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¿Qué hubo detrás de las polémicas elecciones en El Salvador?

Ciudadano votando en las elecciones presidenciales de El Salvador de 2009 (Amber / Creative Commons).

El artículo original, escrito por Angeles Rodríguez-Domínguez, fue publicado en el sitio de NACLA.

Pasada la medianoche en Nejapa, El Salvador, los trabajadores del centro de votación de la escuela Jose Matías Delgado que comenzaron su exhaustiva labor a las 5 de la mañana, aún continuaban discutiendo sobre cómo completar las nuevas planillas que forman parte del proceso electoral. Estas escenas se repitieron a lo largo del país durante las elecciones del 1 de marzo.

Los ciudadanos se acercaron a las urnas con tranquilidad para elegir alcaldes, representantes de la Asamblea Legislativa Nacional y legisladores del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La apertura tardía de las urnas, las denuncias por compra de votos en áreas rurales y las confrontaciones entre votantes o entre el personal electoral no impidieron el ejercicio activo del voto a lo largo del país. Según delegaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), que observaron los comicios, el proceso se llevó a cabo con total transparencia.

¿Entonces por qué se tardó casi un mes en obtener los resultados con uno de los sistemas más democráticos y transparentes de la región? La respuesta puede encontrarse en el papel que jugaron las intervenciones de la Corte Suprema de la nación.

El camino a las elecciones y los polémicos fallos de la Corte Suprema

A medida que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue consolidando su poder ejecutivo y legislativo, la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de la nación ha demostrado una creciente lealtad hacia la derecha política de El Salvador. La Corte ha emitido una serie de fallos polémicos para debilitar las elecciones y restringir las decisiones legislativas.

En 2013, la Cámara Constitucional declaró que la elección de Salomon Padilla, juez presidente de la Corte y de la Cámara, era inconstitucional, porque había pertenecido al FMLN. Un año más tarde, la Cámara decidió lo mismo para Eugenio Chicas, el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y miembro de la comisión política de FMLN. En ambos casos, la Corte aseguró que la afiliación al partido comprometía su desempeño y determinó que las personas afiliadas a un partido no podrían formar parte del TSE ni de otras cortes nacionales. Por dos décadas, los funcionarios de la Corte habían sido miembros de partidos políticos, lo que hizo que estas dos resoluciones tuvieran un cierto tinte político, ya que se emitieron cuando el FMLN ascendió al poder y meses antes de las elecciones.

Antes de las elecciones de 2015, la Cámara había transformado el sistema electoral del país. Desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1992, El Salvador ha contado con un sistema multipartidario polarizado entre la izquierda y la derecha. Esta disposición no había sido cuestionada por el partido de derecha Alianza Republicana Nacional (ARENA), hasta que perdieron las elecciones de 2009. Desde ese momento, la derecha de El Salvador ha presionado para reformar el sistema electoral, y algunas reformas fueron aprobadas por la Corte Suprema.

En 2012, la Corte ordenó a la nación reemplazar la lista cerrada de candidatos por una lista abierta, para permitir a candidatos independientes postularse por primera vez. Sin embargo, el fallo mas polémico fue publicado tres meses antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2014. Este fallo permitía el voto cruzado de partidos. Anteriormente, los ciudadanos votaban por el partido que preferían simplemente eligiendo la bandera del partido, ya que solo aparecían los logos en las boletas y no las fotos de los candidatos.

La nueva forma de votación permite a los votantes seleccionar candidatos individuales de distintos partidos y no votar por un solo partido con una lista fija de candidatos. Los que impulsaron la reforma sostenían que votar por un candidato individual es un derecho básico y contribuiría al pluralismo político. Felix Ulloa, un jurista a favor del sistema de voto cruzado, afirmó que la decisión es “positiva para todos. Los ciudadanos recuperan su libertad, los funcionarios elegidos tendrán el apoyo de la gente y todos ganamos la pluralidad de opiniones”. La resolución se publicó cuando el TSE ya había convocado oficialmente a elecciones, creando, según una delegación de la OEA, caos administrativo y demoras que resonaron hasta el recuento final.

Los candidatos de derecha realizaron campañas más individualizadas, financiadas por ellos mismos y separadas de las campañas de otros candidatos del mismo partido. Por el contrario, la estrategia del FMLN consistió en pedir a sus seguidores que voten por el partido como símbolo de plataforma plítica y en realizar una campaña unificada.

Después del polémico fallo de noviembre, los jueces declararon que no tomarían más decisiones electorales respecto a las elecciones del 1 de marzo. Sin embargo, nueve días antes del día de las elecciones, la Cámara Constitucional emitió un comunicado donde establecía que aunque los votantes podían elegir votar por las banderas de los partidos, esos votos no serían contados como votos preferenciales para la lista de candidatos del partido. La medida, sin precedentes, estaba directamente apuntada al FMLN, dado que fue el único partido que pidió a sus seguidores que marcaran la bandera del partido. Con este fallo, además, los confundidos votantes consideraban que marcar la bandera del partido hacía que el voto fuera inválido, un malentendido que fue publicado en todos los medios masivos de comunicación conservadores de El Salvador en vísperas de las elecciones.

Al final, las decisiones de último minuto de la Corte no solo introdujeron una gran complejidad al proceso electoral, sino que además demoraron y complicaron la elección para influenciar los resultados. Abraham Ábrego, presidente de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), indica que la forma de prevenir que este escenario se repita involucra “una evaluación seria (del sistema electoral actual) y la eliminación de la influencia partidaria del TSE”.

Las secuelas

Desde que ARENA perdió la presidencia en 2009, la derecha ha jugado el papel de oposición beligerante, demorando y a veces bloqueando las iniciativas del gobierno en la Asamblea Nacional. En 2014, cuando el excomandante de la guerrilla, Salvador Sánchez Cerén, fue elegido presidente en uno de los procesos electorales más transparentes en la historia del país, ARENA refutó el resultado y acudió al Ejército de El Salvador para que este intervenga en lo que según ellos fue una elección fraudulenta.

El recuento de votos de las elecciones de 2015 debía empezar el 1 de marzo y tomaría 10 días. Sin embargo, el TSE no anunció los resultados oficiales sino hasta 27 días después de las elecciones. Esto generó mucha incertidumbre y confusión, una situación que ARENA y otros partidos opositores intentaron explotar a su favor.

Las nuevas reglas de votación establecieron un sistema altamente complejo. Los puestos legislativos ahora se asignan según la cantidad de votos que cada partido recibe pero son ocupados por los candidatos más votados. Debido a que la resolución se publicó demasiado tarde, no pudieron realizarse los ajustes financieros, logísticos y operativos necesarios. Tampoco se pudo instruir a los responsables del recuento de votos preliminar. Como consecuencia, el recuento de votos no finalizó hasta el lunes 2 de marzo, con operadores agotados luchando por 24 horas con un sistema nuevo y difícil de manejar. La demora contribuyó a la atmósfera de intranquilidad que habían creado los fallos de la Corte.

La noche del domingo, el TSE anunció que dificultades técnicas habían impedido que se publiquen los resultados preliminares en el sitio web del Tribunal. El Presidente del TSE, Julio Olivo, denunció que las dificultades fueron el resultado de un sabotaje deliberado y que la Fiscalía General está realizando una investigación.

¿Qué significan estos resultados para El Salvador?

Las elecciones del 1 de marzo pusieron al descubierto las tensiones históricas entre dos proyectos políticos y visiones de desarrollo socioeconómico opuestas, presentes en cada elección desde el final de la violenta guerra civil que devastó al país entre 1980 y 1992. La administración actual ha tratado de perpetuar la agenda progresista establecida durante la primera administración de FMLN con un aumento en la inversión social dirigida a sectores históricamente abandonados y excluídos. Los resultados de las elecciones de marzo tienen una gran relevancia para saber si el gobierno podrá continuar con su agenda política afrontando una reacia derecha opositora.

Desde el comienzo parecía improbable que cualquiera de los dos principales partidos del país pudiera obtener 43 bancas en la Asamblea Nacional, la mayoría simple necesaria para aprobar o reformar leyes. Una vez que las aguas se apaciguaron, ARENA subió sus bancas de 28 a 35 (incluyendo tres obtenidas por la alianza con el Partido de Concertación Nacional - PCN), mientras el FMLN retuvo las 31 bancas que había ganado en las últimas elecciones legislativas. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) ganó 11 bancas, el PCN, obtuvo cuatro, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), solo una. Una alianza entre el PCN y el partido Democracia Salvadoreña (DS) ganó una banca, mientras que la alianza PCN-PDC obtuvo las bancas restantes. ARENA se vio fortalecido al absorber los votos de pequeños partidos de derecha y recuperó las bancas que había perdido cuando cinco diputados dejaron el partido después de las elecciones de 2012.

Como resultado del fallo de la Cámara Constitucional, representantes del PARLACEN fueron elegidos mediante el voto directo por primera vez en la historia de El Salvador. El FMLN y ARENA ganaron ocho bancas cada uno.

En los concejos municipales, ARENA obtuvo 132 alcaldías y el FMLN obtuvo 85. A pesar de que el número de gobiernos locales bajo control del FMLN disminuyó 10 unidades, el partido de izquierda ganó en cuatro de las cinco ciudades más pobladas: San Salvador, Soyapango, Mejicanos y San Miguel, mientras que ARENA ganó en Santa Ana.

La pérdida de municipalidades del FMLN se atribuye, en parte, a la campaña en medios masivos contra el gobierno que hicieron ARENA y la derecha, especialmente sobre violencia y seguridad. Además, la selección de candidatos a alcalde del FMLN podría no haber reflejado los intereses y preocupaciones de base. Otro elemento que pudo haber favorecido a la derecha es que los ciudadanos podrían haber sufrido fatiga electoral, debido a que las elecciones presidenciales se realizaron el año pasado.

La introducción de concejos municipales pluralistas, uno de los pocos cambios no discutidos, garantiza que los partidos perdedores obtengan una representación proporcional en las bancas del concejo. Anteriormente, el partido ganador ocupaba todas las bancas del concejo. Este cambio contribuye a una mayor representación, transparencia y responsabilidad dentro de los concejos.

En la municipalidad de San Salvador, que había estado en manos de ARENA los últimos dos períodos, el candidato del FMLN, el carismático empresario devenido en político Nayib Bukele, ganó con el 48.47 por ciento de los votos, frente al 46.49 por ciento obtenido por el exrepresentante de la Asamblea Edwin Zamora. En San Miguel, la victoria del FMLN terminó con el reinado dinástico de Will Salgado, un nómada de partidos politicos que había sido alcalde de esa municipalidad los últimos 15 años. En el Santa Tecla, un suburbio de San Salvador, el ganador fue Roberto D'Aubuisson, Jr., hijo del fundador de ARENA, quien además fue líder de las brigadas de la muerte y fue considerado por la Comisión de la Verdad ONU de 1993 como el autor del asesinato del arzobispo Oscar Romero en 1980.

Las elecciones del 1 de marzo no han podido cambiar el balance de poder en El Salvador. A pesar de que los resultados demuestran que el FMLN sigue siendo la fuerza política principal en El Salvador, ARENA obtuvo importantes ganancias legislativas. Dado que la nueva legislatura será responsable de seleccionar un tercio de los jueces de la Corte Suprema y de nombrar un nuevo Fiscal General, tener la mayoría en cada decisión será crucial para el futuro electoral de los dos partidos. Como ninguno de los dos bloques controlará la legislatura, ambos se verán obligados a construir alianzas con partidos más pequeños para impulsar sus agendas.

La democracia electoral de El Salvador ha avanzado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, las intervenciones de tinte político de la Corte Suprema amenazan las instituciones democráticas nacionales. Por desgracia, no parece que estas intervenciones fueran a cesar pronto. El 28 de abril, en un movimiento que Sigfrido Reyes, actual presidente del Congreso Nacional, describe como un golpe de estado técnico contra las elecciones de marzo, la Corte Suprema decretó que la investidura de 24 legisladores electos fuera detenida temporalmente. Este fallo se publicó luego de que la Corte Suprema aceptara las apelaciones de candidatos de los partidos PCN, GANA, PDC y CD, que resultaron perdedores y quisieron impugnar los resultados.

El electorado de El Salvador demostró su compromiso cívico el día de las elecciones a través de los esfuerzos heróicos de los encargados del recuento por asegurar un proceso transparente a pesar de los complicados cambios de último minuto. Contra una masiva campaña de desestabilización realizada por la derecha opositora, los resultados de la elección fueron certificados y los partidos se preparaban para volver a la difícil tarea de gobernar hasta que la Corte Suprema publicó un nuevo fallo y complicó nuevamente el panorama.

Pese a las circunstancias que rodearon la elección y lo que sea que ocurra luego, la mayoría del electorado demostró madurez y confianza en las instituciones electorales, lo que constituye una señal prometedora para el futuro. Tal como dijo el Presidente Sánchez Cerén: “Tenemos que aprender de nuestro pueblo. Han demostrado que creen en la democracia y que no quieren volver al conflicto”.


Angeles Rodríguez-Domínguez es una escritora, periodista y activista mexicana, que vive en México DF. Obtuvo un Master en Estudios Latinoamericanos en la universidad UC Berkley y viaja regularmente a Centro y Sudamérica para informar sobre la actualidad de la región. Se unió a la delegación de observación electoral de CISPES para las elecciones del 1 de marzo en El Salvador.

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