miembros del gabinete de Griffith trataron de persuadirlo para que negara que había contactado a West. El líder de la oposición de ese país dijo que estas revelaciones son “preocupantes” y que, si las acusaciones son ciertas, Trinidad y Tobago “no está tan lejos de ser un estado fallido”.

El curso legal de la causa y sus consecuencias para la democracia del país son en sí mismos preocupantes, pero desde el punto de vista de la interacción popular en las redes, el silencio abrumador que rodea a la polémica es igualmente perturbador. A raíz de esto, muchos se preguntan qué será de Trinidad y Tobago si los ciudadanos no se expresan ni defienden su propia democracia. No hay nada en Twitter acerca de la situación y en Facebook las discusiones se limitan a publicaciones en las cuentas personales de los usuarios. Parece como si pensaran dos veces antes de hacer públicas sus opiniones. Incluso el Colegio de Abogados de Trinidad y Tobago, LATT, mantuvo su reserva con respecto al caso hasta ayer, cuando emitió un comunicado de prensa en el que solicitaba que el fiscal general diera un paso al costado. El comunicado se hizo con cuidado de no emitir juicio acerca de la culpabilidad o inocencia de Ramlogan mientras se esperan los resultados de la investigación. Sin embargo, se hace notar que:

It is the view of LATT that the police investigation into the conduct of the Attorney General has the ability to adversely affect and undermine the public perception of and confidence in the Office of the Attorney General.

Es la opinión del Colegio que la investigación policial sobre el accionar del fiscal general puede tener consecuencias negativas y socavar la imagen pública de la oficina del fiscal general y la confianza en ella.

La gravedad de la situación no pasó desapercibida para la usuaria de Facebook Rhoda Bharath, quien recriminó a otros internautas por no expresarse sobre el asunto:

Understand how low we have fallen…
The Attorney General and the Minister of National Security implicated in a matter of witness tampering.
The lead legal counsel for the government and the man in charge of all of our security apparati.
And my friends silent…keep posting pics about your cat!

Entendamos qué tan bajo hemos caído…
El fiscal general y el ministro de Seguridad Nacional están implicados en un caso de manipulación de testigos. El principal asesor legal del gobierno y el hombre a cargo de todo el aparato de seguridad.
Y mis amigos guardan silencio… ¡Sigan subiendo fotos de sus gatos!

La manipulación de testigos es un delito en Trinidad y Tobago, y conlleva duras penas que incluyen grandes multas y hasta 20 años de prisión. Ante la presión de jugar un rol decisivo en la cuestión, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar anunció que le hablaría a la nación el martes 2 de febrero a las 16 horas. Quienes entienden las consecuencias de largo alcance que derivan de una investigación que involucra al fiscal general seguramente estarán atentos para ver qué hará la primera ministra. Algunos anticipan que habrá cambios en el Gabinete; otros esperan el anuncio de la destitución del fiscal general. Sin embargo, haga lo que haga la primera ministra, lo que es cierto es que el gobierno se ha visto gravemente perjudicado.

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