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¿Un juez brasileño intentó utilizar el Marco Civil para suspender WhatsApp en todo el país?

Court order wants whatsapp to shut down

Orden judicial quiere suspender el servicio de mensajería WhatsApp.

Un tribunal estatal brasileño anuló el fallo de un juez municipal para suspender WhatsApp en todo el país. El juez del tribunal de apelaciones, Raimundo Nonato da Costa Alencar, del tribunal de paz del estado de Piauí, declaró que la suspensión de la aplicación de mensajería a nivel nacional no es “razonable”. Su fallo, que fue publicado el 26 de febrero, dice: 

A suspensão de serviços afeta milhões de pessoas em prol de investigação local. A princípio, independentemente do teor da ordem descumprida, em hipótese alguma se justifica a interrupção de acesso a todo o serviço.

La suspensión del servicio afecta a millones de personas solo por el beneficio de una investigación local. En principio, a pesar del nivel de incumplimiento a las peticiones por parte de WhatsApp, de ninguna manera justifica la interrupción de todo el servicio.

El pasado 11 de febrero, el juez municipal brasileño, Luiz de Moura Correia de la ciudad de Teresina, capital del estado de Piauí, emitió una orden judicial demandando a los proveedores de servicio de Internet y a las operadoras de redes móviles suspender temporalmente la aplicación de mensajería WhatsApp en todo el territorio.

La orden otorgó a las compañías un plazo de 24 horas para deshabilitar la aplicación y afirmó que WhatsApp se ha estado rehusando a prestar su colaboración en investigaciones policíacas relacionadas con crímenes que involucran a niños y adolescentes.  

Dos compañías, Claro y Embratel, presentaron una apelación, a la cual el juez estatal cumplió después.

La conexión con el Marco Civil

El servicio de WhatsApp no ha sido suspendido y se ha mantenido funcionando normalmente en Brasil, a pesar que la decisión inicial del juez se volviera viral. La etiqueta #SemWhatsAppEu (Yo sin WhatsApp) se convirtió en tema destacado a nivel mundial en Twitter el 26 de febrero. Según Topsy, un servicio de análisis social, la etiqueta se tuiteó alrededor de 25,000 veces en cuatro días.

“después que el juez de Piauí demandara la suspensión de WhatsApp, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y WhatsApp, dijo que él compraría el estado de Piauí. Se está negociando el precio con la presidenta Dilma.”

La diversión no tiene límites.

jajaja no.

Kátia Esteves, capitana de la rama policial para la protección de niños y adolescentes en Teresina, indicó que la orden está basada en la ley del Marco Civil, la cual muchos expertos de Internet consideran como la mejor ley sobre derechos civiles para Internet que existe en el mundo. Esteves informó a los reporteros:

Com o Marco Civil da Internet, basta que o serviço esteja sendo oferecido no Brasil – e ele está sendo oferecido – e ter representante no país para que possa ser suspenso. No caso, o representante no Brasil do Whatsapp, apesar de ser uma empresa americana, é o Facebook.

Con la ley del Marco Civil, solo se necesita que el servicio se brinde en Brasil – y así es – y tener su representante en el país para que pueda ser suspendido. En ese caso, el representante de WhatsApp en Brasil, aunque sea una compañía estadounidense, es Facebook.

El Marco civil es la base de referencia brasileña en materia de derechos civiles para el uso de Internet; esta establece las normas sobre la neutralidad en la red, la privacidad, retención de información y la responsabilidad de intermediarios, entre otros. Esta ley fue aprobada por la presidenta Dilma Rousseff en abril del año 2014.

Los expertos en materia de Derecho de Internet Dennis Antonialli, Francisco Brito Cruz y Mariana Giogetti Valente publicaron un artículo en su blog Deu nos Autos, administrado por el sitio web del periódico O Estado de S. Paulo, en el que explican la conexión con el marco civil:

O Marco Civil da Internet, lei aplicável neste caso, possibilita sanções a empresas estrangeiras de Internet que se recusem a cumprir a legislação brasileira em seu artigo 12. Dentre as sanções possíveis, está a suspensão temporária das atividades – e até mesmo a sua proibição. Mas essa é a penalidade mais drástica que pode ser adotada. Outras alternativas seriam advertência e multa (que pode chegar até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil).

Fica a discussão se a medida adotada pelo juiz foi proporcional. Apesar do descumprimento de uma ordem judicial configurar um fato grave e que deve ser reprimido, deve-se levar em conta o prejuízo que uma ordem deste tipo pode causar a milhões de brasileiros.

El Marco civil, ley que aplica en este caso, permite sancionar a las compañías extranjeras de Internet que se rehusen a acatar la legislación brasileña (artículo 12). Entre las posibles sanciones se contempla una suspensión temporal de sus actividades – o incluso su prohibición. Pero esta es la penalización más drástica que se puede imponer. También existen otras alternativas como advertencias o multas (que podrían ser de hasta 10% de los ingresos de la compañía en Brasil).

Lo que procese es discutir si la orden del juez es proporcional. No acatar las órdenes judiciales es un asunto serio y debe ser castigado, pero también se debe de considerar las pérdidas, que este tipo de orden podrían causar a millones de brasileños.

No obstante, Paulo Rená, director del Instituto BETA para Internet y Democracia, y gerente de un proyecto de ley del Marco Civil, posee una opinión diferente al respecto. Él informó a Global Voices, por medio de un correo electrónico, lo siguiente:

Na minha leitura, o Art. 12, mesmo quando prevê suspensão e proibição, não chega ao ponto de autorizar que a ordem judicial seja direcionada aos provedores de conexão. Em uma analogia grotesca, seria como uma ordem judicial ordenando às empresas de perdágio que impedissem os ônibus urbano de circular por um bairro xis no qual houve uma série de crimes dentro de alguns veículos coletivos. A empresa de pedágio não se submetem, ao meu ver, às sanções aplicáveis às empresas de ônibus. Já seria bizarro o suficiente determinar a proibição da circulação de ônibus, mas envolver uma terceira categoria de empresas ultrapassa a questão.

Según lo que entiendo del artículo 12, independientemente de que contemple la suspension y prohibición, este no autoriza que la orden judicial sea dirigida a los proveedores de Internet. En una analogía posiblemente absurda, sería igual a decir que una orden judicial ordenara a las compañias de peaje impedir la circulación de los autobuses en vecindarios determinados donde han ocurrido crímenes dentro de los mismos. Las compañías de peaje no están sujetas a las mismas sanciones que se aplican a las compañías de autobuses. Será demasiado extraño exigir la prohibición de circulación de autobuses, pero involucrar a una categoría diferente de compañías sobrepasa el asunto.

Facebook, dueña de WhatsApp y con sede en Brasil, informó que no comentaría al respecto, ya que en su contrato, la compañía de redes sociales no es legalmente responsable por el servicio de mensajería.

Casos similares

En el 2007, un tribunal estatal de São Paulo demandó a YouTube eliminar de su sitio web un video íntimo de la actriz Daniela Cicarelli y su pareja. Debido a que YouTube declaró que sería imposible evitar la reproducción del mismo, el tribunal decidió bloquear el sitio web en el país, afectando a millones de personas. YouTube permaneció inaccesible por 24 horas. El recurso legal que se empleó fue el mismo: el juez ordenó a los proveedores de Internet bloquear el tráfico de los servidores de YouTube.

El año pasado se utilizó una estrategia diferente para bloquear Secret app (aplicación de secretos). Esta aplicación, creada para compartir secretos personales de forma anónima, fue utilizada sistemáticamente para acosar, con usuarios que compartieron nombres e intimades de otras personas. En este caso, el bloqueo se dirigió hacia app stores (Apple store y Google Play) en lugar de a las compañías telefónicas. En el caso de Secret app, se cuestionó su legalidad debido a que el anonimato está prohibido por la constitución brasileña. Además, esta aplicación no tenía disponible los términos y condiciones de uso en el idioma portugués, por lo que también contradice al Código de Protección al Consumidor.

En su momento, el juez estatal responsable por el fallo escribió en su sentencia:

“A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto, sendo inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados, que serão equacionados mediante uma ponderação de interesses, de modo a garantir o direito à honra, privacidade, igualdade e dignidade humana e, até mesmo, proteção da infância e adolescência.

La libertad de expresión no constituye un derecho absoluto, existen numerosas posibilidades en que esta práctica entre en conflicto con otros derechos fundamentales u otros intereses jurídicos colectivos constitucionalmente previstos, los cuales serían resueltos mediante el debate de intereses a fin de garantizar el derecho al honor, la privacidad, la igualdad, la dignidad humana e incluso la protección a la niñez y la adolescencia.

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