La plataforma Méxicoleaks [1] despertó mucha expectativa y debate, no solo a causa de las posiblidades de denuncia que ofrece, sino también a través del debate sobre la libertad de prensa mexicana desatado tras los despidos [2] de la periodista Carmen Aristegui y sus colaboradores. En este sentido, Osvaldo Suárez, blogueando para Hablemos de Transparencia [3], cuestiona la falta de debate que ha habido sobre los riesgos ligados al posible mal uso de la plataforma Méxicoleaks [4] para los informantes y la sociedad en general. Asimismo, invita a reflexionar [5] de manera crítica sobre la responsabilidad del Estado en el asunto:
En cuanto a la protección de los informantes, el sitio señala que el anonimato no sólo se protege con tecnología, que en México, la Constitución reconoce la libertad de expresión y los derechos a la información y al secreto periodístico, por lo que los medios de comunicación tienen la obligación y el derecho de proteger la identidad de sus fuentes, incluso dentro de un procedimiento legal, es decir, la única garantía de protección para el informante es la confidencialidad de su identidad. Sobre este punto es importante enfatizar que, si bien es cierto, una de las mayores críticas a este tipo de sitios radica en la capacidad de proteger a los informantes, también es cierto que no es responsabilidad exclusiva de ellos, la protección a los whistleblowers es responsabilidad del Estado y de los poderes tanto públicos como privados.