¿Ve todos esos idiomas arriba? Traducimos las historias de Global Voices para que los medios ciudadanos del mundo estén disponibles para todos.

Entérate más sobre Traducciones Lingua  »

Un preso político en el Brasil democrático (parte 2)

igor-lustosa

Acto en Río de Janeiro contra el aumento de los pasajes del transporte público en la Av. Presidente Vargas pide la liberación de Igor el 16 de enero de 2015. Foto: Ellan Lustosa (CC-BY-ND).

Este reportaje fue producido por Anne Vigna, de Agência Pública, y publicada originalmente en su página web. Se reproduce en Global Voices en dos partes gracias a un acuerdo de republicación. Lea la primera parte.

La prisión de Igor

Contra Igor Mendes solo existe el testimonio de Felipe Braz: cuando los policías fueron a su casa para detenerlo el 12 de julio no encontraron nada que lo comprometiera. Llevaron un libro, una gorra y un celular viejo. Permanecieron cuatro horas con su madre, que estaba sola en la casa (Igor había salido), interrogándola de manera completamente ilegal.

“En este momento, no conocía a nadie del movimiento. Los policías investigaron la casa, me mostraron fotos, me amenazaron a causa de mis negativas”, cuenta hoy la madre de Igor. Desde ese día, Jandira Mendes está en tratamiento psicológico, diagnosticada con síndrome de pánico.

Ella fue la única pariente de los presos amenazada por los policías, pero “casi todos los padres siguen despertándose cada mañana con el miedo que sintieron el día 12 de julio de 2014 al encontrar a la policía en casa”, dice otra madre. Los padres se reunieron en un colectivo para tratar de entender lo que sus hijos hicieron mal: “Nos tomó un tiempo entender que solo estaban luchando por una sociedad mejor, lo que normalmente está respaldado por la Constitución”.

Igor fue finalmente detenido el 3 de diciembre de 2014 por no respetar las medidas cautelares (tenía prohibido participar en reuniones públicas) impuestas por el habeas corpus obtenido por su abogado en julio de 2014. Participó en un festival cultural del Día del Profesor (15 de octubre) en Cinelândia. Igor estuvo 42 días preso en el “triaje”, hasta el 15 de enero de este año. Permaneció solo en una celda, sin poder ver a su familia ni a su abogado, ni recibir ningún papel, incluso libros.

“Fugitivas”

Lutosa

Manifestante con el rostro protegido durante una protesta. Foto: Ellan Lustosa (CC-BY-ND).

Elisa de Quadros es considerada hoy “fugitiva” de la Justicia. Después del arresto de Igor, ella, que había participado en el mismo festival, desapareció, así como otra rea del mismo proceso, Karlayne Moraes da Silva Pinheiro. Mientras que Igor solo aparece en el tomo 3 de la investigación con la declaración de Felipe Braz, Elisa —que se volvió conocida con el apodo de “Campanita”— consta en la investigación desde el comienzo. La revista Veja la eligió como símbolo del “black bloc” carioca desde las primeras manifestaciones de 2013, lo que llamó la atención de la policía.

Elisa también fue considerada líder del movimiento por parte de la policía porque, aparte de Felipe Braz, Anne Josephine Rosencrantz la denunció. Felipe declaró que Elisa decidió quemar un autobús cuando estaba en una barraca del movimiento “Ocupa Câmara”, mientras que Anne Josephine dijo haber oído a Elisa “mandando a los manifestantes a buscar tres galones de gasolina” para incendiar la Cámara.

¿Quién es Anne Josephine? Una chica de 21 años que salía con un joven que se convertiría en novio de Elisa durante las manifestaciones. Anne Josephine descubrió el romance a través de una foto de las manifestaciones publicada en la prensa. Una escena de telenovela que sería graciosa si no fuera trágica.

Felipe y Anne Josephine no dudaron en identificar a los líderes: Igor y Camila en la FIP, Elisa en el movimiento “Ocupa Câmara”; en cambio la PM no tuvo la misma suerte al buscar líderes para poder negociar la retirada de la ocupación. Durante una audiencia sobre “el derecho a la manifestación” el 28 de abril pasado, el coronel Rocha, que comandaba el Batallón de Choque de la PM en octubre de 2013, explicó sus dificultades en contactar al movimiento: “como no había líderes, no sabíamos con quién negociar”.

En sus alegatos finales, el fiscal Leonardo Barbosa señala dos hojas encontradas en la casa de Elisa con la frase “atacar predios públicos” como prueba de las acusaciones contra los 23 sospechosos. Pero en realidad esas hojas no existen, según el abogado Marino D’Icarahy: “el Ministerio Público [Fiscalía] fue poco cuidadoso al verificar las pruebas. Las hojas están mencionadas en un informe policial, pero no existen como prueba material”.

Y aquí vamos a la explicación sobre las bombas citadas en la investigación. Cuando Camila fue detenida, la policía afirmó haber encontrado en su habitación una bolsa con “dos bombas de fabricación casera”. Llama la atención, sin embargo, la falta de cuidado de la policía con esa prueba. En lugar de realizar el peritaje en el instituto especializado en criminalística (el Instituto de Criminalística Carlos Éboli, ICCE), la policía presentó un informe hecho por la Policía Civil el mismo día 12 de julio, lo que invalidaría la prueba ante la Justicia.

¿Por qué no tomar todas las precauciones con esa, que sería la prueba de la violencia? Esas bombas ya ni siquiera existen. Como explica el informe, “después de analizado el material, fue destruido en vista del peligro que representa su almacenamiento”. Todas las solicitudes de entrevista para este reportaje a la Policía Civil, al juez y al fiscal fueron negadas.

Abogados activistas

Otro aspecto que llama la atención en la investigación es la predisposición negativa de la policía en relación a los “abogados activistas”, en particular contra el Instituto de Defensores de Derechos Humanos (IDDH). Fueron investigados, monitoreados en Facebook, se les intervino los teléfonos, hasta que, por fin, lograron encausar a una abogada con base en una declaración plagada de errores hecha por un policía infiltrado.

Desde las primeras páginas de la investigación, el IDDH es puesto como sospechoso. Primero afirman que sus abogados son “militantes políticos ideológicamente alineados con acciones extremas”. Como prueba de tal afirmación, anexaron fotos extraídas de la página de Facebook de la abogada Luiza Marinho en reuniones con militantes del PSOL (Partido Socialismo y Libertad, de izquierda [N. del T.]), un partido legalmente constituido.

Otra “prueba” presentada es un reportaje de la revista Veja que cita una donación en dinero —declarada y oficial— del IDDH a la campaña de Marcelo Freixo (PSOL). A partir de estos “elementos”, la Justicia autorizó la interceptación de tres teléfonos del instituto. Los abogados alegan que siguen con sus teléfonos intervenidos, ahora de manera ilegal.

Eloísa Samy, de 46 años, es la única abogada procesada por la Justicia hasta el momento. Militante de derechos humanos hace más de 20 años, acepta haber participado en las manifestaciones, primero como ciudadana y después como abogada.

“Al comienzo de las manifestaciones de junio de 2013, participé como ciudadana. Pero el día 20 de junio hubo una manifestación de más de un millón de personas en una marcha en la avenida Presidente Vargas. Allí, llegando al final, cerca de la alcaldía, los manifestantes fueron atacados y perseguidos por las tropas de choque de la PM por más de 5 km hasta el barrio de Lapa. Hubo gente que quedó sitiada por la PM en dos universidades federales. La PM cortó la luz de esas dos instituciones y los policías montados se quedaron en la puerta. Ese día me hizo decidir que sería más útil como abogada que como manifestante”.

Contra Eloísa la policía presentó la declaración del policía Maurício Alves da Silva, infiltrado declarado en las manifestaciones, que dijo haber grabado todo en video. Según el policía, “el día 13 de junio” (en realidad 12 de junio), dijo haber oído a Eloísa decir “que estaba en la hora de comenzar la confusión” y que ella “daba órdenes para que los Black Blocs practicaran actos de violencia”. De allí se concluyó que la abogada era líder de la manifestación. Solo que ese día la manifestación fue pacífica. Y justo ese día el policía infiltrado no filmó nada.

Fernanda Vieira, abogada del colectivo Mariana Criola, que defiende a seis de los 23 reos del proceso, dice: “sería muy largo enumerar todas las críticas que le tenemos a esa investigación. Por ejemplo, uno de los reos no es citado por nadie. Solo habría una foto de él con otro reo en Facebook; el Ministerio Público dice que estaba armado; en realidad, era una espada de juguete. Eso nos preocupa mucho, el Ministerio Público no verificó nada. Consideramos que existía una presunción de responsabilidad, de atrapar a unos militantes para desmovilizar el ánimo de las manifestaciones”.

Otro punto crucial: aunque los 23 reos son acusados de “asociación criminal agravada por uso de arma” (además de que Camila y su novio fueron acusados de posesión de explosivos), no aparece arma alguna en la investigación, con una única excepción: en la casa de dos reas (hermanas), había un arma que pertenece a su padre, guardia de seguridad privada, que tiene autorización para su porte. Pero es una de las graves lagunas de la indagación que mantienen a Igor en prisión y a Elisa de Quadros Pinto Sanzi y a Karlayne Moraes da Silva Pinheiro, que tuvieron decretada la prisión preventiva, en la condición de fugitivas de la Justicia desde diciembre de 2014.

Inicie la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor trate a los demás con respeto. Comentarios conteniendo ofensas, obscenidades y ataque personales no serán aprobados.