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Los #dinileaks generan debate sobre datos públicos y personales en Perú

Seguridad en la red. Foto de la cuenta en Flickr de Yuri Samoilov bajo licencia Creative Commons.

Seguridad en la red. Foto de la cuenta en Flickr de Yuri Samoilov bajo licencia Creative Commons.

El 30 de marzo pasado las bancadas de la oposición en el Congreso de la República lograron que se aprobara la moción de censura presentada contra la presidente del Consejo de Ministros Ana Jara, del partido oficialista, por “no haber investigado, denunciado y/o sancionado a quienes habrían cometido actos ilegales al interior de la DINI”. Pero más allá del contexto político en el que se dio esto, ¿Qué es la DINI y cuáles fueron los actos ilegales en los que incurrió?

La DINI o Dirección Nacional de Inteligencia (del Perú), es el organismo público rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y depende, funcionalmente, del Presidente de la República. Entre sus funciones establecidas, la principal es producir Inteligencia Nacional para el presidente y el Consejo de ministros.

En el 2011, ya en el gobierno del actual presidente Ollanta Humala, hubo denuncias de parte de un exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, de espionaje, seguimiento y chuponeo por parte de la DINI hacia su persona. La denuncia y posterior investigación no llegaron a nada por falta de pruebas.

En el 2013, en medio de pedidos de investigación a la DINI por el aumento de su partidas presupuestal secreta que en el 2011 fue de S/.9’493.264 y en el 2013 de S/.73’952.800, y que el gobierno negó se usaran para hacer seguimiento a la oposición o con fines electorales, un exministro denunció que la DINI mantiene una unidad de redes sociales que lidera los ataques en Twitter y Facebook a los adversarios políticos del gobierno. En dicha ocasión la comisión de inteligencia del Congreso concluyó que la DINI no estaba siendo utilizada con fines electorales.

Adicionalmente se supo que la DINI gastó casi S/.50 millones en un equipo de interceptación telefónica en 2013. El equipo fue adquirido a la empresa Verint Systems, con sede en Israel, también se pagaron S/.4 millones a Consitrade y Vsense Tecnologies, empresas del rubro de la seguridad en TIC.

El 15 de enero de este año la revista Correo Semanal publica una denuncia sobre seguimiento sistemático a miembros de la oposición por parte de la DINI, esta vez adjuntando fotos de videos y documentos a modo de prueba. Inicialmente la en ese entonces Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, negó el seguimiento. Luego, ante una comisión del Congreso especuló que el seguimiento sería hecho por alguna organización criminal y pidió que se ahondara en la investigación. Unos días después la propia Jara anunció el cierre de la DINI por 180 días para su reestructuración.

Pero eso no sería todo, el 19 de febrero un nuevo informe de Correo Semanal revelaba que la DINI armó expedientes de congresistas de la República con información obtenida de diversas entidades públicas (Registros públicos, migraciones, policía, poder judicial e información impositiva y bancaria). El 19 de marzo un informe más da a conocer que la DINI también había armado expedientes de políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos varios.

Ese mismo día el Congreso requirió la presencia de la Presidenta del Consejo de Ministros para que explique las nuevas denuncias. Ana Jara se presentó al día siguiente y durante siete horas respondió las preguntas de los congresistas. Ella pidió que la Fiscalía de la Nación investigue el tema e informó del relevo de los altos cargos de la DINI. Sin embargo la oposición no quedó convencida con las explicaciones de la primera ministra y presentó luego la moción de censura, con los resultados ya conocidos.

Los periodistas a cargo de la investigación pusieron a disposición del público en general una búsqueda en los archivos de datos popularmente llamados Dinileaks, que les fueron proporcionados por fuentes no reveladas, para que cualquiera pueda ver si se le hizo seguimiento o no. La etiqueta #Dinileaks también fue usada por la ciudadanía conectada para comentar al respecto.

La discusión sobre la legalidad o no de los seguimientos hechos por la DINI fue abordada por el abogado Erick Iriarte en el blog LexDigitalis. El opina que las instituciones de inteligencia deben crearse y actuar con el debido respeto de los derechos humanos, la constitución y las leyes vigentes. Al confrontar las acciones de la DINI contra lo que dice la ONU respecto a la recopilación de datos concluye que no se han realizado protegiendo a la población, ni sus derechos, ni los principios de Derechos Humanos.

En cuanto a si las acciones de recopilación de información van de acuerdo a las propias funciones de la DINI y la ley peruana de Datos personales, señala que:

bajo la premisa que las entidades publicas solo pueden realizar lo que explícitamente se indican en sus normativas, no hay bajo premisa alguna la recopilación, acumulación, gestión y/o manipulación de datos personales (puntual o masiva, como ha sido este caso) […] debemos añadir que, si como informo el congresista Victor Garcia Belaunde también se han recopilado datos de historias clínicas, el carácter de dato sensible de dichos datos, esto aumenta la gravedad de la violación de la ley de datos personales, por su protección especial que tienen, dado que estos datos pueden configurar instrumentos de discriminación.

Javier Casas, otro abogado, enfoca el tema desde la óptica de los datos públicos. ¿Por qué sería ilegal para el estado recolectar y examinar datos públicos si algunas ONG lo hacen, por ejemplo en el contexto electoral? porque en ese caso se trata solamente de funcionarios públicos y políticos, y no de personas comunes y corrientes. Esto, según Javier, demuestra el “descontrol y la falta de calidad de la DINI para realizar esta labor”. Luego sigue reflexionando sobre la actividad de recolección de información pública.

Ni para el periodismo de investigación ni para quienes producen inteligencia en otros ámbitos hay buenos y malos a priori, más bien es en este espacio donde se pone en evidencia a los sospechosos y luego el sistema de justicia y la policía se encarga de ellos. Pero, por eso mismo, en todos estos casos debe haber controles y rigor. Si de inicio argumentamos que estamos violando la privacidad de las personas por el empleo de esta técnica investigativa, le estamos diciendo adiós al periodismo de investigación del siglo XXI y a la producción de inteligencia eficaz, más aún si se trata del procesamiento de información pública. Ello de ningún modo significa abdicar de la protección del derecho a la privacidad o al honor, sino, más bien, pensar en donde, en qué etapa del proceso, establecer los controles para garantizarlos sin restringir de manera ilegítima el interés público, la defensa nacional o la lucha contra la delincuencia organizada.

Habrá que esperar los resultados de la reestructuración de la DINI para saber si su actividad de recopilación de inteligencia se adecuará al correr de los tiempos y al respeto a los DDHH y la privacidad de las personas.

Post publicado originalmente en el blog Globalizado.

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