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Estudiantes creen que las reformas son insuficientes para arreglar el ‘Apartheid educativo’ en Chile

Student Protests in Chile (Ben Achtenberg)

Protestas estudiantiles en Chile (Ben Achtenberg).

Este artículo de Emily Achtenberg es una publicación conjunta de NACLA y The Indypendent. Se publicó originalmente el 3 de marzo de 2015, y se reproduce acá como parte un acuerdo para compartir contenidos.

Una nueva ley chilena prohíbe el lucro, costos de matrícula y admisiones selectivas en colegios privados de primaria y secundaria que reciben subsidios del estado —pero los estudiantes dicen que se necesita mucho más para reformar el sistema educativo más comercializado el mundo.

En febrero, la presidenta chilena Michelle Bachelet aprobó la ley de reforma educativa más significativa que el país ha visto en 30 años. Vigente luego de una batalla legislativa de ocho meses, la nueva ley gradualmente eliminará los lucros, costos de matrícula y admisiones selectivas en colegios de primaria y secundaria de propiedad privada que reciben subsidios del estado.

La muy esperada reforma de la educación —precedida por un aumento en el impuesto a la renta que recaudará ocho mil millones de dólares anualmente para educación y otros programas sociales— aborda una promesa clave hecha por Bachelet y su coalición de centro izquierda Nueva Mayoría durante la campaña electoral de 2013. Ha sido ampliamente elogiada como un gran paso hacia la reforma de un sistema educativo socio-económicamente segregado, un legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990). Según la ONG chilena Educación 2020, un actor clave en el desarrollo del paquete de reformas, “esta ley cambia el sistema educativo de la educación chilena, el más comercializado del mundo, transformando la educación de un bien de consumo en un derecho social”.

Como se preveía, la extendida batalla legislativa por la reforma educativa de Nueva Mayoría provocó fuerte oposición de los sectores conservadores. Pero el desacuerdo también viene de cuarteles menos esperados: el altamente organizado movimiento estudiantil chileno. “Esta no la reforma por la que nos movilizamos”, proclamó la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), que encabezó las manifestaciones masivas de 2011-13 que catalizaron demandas populares para reforma educativa y allanó el camino para la victoria electoral de Nueva Mayoría. “Hemos desperdiciado una oportunidad histórica para la reforma educativa, y también hemos perjudicado profundamente nuestra democracia”, dijo Gabriel Boric, uno de los cuatro líderes estudiantiles elegidos para el Congreso en 2013 (quien, sin embargo, votó a favor de la reforma).

Para apreciar estas perspectivas sorprendentemente discrepantes, las nuevas reformas educativas deben ser consideradas en un contexto histórico más amplio. La conversión completa del sistema de educación universal, gratuita, pública de Chile a un programa privatizado, liberalizado y de acuerdo a la demanda, que empezó en el régimen de Pinochet, fue consolidada por los posteriores regimenes democráticos. A nivel de primaria y secundaria, los colegios públicos han sido sistemáticamente debilitados por una estrategia de municipalización que genera niveles ampliamente diversos de financiamiento entre jurisdicciones, y por la creación de colegios privados que compiten con los públicos por subvenciones escolares del estado.

Hoy, mientras los colegios públicos desprovistos de recursos siguen disminuyendo en calidad, solamente el 37% de estudiantes chilenos están matriculados en esos colegios (comparado con el 80% que había en 1980). Los colegios privados con subsidios del estado (como los colegios privados subvencionados de Estados Unidos) es el sector de crecimiento más rápido, representan el 56% de las matrículas. De esos colegios, la tercera parte no tiene fines de lucro (principalmente, propiedad de instituciones religiosas) y las dos terceras partes tienen fines lucrativos. El restante 7% son privados sin subsidios del estado.

La mayoría de los colegios subsidiados con fines lucrativos también cobran matrícula, y seleccionan (y retienen) a los estudiantes de acuerdo con su condición socio-económica, puntajes en los exámenes y desempeño. Como resultado, cada estudiante compra la educación que puede pagar, y el 44% de los estudiantes —en gran parte de vecindarios pobres y aldeas— no completan la secundaria. Aun así, hasta en las instituciones más selectivas, los estudiantes rinden exámenes muy por debajo del promedio de los 34 países desarrollados que pertenecen a la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo (OECD, por su nombre en inglés), debido a la falta de controles de calidad de colegios, profesores y capacitación de profesores.

A nivel de la educación superior, el 80% de los estudiantes chilenos asisten ahora a universidades privadas o institutos técnicos. Estos colegios son los más costosos del mundo, con relación al ingreso per cápita. Los estudiantes pagan matrículas en las universidades públicas también, una situación relativamente única en Latinoamérica.

Aunque en teoría a las universidades chilenas se les exige funcionar como si no tuvieran fines de lucro, recientes investigaciones han documentado estrategias ilegales usadas para desviar fondos para beneficio privado, incluidos contratos de servicio y terrenos o arrendamientos de infraestructura con entidades relacionadas con fines de lucro. Las universidades también están muy separadas, con exámenes de admisión desventajosos para estudiantes pobres de colegios de secundaria de baja calidad que los envía a institutos “de escaparate”, donde cerca de la mitad abandonan los estudios con cargas de deudas muy altas. Los mejores colegios, incluidas universidades públicas con subsidio del estado, solamente están disponibles para estudiantes de una élite.

El resultado, según Educación 2020, es un sistema de “apartheid educativo” que está entre los peores del mundo. Refuerza y reproduce la desigualdad en un país que tiene la distribución de ingresos más desigual entre estados miembros del OECD (así como el mayor ingreso per cápita en Latinoamérica).

Las reformas de Bachelet, que buscan descomercializar la educación primaria y secundaria privatizada, están dirigidas a una parte de este sistema represivo. Se requerirá que los propietarios de colegios de primaria y secundaria con fines de lucro pasen a tener condición de sin fines de lucro, y que acepten estudiantes por sorteo en lugar de una selección discriminatoria. Las cuotas de matrículas serán reemplazadas gradualmente por cada vez mayores subsidios del estado.

Los estudiantes dicen que las reformas no son suficientes, y pueden quedar cortas incluso en satisfacer el objetivo fijado. Apuntan a resquicios que permitirán que los colegios “de bandera” conserven admisiones selectivas para hasta el 30% de sus matriculados. Los colegios sin fines de lucro también pueden tener acuerdos transicionales de arrendamiento con propietarios que buscan ganancia, con lo que se legitimiza que continúen las ganancias dentro del sistema educativo de primaria y secundaria a través de los mismos subterfugios que usan las universidad privadas.

Como anotan los estudiantes, la ley también autoriza nuevas formas de generar lucro, a través de préstamos con garantía del estado para financiar la venta de colegios con fines de lucro a operadores sin fines de lucro a su valor de mercado subsidiado (se descartó una propuesta anterior que permitía al estado adquirir esas propiedades, debido a presiones de la Iglesia Católica, que es propietaria de una significativa cantidad de colegios). La disposición responde, en parte, a una campaña de miedo montada por los oponentes conservadores de la ley, que incitó a los padres de familia aumentando el temor de cierres masivos de colegios privados en respuesta a la prohibición del lucro (un anuncio de periódico publicado en diciembre, decía en parte: “Se vende colegio subsidiado privado: 2.000 estudiantes, excelente infraestructura, buenos padres de familia, buenos profesores…”).

Los estudiantes también critican el programa de Bachelet por no lograr reestructurar el diezmado sistema escolar público municipal, mejorar capacitación de los profesores, establecer un control de calidad o abordar su pedido principal de educación superior gratuita, y universal. Bachelet ha prometido legislación adicional este año para lidiar con esos problemas, incluida educación universitaria gratuita para 2020, aunque se conoce pocos detalles por ahora.

Más fundamental es que la FECH y Gabriel Boric sostienen que las reformas aprobadas y contempladas a la fecha no rompen con la lógica del sistema educativo neoliberal, y hasta puede servir para reforzarlo. Engrandeciendo el sistema de subsidios, sostienen, las reformas continuarán con la competencia para la matrícula y los recursos entre colegios públicos y privados que ha destruido la educación pública de calidad. Ciertamente, Bachelet ha anunciado la actual reforma educativa, en parte, como un proyecto para aumentar la “opción escolar” retirando las barreras de costo y selectividad —aunque el sector público, bajo las condiciones actuales, no puede proveer una alternativa competitiva.

Lo que se necesita, según la FECH, es una completa renacionalización y regreso de la educación al sector público, con financiamiento basado en la necesidad institucional más que en la demanda. Esto contrasta fuertemente con las opiniones de Bachelet y Educación 2020, que avizoran el resultado final de las reformas de Chile más como un combinado público-privado sin fines de lucro, similar al de los Países Bajos o Bélgica, que sigue siendo de acuerdo a la demanda.

Camila Vallejo, exlideresa estudiantil ahora convertida en legisladora, ha tomado una postura más pragmática, y respalda el programa gradual de Bachelet como la manera más práctica de eliminar el lucro en la educación sin un masivo desembolso de los recursos del estado. Vallejo, que presidirá la comisión de educación en la Cámara de Diputados este año, estará en una posición clave para dar forma a la agenda educativa de Nueva Mayoría.

Se espera que la próxima batalla legislativa por la educación superior esté mucho más disputada que la lucha del año pasado. Su resultado estará fuertemente influenciado por la continua capacidad del movimiento estudiantil de articular y vincular demandas populares con un análisis estructural más amplio, usando las tácticas creativas (de tomas de colegios a “besos en masa”) que ya han movilizados a cientos de miles.

Actualmente, el movimiento estudiantil parece estar en una encrucijada. Aunque las manifestaciones masivas continuaron el año pasado después de que se anunciaran las reformas propuestas de Bachelet, la aprobación de la ley ha desmovilizado a algunos sectores y creado nuevos desafíos organizacionales.

El movimiento engloba diversas tendencias políticas, y continuamente lucha por definir su compleja relación la política electoral. Las recientes elecciones han dividido el liderazgo estudiantil entre facciones de izquierda (FECH) y derecha (Universidad Católica), donde la última se oponía a la nacionalización de todas las universidades. De otro lado, la FECH, la mayor organización estudiantil, ha unido con éxito a sus tres mayores circunscripciones políticas y está bien ubicada para liderar las siguientes batallas de 2015 (llamado por la FECH como “Año de Educación Superior”).

Aunque los estudiantes chilenos puedan ser reacios a sostener que las reformas de Bachelet como una victoria parcial, su experiencia está enseñando al mundo cómo los movimientos populares masivos pueden transformar la política del estado —aunque no puedan ganar todo de una vez— y lo difícil que es reformar verdaderamente el intrincado modelo neoliberal educativo.


Emily Achtenberg es planificadora urbana y autor del blog de NACLA Rebel Currents, que cubre movimientos sociales y gobiernos progresistas latinoamericanos.

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