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Premiado periodista enfrenta juicio en Angola por su investigación «Diamantes de sangre»

Categorías: África Subsahariana, Angola, Portugal, Derechos humanos, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, GV Advox

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Jonathan McCully colaboró con este informe.

El pasado mes de marzo, Rafael Marques de Morais recibió el Premio de periodismo a la Libertad de Expresión de Index on Censorship [1] por una obra de investigación periodística impactante, original y solida sobre Angola, su país de origen. Y el 23 de abril tuvo que enfrentarse a un juicio por múltiples cargos de difamación criminal debido a su trabajo como periodista.

En su discurso de aceptación, Marques de Morais habló de su creencia en el «poder de la solidaridad» y dedicó el premio a Eskinder Nega y Reeyot Alemu colegas en Etiopia, [2] quienes en la actualidad se encuentran en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Marques de Morais ha sido un destacado periodista de investigación en Angola durante más de dos décadas, trabajando tanto para medios nacionales como internacionales [3], así como en su propia web de noticias de investigación, Maka Angola [4]. El motivo del juicio es el libro Diamantes de sangre: la corrupción y tortura en Angola, que se ha proclamado no sólo como una pieza seria del periodismo de investigación, sino también como un importante trabajo de documentación sobre los derechos humanos. El libro documenta numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por generales militares angoleños en el curso de las operaciones mineras de extracción de diamantes en el país, aportando un poco de luz sobre un sector de la economía angoleña del que a menudo no hay mucha información. Como resultado de sus informes sobre estos asuntos, Marques de Morais enfrenta una demanda por daños y perjuicios que asciende a un  total de 1,6 millones de dólares y nueve años de prisión; un castigo excesivo por informar y denunciar a la opinión pública de las graves violaciones de derechos humanos. El  juicio comenzará el 23 de abril en el Tribunal Provincial de Luanda, en Angola.

Condenas previas por informes críticos

Para Marques de Morais esta forma de opresión no es nueva. A lo largo de 1999 y en tres ocasiones escribió artículos bastantes críticos sobre el  presidente Dos Santos en el diario independiente angoleño Agora, en los que se afirmaba que el presidente era responsable de la «destrucción del país» y lo culpaba por la promoción de la incompetencia y la corrupción en la vida política. Marques de Morais fue encarcelado durante 43 días sin cargo, procesado posteriormente y finalmente declarado culpable por «delito de injuria» hacia el presidente, lo que le supuso una condena condicional de seis meses de prisión y el pago por daños y perjuicios.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [5]argumentó que la gravedad de estas sanciones criminales «no puede considerarse una medida proporcionada en relación a la gravedad del delito, como es el proteger el orden público o el honor y la reputación del presidente, una figura pública que como tal está sujeta a las críticas y la oposición.»

2015 Index on Censorship award winners. Rafael Marques de Morais, Safa Al Ahmad, Amran Abdundi, Mouad “El Haqed” Belghouat (GV Advox member) and Tamas Bodoky of Atlatszo. Photo by Alex Brenner for Index on Censorship. [6]

Ganadores de los Premios 2015 de Index on Censorship. Rafael Marques de Morais, Safa Al Ahmad, Amran Abdundi, Mouad “El Haqed” Belghouat (miembro de GV Advox) y Tamas Bodoky de Atlatszo.  Foto de Alex Brenner cedida por Index on Censorship.

Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola

Durante la década de 2000, Marques de Morais investigó el comercio de diamantes en Angola y destapó los abusos a los derechos humanos en la región de Lunda. En 2011, publicó Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola en Portugal. El libro detalla los homicidios denunciados, la tortura, la intimidación y el acaparamiento de tierras que sufrieron los habitantes de las zonas mineras de diamantes de la región de Lunda durante un periodo de 18 meses. Incluye informes sobre 500 casos de tortura y 100 homicidios nuevos. Según el libro, los guardias de una empresa de seguridad privada y generales de las fuerzas armadas angoleñas fueron cómplices de estos abusos.

En noviembre de 2011, Marques de Morais presentó una denuncia penal en Luanda, en la que acusaba a nueve generales angoleños de crímenes de lesa humanidad y corrupción en conexión con las actividades mineras de diamantes que habían tenido lugar en la región de Lunda. Pero la fiscalía se negó a aceptar el caso, argumentando que la información proporcionada por las víctimas era «inútil» y que «no habían aportado ninguna información nueva» más allá de lo que ya habían comunicado a Marques de Morais para su libro.

Proceso Penal en Portugal y Angola

En 2012, un grupo de generales angoleños presentó en Portugal una denuncia penal por difamación contra Marques de Morais por el libro. El 11 de febrero de 2013, para insatisfacción de los generales que hicieron la denuncia penal, la fiscalía portuguesa optó por no seguir el asunto [7] y afirmó que la intención de Marques de Morais «era claramente informar, pero no ofender». En marzo de 2013, los generales presentaron una demanda civil ante el Tribunal de Lisboa exigiendo la indemnización de 400.000 dólares por las supuestas declaraciones difamatorias en el libro.

Mientras que los procedimientos civiles en Portugal estaban todavía en curso, el 3 de abril de 2013 se convocó a Marques de Morais para ser interrogado por la unidad de crimen organizado de la policía nacional en Luanda, en Angola. La convocatoria se hizo sin una orden judicial, fue interrogado sin presencia de un abogado y no se le informó de la naturaleza de las pruebas que se habían reunido en su contra. Después de una serie de encuentros irregulares y convocatorias con la fiscalía, se informó a Morais que el juicio debía tener lugar en diciembre de 2014. Finalmente, las autoridades angoleñas reprogramaron la fechas de la audiencia en un aparente intento de disuadir a los observadores extranjeros y miembros del público de asistir a la misma.

Angola deber respetar la carta africana sobre derechos humanos

Al final de 2014, la Corte Africana de Derechos Humanos [8] y Derechos de los Pueblos dictaminó que las sanciones privativas de libertad que supusieran una interferencia y detrimento de la libertad de expresión sólo podrían aplicarse  bajo circunstancias muy limitadas, como la incitación al odio o la violencia. Asimismo, declaró que todas las sanciones que fueran de naturaleza criminal, incluyendo multas civiles, debían ser justificadas y en proporción al delito en cuestión.

Las autoridades angoleñas buscan castigar a Marques de Morais bajo las leyes de difamación penal, lo que que representa una clara afrenta al derecho a la libertad de expresión. Este derecho está reconocido por el artículo 9 de la Carta Africana que vincula a Angola, según la interpretación de la Corte Africana. Marque de Morais no sólo se enfrenta a una pena de prisión de nueve meses por informar sobre cuestiones de interés público, sino que además no hay ninguna razón legítima para justificar una condena tan dura por parte de las autoridades.

El caso Marques de Morais es un claro ejemplo de la campaña permanente en Angola de enjuiciar a aquellos que ejercen su derecho a la libertad de expresión periodística con fines legítimos. Su historia pone de relieve las sanciones penales, a menudo desproporcionadas, en que pueden incurrir quienes pretenden denunciar los abusos contra los derechos humanos y la corrupción en Angola. Esperamos que la Corte angoleña respete sus compromisos bajo el artículo 9 de la Carta Africana cuando se oiga el caso el 23 de abril de 2015. Pero también somos conscientes que la posición de Marques de Morais sigue siendo bastante precaria.

Jonathan McCully es oficial de proyectos y casos de apoyo en  la Iniciativa de Defensa Legal en los Medios (MLD), una organización de apoyo legal a nivel mundial que ayuda a los periodistas, blogueros y medios de comunicación independientes a defender sus derechos apoyándoles con ayuda financiera y asistencia en los juicios. Nani Jansen [9] es la directora jurídica de MLD.