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Brasil: Obras del Banco Mundial dejan sin agua potable a comunidades del sertón de Ceará (parte 1)

El agricultor Paulo Sérgio Alves, presidente de ISCA Gameleira, posa para la foto a la orilla del embalse. El área debería estar inundada, en caso de que el embalse estuviera lleno, el nivel del agua era 10 % inferior cuando el reportero visitó el lugar. Foto: Ciro Barros/Agência Pública CC-BY-ND

El agricultor Paulo Sérgio Alves, presidente de ISCA Gameleira, posa para la foto a la orilla del embalse. El área debería estar inundada, en caso de que el embalse estuviera lleno, el nivel del agua era 10 % inferior cuando el reportero visitó el lugar.

Este texto fue publicado originalmente por la Agência Pública y producido en sociedad con el International Consortium of Investigative Journalists para la serie Expulsados y abandonados: cómo el Banco Mundial rompió su promesa de proteger a los pobres. Ambos mantienen un convenio de publicación con Global Voices. Este historia será republicada por Global Voices en tres partes.

“Póngase en la boca esa agua de ahí”, desafía Paulo Sérgio de Moraes Alves, de 34 años, presidente de la Isca (Institución Sociocomunitaria de la Agrovilla), la asociación de los residentes de la agrovilla Gameleira. Obedezco y la lengua se enrolla. El agua es sal pura. “Ahora imagínese estar bañándose con esa agua, macho. La piel seca, llena de heridas. Hay niños que ya se enfermaron”, protesta Paulo Sérgio.

La protesta es mayor porque fue a causa de una obra de lucha contra la sequía que personas como Paulo Sérgio perdieron, además de sus casas, el acceso al agua potable y a la luz que tenían antes del reasentamiento. Hace casi cuatro años —período que coincide con una sequía histórica en el estado de Ceará— los residentes fueron expulsados de sus casas y reubicados para dar lugar al embalse Gameleira, localizado en la mojonera entre las áreas rurales de los municipios de Trairi, Itapipoca y Tururu, a 150 km de distancia de la capital estatal, Fortaleza. “Antes vivíamos a la orilla del río. Incluso en época de sequía, si el río se secaba, se podían cavar pozos. Podía adaptarse uno. Aquí tenemos que quedarnos usando esa agua salada”, explica Paulo Sérgio.

Gameleira fue uno de los cinco embalses construidos en la segunda etapa del PROGERIRH (Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos del Estado de Ceará), una sociedad del gobierno cearense con el Banco Mundial, que hace más de veinte años realizan en conjunto programas de lucha contra la sequía en el estado. En la primera etapa del PROGERIRH, en 2000, el Banco Mundial le prestó US$ 136 millones al gobierno de Ceará. En esa segunda etapa, iniciada en 2008, el banco destinó US$ 103 millones para el programa.

Para la construcción del embalse Gameleira fueron R$ 40 millones (R$ 18 millones financiados por el Banco Mundial y el resto, por el estado de Ceará, según el gobierno estatal). De las 180 familias afectadas por la obra, de acuerdo con datos de la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH), 91 vivían en el lugar y perdieron por lo menos una parte de sus tierras; muchos perdieron toda la propiedad. Casi cuatro años después, la única agua a la que tienen acceso es la de ese pozo que me hicieron probar.

Hay un desalinizador, pero solo es posible quitarle la sal a cerca del 25 % del agua utilizada al día. “Si no, acaba con el motorcito del pozo, que ya está dando problema”, dice Paulo Sérgio. La comunidad fue obligada a establecer una rotación: cada familia tiene derecho a 36 litros de agua para su consumo diario (según la ONU, la cantidad necesaria para una persona es de 110 litros al día) y hay familias con más de diez personas. La valiosa agua sin sal se usa para beber y cocinar. El resto se hace con agua salada. “La sal gasta todo el jabón. Se va una barra de jabón aquí para lavar una prenda de ropa. Esa es el agua que tenemos para nosotros”, dice la agricultora Maria Gorete Rodrigues de Souza, de 48 años.

El pozo de la agrovilla solo da agua salobre de manera ilimitada. Los residentes pueden tomar 36 litros diarios de agua dulce. Foto: Ciro Barros/Agência Pública CC-BY-ND


El pozo de la agrovilla solo da agua salobre de manera limitada. Los residentes pueden tomar 36 litros diarios de agua dulce. Foto: Ciro Barros/Agência Pública CC-BY-ND.

Las condiciones ofrecidas a la comunidad para el reasentamiento en la agrovilla de Gameleira violan de frente las salvaguardas obligatorias del Banco Mundial, establecidas para reducir impactos socioambientales y económicos sobre las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo que financia. Entre ellas está la Directriz Operacional 4.30, creada el 1 de junio de 1990, que exige “atención especial a los grupos más pobres que serán reasentados” y determina: “Todo reasentamiento involuntario debe ser concebido y ejecutado como un programa de desarrollo que proporcione a la población reasentada oportunidades y recursos suficientes para participar de los beneficios del proyecto”.

La misma directriz especifica que el reasentamiento “debe garantizar recursos suficientes para alojamiento, infraestructura (abastecimento de agua, caminos de acceso) y servicios sociales (escuelas, centros de atención sanitaria)”. Según un levantamiento hecho por el ICIJ, entre 2004 y 2013 al menos 10.094 brasileños sufrieron impactos negativos de proyectos financiados por el Banco Mundial, por haber perdido sus casas, tierras o empleos. Específicamente en los proyectos de lucha contra la sequía en Ceará implementados desde el inicio de los años 1990, las obras financiadas por el banco afectaron a 4.625 familias. Y, como demuestran los reasentados de Gameleira, no siempre las salvaguardias se cumplieron.

El embalse Gameleira y el Banco Mundial en Ceará

Desde los años 90, el Banco Mundial financia programas en Ceará como el PROURB (Proyecto de Desarrollo Urbano y Gestión de Recursos Hídricos), seguido por las dos etapas del PROGERIRH en las décadas siguientes. El objetivo es fomentar el desarrollo de la infraestructura hídrica en Ceará (con la construcción de embalses, tuberías y ejes de integración entre cuencas hidrográficas) y la formación de un cuerpo técnico para dirigir el sistema, que debe destinar agua para el abastecimiento humano y el desarrollo económico.

Los proyectos se basan —o deberían basarse— no solo en las obras, sino en la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos, como explica el profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Federal de Ceará Francisco Assis de Souza Filho, exgerente de Planeación Técnica de la COGERH (Compañía de Gestión de Recursos Hídricos) y responsable de la coordinación técnica de los proyectos del Banco Mundial en la primera fase del PROGERIRH, y en programas más antiguos como el Prourb y Proágua. “La inversión más intensiva está en la construcción de infraestructura. Pero también hay una lógica constante de promoción del manejo de los recursos hídricos, principalmente a partir de la creación de un andamiaje institucional, jurídico y organizacional. Lo que transluce en los proyectos del Banco Mundial es que, a largo plazo, esa capacidad institucional de dirigir los recursos hídricos es la que va a hacer la diferencia”, afirma. Según él, Ceará es hoy un modelo de gestión hídrica en el semiárido. Una afirmación difícilmente aceptable por los residentes de Gameleira.

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La ley brasileña que instituyó la Política Nacional de Recursos Hídricos (9.433, del 8 de enero de 1997) establece que “en situaciones de escasez, el uso prioritario de los recursos hídricos es el consumo humano y la desedentación de animales”. Pero es la falta de democratización del acceso al agua el principal problema de la gestión de recursos hídricos en Ceará, según ONG y movimientos sociales locales. Marcos Vinicius Oliveira, presidente de la ONG Esplar (Centro de Investigación y Asesoría), que desde 1974 actúa en el apoyo a la agroecología y a la agricultura familiar en el estado, explica: “El agua para el agronegocio debería tener una sobretasa, hoy es casi gratis. Los grandes reservorios no deberían haber sido hechos; deberían haber sido hechos más reservorios medios a lo largo de la cuenca para facilitar el acceso a esa agua para las comunidades”.

El resultado es que “aquellos que efectivamente más sufren con la sequía”, las familias que viven en zona rural y representan más del 50 % de la población del Nordeste brasileño, no tienen acceso al agua, como afirma Cristina Nascimento, de la ASA (Articulación por el Semiárido Brasileño), una red de organizaciones de la sociedad civil. “El agua está concentrada y no llega a esos lugares. Necesitamos debatir la democratización en el acceso a esa agua”, dice Cristina.

“La convivencia con el semiárido exige la garantía de agua en esencial para las familias que viven en áreas más distantes, en la zona rural. La ciudad también necesita agua, pero no siempre estas obras son pensadas de una forma verdaderamente planeada en la perspectiva de llegar a todos”, explica, citando el caso del embalse Gameleira, que queda en medio de un área rural y dejó la población con carencia del líquido. “Ese embalse fue terminado en el año 2013, en plena sequía, y almacenó una buena cantidad de agua [que] está sirviendo para el área urbana de Itapipoca, lo que también es importante. Pero todavía no hay un proyecto ejecutado —está la perspectiva de que haya, pero no fue efectuado— de una tubería que lleve agua a las familias rurales. Las obras necesitan pensarse también en esa perspectiva de las familias que allí viven”, dice.

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