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Asesinatos de periodistas genera ola de rechazo en Colombia

Edgar Quintero-Colombia

El periodista Edgar Quintero. Foto: Archivo particular tomada de la página de la Defensoría de Colombia

El periodista Edgar Quintero, conocido como “Quintín”, de 57 años y quien era el director del programa “Noticias y Algo Más” de Radio Luna de la cadena Todelar de Colombia, fue asesinado el pasado 2 de marzo en Palmira, Valle del Cauca, siendo el segundo profesional de la comunicación que muere de forma violenta en menos de tres semanas en el país.

En la red social Twitter se pronunciaron varios usuarios en rechazo a este hecho, entre los primeros el grupo de TWlTTEROS CALI  (@TwiterosCali):

El usuario César Montoya  (@cesarmontoya1) publicó una foto en solidaridad con el periodista:

Mientras que Flora Tristan @Floratris, publica una reconocida frase en su homenaje:

Muchos se quejaron de que en los medios solo se dio a conocer la noticia sin darle la debida importancia, mientras que varias asociaciones nacionales e internacionales han denunciado el hecho y exigen investigaciones que ayuden a esclarecer el asesinato, toda vez que permanecen vigentes amenazas contra medios alternativos 

El Comité para la protección de periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), condenó el hecho y “exhorta a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los motivos posibles y a encontrar a los responsables del crimen”. Al mismo tiempo, destaca que es el segundo periodista asesinado en Colombia en menos de tres semanas, al referirse a Luis Peralta, de la emisora Radio Linda en El Doncello (Caquetá, sur del país).

Mientras que Reporteros sin Fronteras (RSF), tras hacer un recuento de los dos asesinatos sucedidos este año, “condena y expresa su preocupación por el clima de impunidad que prevalece en el país”.

 Exhortamos a las autoridades a no descartar la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con su profesión y a desarrollar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en estos dos casos“, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Este segundo caso recuerda la precaria seguridad de los actores de la información en el país. La impunidad generalizada no permite que los periodistas ejerzan su profesión con tranquilidad ni que las víctimas y sus familias obtengan justicia. Debe ponerse un alto a esta situación, los responsables de estos crímenes deben responder por sus actos“, añadió.

Pero al mismo tiempo denuncia otros hechos:

Entre 1980 y 2012, 27 periodistas han sido asesinados en el departamento del Valle del Cauca; nueve de ellos en el departamento de Caquetá, según datos de Reporteros sin Fronteras. Además de los asesinatos, RSF ha denunciado las numerosas agresiones cometidas en el departamento de Valle del Cauca, como el intento de asesinato del que fue víctima el 19 de noviembre de 2013 Diego Gómez Valverde, director del Canal Universitario, cadena televisiva de la Universidad del Valle, de Cali (este). Ese mismo año el periodista Yesid Toro tuvo que huir de la región debido a las amenazas. El 28 de septiembre de 2014 el grupo paramilitar “Los Urabeños”, que se encuentran en la lista de Predadores de la libertad de prensa de RSF, amenazó de muerte a ocho periodistas de diferentes medios de comunicación de Cali y de Buenaventura. Sus nombres aparecieron en una nueva lista negra difundida cuatro días después de que otros dos periodistas fueran amenazados de manera similar por la banda criminal “Los Rastrojos”. Los Urabeños actúan en los 337 municipios del centro y de la costa caribeña, en particular en las grandes zonas de Cali y Medellín.

Colombia, el segundo país más mortífero del continente americano para el gremio periodístico, sigue siendo muy peligroso para ejercer este oficio

Y termina con cifras escalofriantes donde cita que Colombia ocupa el 128 lugar, entre 180 países en su Clasificación Mundial de la libertad de prensa publicada en febrero de 2014.

Entre tanto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se unió en protesta con la Federación Internacional de Periodistas  (FIP) y la Federación Colombiana de Periodistas  (FECOLPER):

A comienzos de 2014, la FECOLPER lanzó un informe sobre la crítica situación del periodismo en el país. Según el mismo, en Colombia  “informar es cada vez más una profesión de peligro y ello se refleja en crímenes como asesinatos, atentados, amenazas, destrucción de instalaciones o equipos, interceptaciones ilegales, detenciones ilegales, desplazamiento forzado y acoso en sus distintas manifestaciones”.

La FIP y la FAPE se unen a la FECOLPER en la fuerte condena a esta nueva afrenta a la libertad de expresión y, preocupados por la alta tasa de impunidad  en estos hechos, exigen que se investiguen hasta las últimas consecuencias para dar con los autores materiales e intelectuales de este asesinato.

Asimismo, exigen el ineludible compromiso de las autoridades para que no se disfracen las razones del crimen ni se descarte como móvil el intento de silenciar la voz de aquellos que tienen como oficio informar a la sociedad.

Por su parte la Fundación para la Libertad de Prensa  (FLIP), rechazó el asesinato del periodista y exhortó a las autoridades locales para que adelanten las investigaciones y recordó la declaración de principios para la libertad de expresión.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), publicó un comunicado de prensa R25/15 en el que solicita el esclarecimiento del crimen y enfatiza los derechos a la libertad de expresión y del ejercicio de la profesión.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Entre tanto el Círculo de periodistas de Bogotá  (CPB) lamentó la noticia y denunció  que la vida el periodista estaba en alto riesgo, al tiempo que pidió justicia:

Había recibido amenazas por cuanto en sus informaciones denunciaba actuaciones corruptas de funcionarios en su región; situación que conlleva -como se ha señalado varias veces por Nuestro Gremio- la necesidad de que la Fiscalía General tome  medidas judiciales urgentes, como la creación de una Unidad Especial de Investigación o asignación de un Funcionario Especial para cada caso, a fin de que indague y se conozca inmediatamente a los autores materiales e intelectuales, para que una sentencia condenatoria, genere confianza y la justicia opere como debe ser en un Estado de derecho.

Por ahora, en Colombia, la Defensoría del Pueblo anunció que hizo los trámites para que la fiscalía maneje e investigue los hechos y ratificó su preocupación:   

Una investigación que aclare de manera pronta el asesinato del periodista Edgar ‘Quintín’ Quintero en Palmira, pidió la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca a la Fiscalía y la Policía de ese departamento. Para que se investiguen los dos asesinatos de Quintero el 2 de marzo y de Peralta el 14 de febrero, y finalizo expresando hechos graves:

Según información de la Unidad Nacional de Protección durante 2014 se realizaron 164 evaluaciones a periodistas, de la cuales 108 fueron catalogadas con riesgo extraordinario y las restantes 56 con riesgo ordinario.

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