Un día después que el Consejo Nacional para la Paz y el Orden derogase la ley marcial en Tailandia, oficiales militares arrestaron supuestamente a 22 estudiantes de la Universidad Princesa de Naradhiwas en la provincia, dividida por el conflicto, de Narathiwat.
La Federación de estudiantes y jóvenes de Pattani (PerMAS) emitió una declaración, en la cual exigen la liberación inmediata de los detenidos y solicitan a la junta militar eliminar la ley marcial que aún prevalece en Pattani, Yala y Narathiwat, denominados comúnmente como el «recóndito sur», donde habitan la mayoría de musulmanes.
Las provincias del sur han sido azotadas por la insurgencia, la pobreza y la militarización excesiva durante la última década. El conflicto ha afectado las vidas de muchos civiles, quienes son acusados frecuentemente por las tropas del gobierno por empatizar y apoyar a la fuerza rebelde.
Entre tanto, Free Voice, programa de comunicación coordinado por estudiantes de Pattani, informaron a Global Voices que los estudiantes fueron arrestados durante una persecución militar que se llevó a cabo en varios dormitorios estudiantiles en el Hospital Narathiwhat Rajnakharin, Kampong Tako’, Escuela Polytenic y Lorong Narakul.
Según Free Voice, los estudiantes y jóvenes han estado expresando sus preocupaciones respecto a la seguridad de los detenidos. Muchos han intentado reunirse con y apelar ante oficiales del ejército para su liberación. También indicó que 11 de los 20 estudiantes se encuentran reclusos, por las autoridades, en el campamento militar Julaporn, el campamento militar Kaotanyong y el campamento Pileng.
Cuando se preguntó sobre las reacciones del público, Free Voice indicó que la comunidad ha recibido apoyo de Bangkok y de otros países vecinos:
We see a small but growing movement for justice as far as Aceh, Indonesia and Malaysia. We hope to see more calling for the freedom of our fellow students.
Observamos un pequeño pero creciente movimiento de justicia desde Aceh, Indonesia y Malasia. Esperamos ver más llamados por la libertad de nuestros compañeros.
Muchos residentes, particularmente la comunidad musulmana, se sienten excluidos social y económicamente de las otras provincias. Las violaciones a los derechos humanos y las intimidaciones que experimentó la comunidad, junto con los arrestos recientes, pueden que propicien el proceso de un diálogo de paz próximo entre los insurgentes y la junta militar.