[1]Indígenas protestan en Brasilia contra la aprobación del PEC 215 en diciembre 2014. La presión hizo que la votación fuera cancelada. Foto de: Mídia Ninja, CC BY-NC-SA)
Este texto fue escrito por Stefano Wrobleski y publicado originalmente en el blog de Infoamazonia [2]. Es reproducido para Global Voices vía un acuerdo para compartir contenido.
Los proyectos que se mencionan a continuación fueron destacados por especialistas de diferentes ONG de protección ambiental para Infoamazonia. Son cinco materias que pueden ser nuevamente tramitados este año en la Cámara de Diputados o en el Senado de Brasil. Si se aprueban producirán impactos negativos para la Amazonia.
Demarcación de tierras indígenas
La PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) 215, presentada en el 2000 por el entonces diputado federal Almir Sá (PPB-RR), pretende alterar la Constitución Federal [3], dejando al Congreso Nacional la atribución de la aprobación de la demarcación de las tierras indígenas. Hoy la palabra final es del Ministro de Justicia, después de un largo proceso que involucra estudios antropológicos de identificación liderados por la Fundación Nacional del Indio (Funai) y una fecha límite para presentar objeciones por cualquiera de las partes interesadas en el reconocimiento del área.
Si se aprueba la propuesta exigiría la tramitación de un proyecto de ley delimitando los criterios y procedimientos de demarcación de tierras indígenas. Además de los terrenos indígenas, las enmiendas a la PEC 215 pretenden también transferir al Congreso el reconocimiento de áreas remanentes de quilombos [4] y la creación de unidades de conservación.
Vea a continuación las tierras indígenas y áreas protegidas de Amazonia y compruebe la deforestación en las últimas décadas
En el 2014, las protestas de movimientos sociales como la invasión del Congreso por líderes indígenas [5], hicieron que las discusiones parlamentarias en torno de la PEC 215/2000 fuesen sucesivamente canceladas.
“Es un proyecto extremadamente preocupante”, afirma Aldem Bourscheit, especialista en políticas públicas del WWF-Brasil. “Los argumentos [en favor de la PEC 215] son enormes, en la línea de que el país ya tendría muchas tierras indígenas”. Se considera que en la práctica la aprobación de la PEC “terminaría la demarcación de las tierras indígenas”.
Para Márcio Astrini, coordinador de la campaña Greenpeace Brasil, las tierras indígenas “son la forma mas eficiente de combatir la deforestación”.
Archivada en 2014, la PEC 215 puede volver a ser discutida por una comisión especial en 2015. Para eso el asunto tiene que ser desclasificado por uno de los 26 diputados que en el 2000 firmaron por la presentación de la propuesta y vuelta a la Cámara de Diputados en 2015. Ellos tienen hasta el 31 de julio para pedir la reapertura. Cuando fue redactada por Almir Sá, la PEC 215 contó con el apoyo de 232 parlamentarios (consulte la lista aquí) [6]. Para ser una propuesta que pretende alterar la Constitución son necesarias al menos 171 firmas (o un tercio de la Cámara).
La minería en las áreas protegidas
Aldem Bourscheit, de WWF, señala el PL 3.682 del 2012 [7] como una de las propuestas preocupantes que pueden volver a la agenda en el 2015. Su autor, el diputado Vinícius Gurgel (PR-AP), fue reelecto y quiere que se permita la minería en hasta el 10% de las áreas de protección integral en Brasil.
La minería hoy es prohibida en las unidades de conservación (UC) de protección integral, pero puede ser liberada en las UC de uso sustentable. En defensa de la propuesta, Gurgel argumenta que un gran número de UC de protección integral, especialmente en la Amazonia, fueron creadas en tierras con gran potencial minero y sería necesario explotar esas reservas para el crecimiento económico.
El PL propone como contrapartida, que la minera que explore esas áreas dé al “organismo ambiental competente” una tierra con “el doble de la dimensión del área cedida y las mismas características.”
“Los impactos nunca se van a limitar a éste 10%. La actividad minera tiene siempre gran impacto”, afirma Bourscheit. “Existen otras áreas de conservación que podrían cumplir con la actividad minera. En Brasil no se necesita degradar las áreas protegidas para albergar estas actividades”.
Vea donde hay minería en la Amazonia y combine los datos con las áreas protegidas y tierras indígenas
Siendo aprobada en carácter conclusivo (cuando puede ser adoptado solamente con la aprobación de las comisiones competentes y no tiene que ser votado en sesión plenaria de la Cámara de diputados), el proyecto está en la Comisión de Minas y Energía, donde aún no ha sido votado, pero ya tiene una opinión favorable del relator, el diputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG). El congresista ha propuesto un sustituto [8] al proyecto de Vinícius Gurgel que somete la delimitación de las unidades de conservación del proyecto integral al Congreso Nacional y no crea límites o contrapartidas a la minería en estas áreas. El PL 3682/2012 aún debe pasar por otras dos comisiones antes de ser aprobado.
Como fue reelecto, Vinícius Gurgel necesita pedir que el proyecto sea desarchivado antes del 31 de julio.
Recursos genéticos
De acuerdo con Adriana Ramos, coordinadora para la Amazonia del Instituto Socioambiental (ISA), otro proyecto que puede volver a la agenda en el 2015 es el PL 7.735 de 2014 [9]. La propuesta pretende substituir la Medida Provisoria 2.186-16/2001 [10] que regula actualmente el uso comercial del patrimonio genético.
La comunidades tradicionales – como indígenas y quilombolas [11] – tienen informaciones y prácticas sobre los usos de estos recursos genéticos, que interesan, entre otras, a las industrias farmacéutica, alimenticia, de higiene. Siendo el hogar de una de cada cinco especies del planeta, Brasil tiene la mayor biodiversidad del planeta, al igual que miles de comunidades tradicionales que hacen uso de esta diversidad biológica.
El proyecto, si se aprueba, debe establecer que las micro empresas ya no tienen que repartir las ganancias financieras con las comunidades locales. “Pero muchas de esas grandes empresas usan las empresas menores para hacer uso de los recursos genéticos obtenidos”, señala Adriana. La ONG también reclama [12] que las poblaciones afectadas no fueron consultadas para la elaboración del proyecto lo cual es contrario a la Convención 169 [13] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada en el año 2002 por Brasil. «La PL simplifica la legislación sobre el uso de la biodiversidad. De una dificultad que el gobierno tiene de fiscalizar, el Ejecutivo hizo una ley que simplifica lo que debe ser supervisado».
De autoría del poder ejecutivo, no se presentó a finales del 2014 y continúa su curso regular. La propuesta se tramita con urgencia – cuando la Cámara tiene 45 días para votar – y llegó a ser votada en sesión plenaria en diciembre 2014, pero la discusión se retrasó por obstrucción de la agenda. En esa ocasión los parlamentarios contrarios al proyecto abandonaron la sesión plenaria para evitar llegar al quórum necesario para votar. Una comisión especial para analizar el tema llegó a ser creada en julio 2014, pero nunca salió del papel.
La Caña de azúcar en la Amazonia
De autoría del senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 626 de 2011 [14] quiere legalizar la plantación de caña de azúcar en áreas degradadas de la Amazonia.
Actualmente la plantación de caña de azúcar es desaconsejada en Amazonia debido al decreto Nº 6.961 [15], publicado por el presidente Lula en el 2009, que impide la concesión de crédito rural para ese tipo de plantación dentro del bioma.
Vea el avance de la deforestación en la Amazonia
El problema, según Márcio Astrini, es que el cultivo puede aumentar la “presión por la deforestación”. “La caña ocupará grandes áreas que hoy son de de la ganadería, arroz, algodón y soya y empujan hacia el bosque estos otros cultivos”. Los ambientalistas de Greenpeace también creen que existe una “falta de gobernabilidad” en la zonificación de la región lo que fragilizaría aún mas la situación o aumentaría la destrucción de los bosques.
El proyecto había sido aprobado en mayo del 2013 con carácter terminativo (cuando solo necesita del aval de las comisiones responsables para ser aprobado y no va para votación del plenario de la Cámara de diputados) por la Comisión del Medio ambiente, Defensa del consumidor y Fiscalización y Control. Sin embargo el PLS lo volvió a tramitar después que el senador Cristovam Buarque (PDT-DF) incluyó una enmienda [16] y pidió la inclusión de dos comités en la discusión para ser aprobado. La votación está detenida por la Comisión de Asuntos Económicos, donde recibió una opinión contraria del relator Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Otras tres comisiones ahora necesitan analizar la enmienda antes que el proyecto pueda ser aprobado y enviado a la Cámara de Diputados.
Como el mandato de ocho años de Flexa Ribeiro termina solo en el 2019, el PLS 626/2011 no fue archivado y continúa con su tramitación regular.
Código de Minería
El nuevo Código de Minería, en discusión en la Cámara de Diputados, pretende sustituir el decreto de ley 227, de 1967 [17], que actualmente regula la actividad. El Proyecto de Ley (PL) 37/2011 [18] determina que el gobierno licite zonas mineras que deben aumentar los ingresos del Estado.
La propuesta se enfrenta a grandes presiones de empresas que actúan en el área ya que como se muestra en un artículo de la Agencia Pública de diciembre 2013 [19], influye en el financiamiento de la campaña de los políticos involucrados en la comisión especial que analiza el PL.
El proyecto no avanza en la regulación de la actividad en términos ambientales pero el debate preocupa a Adriana Ramos, del ISA. “Me parece que las propuestas de minería en tierras indígenas van a intentar ser aprobados separadamente”, afirma. Aldem Bourscheit, de WWF Brasil, cree que Brasil sí necesita de una nueva ley de minería. «Pero desafortunadamente hasta ahora los proyectos en curso no han tenido la protección que se espera”, afirma.
El PL 37/2011 tiene régimen prioritario – al entrar en la agenda de votación inmediatamente después de todas las propuestas en régimen de urgencia. Fue producido por el diputado Weliton Prado (PT-MG), reelecto en 2014. Tiene hasta el 31 de julio para solicitar la reapertura del proyecto.