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¿Extractivismo revolucionario en Bolivia?

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Marcha de La Via Campesina (Ian MacKenzie / Creative Commons)

Este artículo de Nicole Fabricant y Bret Gustafson fue publicado originalmente en el sitio web de NACLA.

En toda Latinoamérica el boom de petróleo, gas y extracción de minerales y exportación —extractivismo— ha intensificado el debate acerca de la compensación entre redistribución social e impacto sociomedioambiental. En países neoliberales donde los desalojos violentos se han intensificado, el extractivismo es más fácil de criticar. Aunque en Bolivia, donde el recién reelecto presidente Evo Morales habla de profundizar un proyecto socialista a través de lo que se puede llamar extractivismo ‘social’, se suele dejar a la izquierda ecológica en desacuerdo. El extractivismo social usa dinero (rentas) de las exportaciones de gas natural y mineral para mejorar infraestructuras públicas y aliviar la pobreza a través de políticas redistributivas. Esto coloca al estado en un rol económico clave y revierte, de alguna manera, dos décadas de neoliberalismo de libre mercado. Si una menor tasa de pobreza y 61 por ciento del país votando por Evo es algún indicador, el extractivismo con aspecto redistributivo tiene amplio apoyo popular.

Entonces, ¿qué hay que criticar? Los críticos han señalado que el extractivismo, aun con redistribución ‘social’, destruye la naturaleza, profundiza las políticas autoritarias y ahonda la dependencia en los mercados capitalistas globales. Los críticos acusan que el aparente boom del presente oculta la ausencia de una real visión económica para el futuro. En nombre de la Madre Tierra, arguyen, el extractivismo contribuye a rupturas de ecosistema inalterables como el calentamiento global. En contraste, los que defienden el extractivismo social sostienen que es meramente un instrumento de transformación económica, necesaria para abordar la pobreza en el presente y sentar las bases para una nueva economía y sociedad en el futuro. Comparado con regímenes neoliberales, Bolivia (y Ecuador) son social y medioambientalmente progresistas, con el estado usando rentas del gas y mineral para promover diversificación económica a través de la industrialización, nuevas economías locales y educación para un sistema de tecnología postextractiva. A pesar de la actual dependencia en el capital global, se sostiene, este es el camino hacia el socialismo del siglo XXI.

El debate ha tendido a quedarse estancado en torno a esta recorrida ruta, pero buscamos profundizar la conversación regresando nuestra atención a luchas de movimientos sociales —espacios clave a través de los cuales surge la transformación creativa. Reconociendo la apertura revolucionaria creada por el MAS, consideramos que el complicado nuevo terreno de género, las desigualdades sexuales, raciales bajo el MAS y la cuestión del “extractivismo progresista” deja desiguales la redistribución de tierras y el acceso a recursos en economías rurales, y explora el impacto del extractivismo en la escena laboral nacional. Por último, concluimos considerando el dilema de la participación y solidaridad norte-sur.

Tras revolución, ¿patriarcado?

El gobierno del MAS ha abierto espacio para la mujer, aunque el gobierno de Morales ha sido criticado por reproducir políticas patriarcales. El propio Morales a veces desliza modos de hablar machistas —bromeando, por ejemplo, sobre conquistar a los oponentes seduciendo a ‘sus’ mujeres. Pero las paradojas de género y sexualidad en el contexto del extractivismo van más allá de maneras de hablar o de la inclusión formal de la mujer. Ciertamente en el aspecto social y redistributivo, la amplia instalación de líneas de gas natural en hogares urbanos facilita la labor doméstica de la mujer. Las transferencias de dinero para salud infantil y materna, apoyo a los ancianos y subvenciones para escolares han contribuido al bienestar de la mujer.

En términos estructurales, las economías extractivas exacerban las desigualdades de géneros. Los regímenes extractivos, comparados con la manufactura y otras actividades económicas, generan relativamente pocos trabajos. La mayoría son trabajos semi y altamente capacitados que por lo general son para los hombres. Esto vuelve a poner a la mujer como dependiente de los ingresos del hombre, casi tanto como las transferencias de dinero que llegan a mujeres como madres y esposas. Y como redistribución, las transferencias son significativas pero pequeñas comparada con los gastos en el ejército, universidades, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Como estos gastos más significativos invariablemente se mueven a través de circuitos masculinos de circulación de renta, el mundo machista de trastienda, una política de apoyo azuzada por el alcohol —hombres que hablan de conquistar a otros hombres por medio de sus mujeres— cierra el círculo. Así, incluso después del neoliberalismo, el gas natural aviva una estructura económica y una política patriarcal que trabaja en contra de la igualdad de género.

La política del gobierno puede ejercer un contrapeso a estas fuerzas estructurales, si hay un verdadero compromiso para la ‘depatriarcalización’. Y, para tener la certeza, coincidiendo con los efectos estructurales del extractivismo, continúa una lucha ideológica en torno a la política de sexualidad liberadora. Consideremos el reciente debate sobre el aborto iniciado por un cuestionamiento de Patricia Mancilla, legisladora del MAS. Leyendo el pasaje de la Constitución sobre libertad sexual de la mujer, Mancilla demandó la despenalización del aborto. Siguieron dos años de debate público, enfrentando este desafío liberador contra una alianza de evangélicos, la Iglesia Católica, partidos de derecha y los autoproclamados hombres revolucionarias del MAS. Al final, la corte dictaminó contra la mujer. Contra este trasfondo, los movimientos feministas han renovado sus luchas, aunque algunos mantienen el apoyo crítico al MAS. Los problemas se extienden a los derechos LGBTQ, la violencia doméstica y el femicidio. En un reciente debate con el vicepresidente Alvaro García Linera, María Galindo de Mujeres Creando señaló la pobreza ideológica de muchos representantes del MAS, como el que igualó a los homosexuals con “enfermos mentales”. Tal como está, el proyecto revolucionario depende de alianzas menos que revolucionarias. Movimientos como Mujeres Creando se están difundiendo a la conciencia de los jóvenes a través de irreverencia pública grosera, teatro callejero, graffiti y medios. Otros movimientos indígenas dirigidos por mujeres como Bartolina Sisas de la organización nacional campesina también se están organizando en torno al género, los impactos de la extracción y agricultura a pequeña escala. Las mujeres líderes asociadas con CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo) han estado muy activas en conflictos por la minería y la carretera del TIPNIS, así como asuntos más amplios tales como la justicia climática. Estas articulaciones de género de lucha cultural y transformación político-económica son un punto crítico de solidaridad y creatividad para el cambio en curso.

Raza y etnia son también puntos de lucha. El muy anunciado apoyo de los derechos indígenas por parte de Evo Morales y la aprobación de leyes contra el racismo son un paso en la dirección correcta. En educación, el MAS ha dado pasos que son una acción afirmativa parcial. Pero el racismo institucional y las realidades diarias de microagresiones persisten. En las ciudades, la lucha antiracista se ha expandido por medio de los esfuerzos de jóvenes e intelectuales, incluidos los afiliados con el Observatorio del Racismo. En las regiones rurales, las organizaciones Indígenas, con algunas excepciones, apoyan ampliamente al MAS, pero también siguen luchando por derechos territoriales, autonomía y total participación como ciudadanos. De nuevo, la actitud muchas veces displicente hacia los pedidos Indígenas mostrado por la empresa nacional de petróleo y gas y algunos representantes del propio MAS reflejan un colonialismo alarmante y familiar que sigue inserto en el proyecto extractivo.

Trabajo

En la economía formal, la posición de los trabajadores ha mejorado claramente con el extractivismo social. El gobierno del MAS ha aumentado el sueldo mínimo, decretado doble bonificación de fin de año, y ha aumento los sueldos del sector público. Pero no todo es color de rosa. La continua charla del boom de gas natural y la fuerte situación económica del país tienden a aumentar las expectativas y las presiones inflacionarias que avivan demandas por aumentos salariales, sobre todo en trabajadores del sector público, el segmento más significativo de la economía ‘formal’. Disputas salariales anuales y huelgas —por parte de maestros, doctores, policía y oficiales del ejército— continúan. Aunque la la nacionalización restableció los sindicatos nacionales de mineros y de trabajadores del petróleo, la subcontratación sigue caracterizando las cadenas de producción del régimen extractivo. Los conflictos persisten entre el estado y los trabajadores de minas no estatales. La COB (Central Obrera Boliviana) es —dependiendo de los vientos políticos— a veces un aliado del MAS. Pero la COB sigue ocupándose de los asuntos de sueldos y pensiones en el sector formal, aunque la mayoría de los bolivianos —varios millones en verdad— viven sin acceso a un ingreso formal.

El gobierno habla de industrialización y nuevos trabajos. El crecimiento económico y la circulación de la renta han generado historias muy anunciadas, como los nuevos ricos de la burguesía aymara. No obstante, el crecimiento avivado por el extractivismo —80 por ciento de las exportaciones del país— es crecimiento de trabajo no calificado. Los segmentos no extractivos generadores de empleo del economía crecen más lentamente. Así, el porcentaje de trabajo en el sector ‘informal’ ha permanecido estable, en cerca del 65 por ciento, en la última década, dejando a la gente, sobre todo a los más jóvenes, luchando en gran parte como trabajadores precarios –recibiendo menos que un sueldo para vivir, sin pensiones, largas horas y trabajo inestable. Aunque el aumento de circulación de efectivo sin duda significa que la economía ‘informal’ puede también perciibr un impulso, las mujeres jóvenes en particular enfrentan un escenario más dificil. El trabajo organizado es un área medular de lucha que debe incorporar y movilizar a los jóvenes —sobre todo en los márgenes urbanos— como agentes clave de pensamiento transformativo y acción. De otra manera, en medio del extractivismo social, los jóvenes enfrentarán más del futuro imaginado para ellos por el neoliberalismo: como fuentes de trabajo barato y explotable, sujetos políticos útiles para movilización reaccionaria, o cuerpos excedentes que serán blanco de la criminalización.

Tierra, agua y el futuro del campo

El dilema del trabajo urbano se compone de la expansión de la agroindustria rural. El debate del extractivismo tiende a restar importancia a cómo los movimientos rurales sociales continúan las luchas por la tierra y economías y comunidades sostenibles. Globalmente, la Via Campesina (un organización campesina global) y el Movimiento de los Sin tierra de Brasil han resistido radicalmente la expansión de los cultivos de biocombustible (soya, azúcar), pues sostienen que lleva a mayor degradación medioambiental y desplazamiento de agricultores a pequeña escala. Aun así, la soya y el azúcar se están expandiendo en Brasil, Paraguay y Bolivia. Bolivia ha dado pasos para asegurar la soberanía alimentaria, pero los movimientos llaman a una reforma de tierras y nuevos modelos de agricultura, como agricultura orgánica a pequeña escala. Los movimientos están imaginando un orden socio-económico y político alternativo a través de la “resistencia personificada”. Antes de la consolidación del MAS en el poder, esto incluía ocupaciones del latifundio de baja producción. La autoeducación, la generación de conciencia y la autoorganización contribuyen a la búsqueda de acuerdos de agricultura agroecológicos alternativos.

El movimiento de los sin tierra en Bolivia ha adoptado el modelo brasileño y ocupado tierras en el este de Bolivia. Ahí algunos movilizan la idea del ayllu andino —patrones de tenencia colectiva de tierras y relaciones familiares— para reforzar la unidad. Contra las tácticas de la agroindustria para concentrar poder y riqueza, los activistas rurales esperan que las ocupaciones de tierra hagan surgir economías alternativas para reterritorializar el país, similar a los zapatistas. Muchas ideas de los Sin Tierra han llegado a la nueva Constitución boliviana. Pero los sin tierra bolivianos deben navegar una dinámica compleja con el MAS así como con las tensiones internas entre propiedad individual y colectiva. Los movimientos quieren seguir siendo independientes pero depender en el estado para acceder a semillas y tecnología, Y como con otras alianzas políticas, el MAS ha llegado una especie de tregua con la élite agroindustrial. Esto sugiere una continua expansión de la soya y la solidificación del modelo agroindustrial —todo ello mina los esfuerzos de una reforma radical de tierras, un terreno de luchas en curso.

Extractivismo en el terreno: ¿socialismo del estado, neoliberalismo en el cabezal del pozo?

De México a Chile, el debate del extractivismo se ha centrado más en movimientos contra o a favor de proyectos específicos. Por ejemplo, en el Perú los manifestantes en Cajamarca han rechazado la expansión de la mina de oro a cielo abierto a través de manifestaciones, bloqueo de carreteras y huelgas y han sufrido represión policial. En contraste, otras comunidades apoyan las industrias extractivas, pero exigen más regulación social y ambiental, mitigación y compensación. Pero ya sea a favor o en contra, la movilización de bases está reventando. No es de sorprender que en países como Colombia, Perú, México, Honduras y Paraguay hayan pasado a la militarización del extractivismo y la penalización de la resistencia. Pero incluso en Bolivia y Ecuador, algo de activismo de base se ha encontrado con violencia y un discurso de penalización. Estas luchas seguirán, aunque se les pueda mitigar con políticas redistributivas. Más importante aun, los movimientos se están expandiendo a problemas como agua, soberanía alimentaria y justicia climática. Están surgendo nuevas articulaciones —como el recién creado Partido Verde de Bolivia—. En asuntos de escasez de agua, los organizadores de base bolivianos en La Paz y El Alto están liderando el camino en cuestionar soluciones internacionales verticales y conectando con movimientos en otros países.

Las alternativas: Regresar al debate norte/sur

Como activistas, ¿podemos profundizar el debate en estos asuntos intercambiando conocimiento político y experiencia en el sur y en el norte? ¿Hay espacio para un antiguo modelo de solidaridad norte-sur? ¿O la lucha y el camino a seguir fluyen ahora en la otra dirección? Los movimientos del sur necesitan apoyo pues atraviesan el impacto de calentamiento global a diario. Más que seguir criticando el clamor de los bolivianos por los beneficios del gas, la lucha contra las industrias extractivas en el norte, en particular combustibles fósiles, es el lugar clave para empezar. Aquí, el desafío actual es también reforzar las conexiones entre desiguladades raciales y de género, desentrañar la democracia y el espacio público, y el extractivismo militarizado que degrada ambientes y penaliza la lucha. Mientras se expandien los movimientos #BlackLivesMatter y #Ayotzinapa, hay rescoldos de articulación de las marchas de clima global del pasado setiembre. El trabajo del movimiento para empalmar estos asuntos —como pasa en Bolivia y en otras partes del Tercer Mundo— es crucial. La COP 20 de diciembre de 2014 en Lima ha llevado a la no acción. El desafío será sostener y articular movimientos de base disruptivos y creativos en escenarios políticos contradictorios. En el caso de Bolivia, por paradójico que parezca, combatir los combustibles fósiles en el norte y emprender el potencial progresista de una especie de régimen socialista de exportación de gas natural en el sur —y actuar para profundizar la transformación— parece definir nuestro menos que directo camino político.
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Nicole Fabricant enseña antropología en la Universidad de Towson, y es autora de Movilizando a los desplazados de Bolivia: Política indigena y la lucha por la tierra (UNC Press). Bret Gustafson enseña antropología en la Universidad de Washington en St. Louis, y es autor de Nuevos idiomas del estado: Resurgencia indígena y la política del conocimiento en Bolivia (Duke University Press). También han coeditado el libro Recartografiando Bolivia: Recursos, indigeneidad y territorio en el estado plurinacional (SAR Press, 2011).

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