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Comunidad indígena en México organiza caravana nacional “por el agua, el territorio, el trabajo y la vida”

Caravana

Imagen oficial de la Caravana. Imagen tomada del blog con el que se organiza.

Una vez más, las luchas por la preservación de la tierra y de los recursos naturales y humanos tienen lugar en México, donde la tribu Yaqui busca la reivindicación de sus derechos frente al Estado mexicano. Con ese objetivo, el 11 de mayo, dio inicio la “Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida”.

La caravana emprenderá, a lo largo de 11 días, tres rutas distintas en las que recorrerá alrededor de 75 localidades y ciudades a lo largo del territorio mexicano y culminará en la Ciudad de México el 22 de mayo. De acuerdo con la convocatoria, durante su recorrido:

 Se llevarán a cabo acciones, asambleas, foros, y conferencias de prensa para visibilizar las innumerables luchas que están creciendo frente a la imposición corrupta y violenta de acueductos de trasvase, minería tóxica, fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, autopistas, la devastación de los bosques, la urbanización salvaje, la privatización de la energía y los sistemas de agua, la contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos.

En la invitación a la Caravana, hecha para YouTube, pueden verse las rutas y otros datos:

Esta iniciativa forma parte de los distintos esfuerzos que la comunidad Yaqui ha emprendido en defensa de sus recursos naturales, particularmente desde 2010 cuando el gobierno del estado de Sonora inició la construcción del acueducto “Independencia” sin consultar a la comunidad indígena, que depende social, económica y culturalmente del afluente del río.

La construcción del acueducto derivó en una batalla jurídica que el pueblo Yaqui emprendió ante el Estado desde hace cuatro años, y cuyo contexto se complica con el paso del tiempo. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el acueducto continúa operando a pesar de que la comunidad obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia en 2013, el cual ordena su suspensión y precisa que se realice un proceso de consulta a la comunidad indígena, antes de continuar con su funcionamiento. Sin embargo, tal como lo refiere el comunicado del CEMDA:

… el proceso de consulta se encuentra detenido puesto que la Semarnat no ha entregado a la comunidad el informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que debieron de haber sido realizados como parte del proceso de consulta, por lo que la Tribu no ha recibido elementos suficientes para tomar una decisión informada.

La sentencia de la Suprema Corte contiene elementos inéditos y muy relevantes en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sobre todo, establece la importancia de que cualquier autoridad que pretenda realizar un proyecto en donde exista esta posibilidad de afectación realice una consulta al pueblo indígena.

El medio de comunicación alternativo Más de 131, explora más a fondo las aristas de dicho proyecto, y también cómo el gobierno del estado busca defender la idea de que el acueducto impacta positivamente en la vida de las y los sonorenses, a la vez que desestima a la tribu Yaqui por oponerse al mismo:

El gobierno utiliza la sed para responder públicamente a las acciones tomadas por los yaquis, que se resumen en hablar de progreso para las mayorías. […] Con este fin el gobernador ha declarado que “se trata de los intereses políticos de algunos grupos”, en referencia a la oposición al acueducto. Queda claro que los buenos ciudadanos de Sonora deben verlo como un triunfo.

Y continúa con argumentos que debilitan aquellos presentados por las autoridades:

En el discurso yaqui, la escasez de agua ha sido exagerada por el gobierno al someter a la gente de Hermosillo a un sistema de tandeos en los que se limitaba el agua por horas sin necesidad real. También se menciona la persecución de las presas ilegales como una forma para aliviar este problema. Se menciona que existen mantos acuíferos que pueden aliviar el problema del agua de la capital del estado sin tomar agua del Rio Yaqui. Además de todo esto, el agua que traerá el acueducto no es para las colonias populares, se trata de una estrategia para facilitar proyectos inmobiliarios, con más de 10,000 hectáreas susceptibles a fraccionar.

 

Detenciones de líderes comunitarios y procesos legales dudosos

 

En 2014 la situación se agravó aún más con el arresto de los líderes Yaquis Mario Luna y Fernando Gutiérrez Jiménez, los cuales enfrentan un proceso penal altamente cuestionado. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez explica las sospechosas circunstancias del arresto, que se remontan a una orden de detención emitida en 2013 en contra de los líderes indígenas, por su presunta implicación en un crimen en contra de Francisco Antonio Delgado Romo, quien se encuentra vinculado al gobierno estatal. Al momento del arresto, Amnistía Internacional publicó las razones de su preocupación ante dichas detenciones:

Se teme que la causa pueda ser de motivación política, por su destacado papel en las protestas contra un acueducto que afecta al acceso al agua de la comunidad indígena Yaqui.

A pesar de que ambos activistas han obtenido sentencias favorables, donde se reconoce que no existen elementos en su contra, a la fecha continúan presos. Tal situación dio origen una petición en donde se exige a la autoridades su liberación inmediata.

De esta manera, la lucha por la justicia del pueblo Yaqui está lejos de concluirse, tal como el blog Namakasia, Solidaridad con la Tribu Yaqui lo muestra.

Más información sobre la Caravana puede encontrarse en su página web. Así como en las cuentas de Facebook y de Twitter que se crearon para establecer un vínculo con el movimiento. A través de estos medios, además de compartir actualizaciones sobre la Caravana, los líderes de la comunidad y sus aliados subrayan también la importancia de sumarse a la iniciativa en busca de un frente de acción colectiva de cara a los movimientos que afectan la vida y el progreso de las comunidades indígenas mexicanas.

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