«Tribunal Constitucional dominicano: racista»: Protesta durante conversatorio en Puerto Rico

Los manifestantes protestaron contra la decision del Tribunal Constitucional de República Dominicana de considerar como "personas en tránsito" a haitianos y descendientes de haitianos nacidos desde 1929. Imagen tomada de video.

Los manifestantes protestaron contra la decision del Tribunal Constitucional de República Dominicana de considerar como «personas en tránsito» a haitianos y descendientes de haitianos nacidos desde 1929. Imagen tomada de video.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana que deja apátridas a más de 200,000 personas de ascendencia haitiana fue el motivo de una protesta en el Salón de Actos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras durante un conversatorio.

La actividad se llevó a cabo el 27 de junio y fue organizada por la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Puerto Rico y ofrecido por Milton Ray Guevara, presidente del TC, y los magistrados Justo P. Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo.

El conversatorio, irónicamente titulado «Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social», tenía el propósito de explicar los cambios a la constitución de la República Dominicana efectuados desde 2010. No obstante, la presencia de tres de los jueces que favorecieron la sentencia emitida en septiembre de 2013 que desnacionalizó retroactivamente a miles de descendientes de haitianos nacidos a partir de 1929 provocó la indignación de varias organizaciones puertorriqueñas e internacionles que abogan por los derechos humanos. El tiempo concedido por el gobierno dominicano para que decenas de miles de personas se registraran con las autoridades expiró el 17 de junio, marcando el inicio de un aumento en las deportaciones masivas de personas.

El video a continuación, colgado en YouTube por la revista digital Diálogo, muestra parte de la protesta:

Las organizaciones que manifestaron su repudio a la senencia de los jueces del TC firmaron un comunicado en donde se le exhortó al Secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda Rodríguez, que iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad a los jueces y que no se les permitiera abandonar el país hasta que no hubiese concluido la investigación.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos y el National Lawyers Guild, entre otras. El comunicado se publicó en la página de Facebook del Instituto Caribeño de Derechos Humanos. Hasta la fecha, no ha habido reacción de parte del Secretario de Justicia. Cabe señalar, además, que a esta manifestación se le dio poca o ninguna cobertura en los medios principales puertorriqueños.

El Código Penal de Puerto Rico permite aplicar las leyes del país extraterritorialmente para procesar personas por crímenes de lesa humanidad. La carta enviada por estas organizaciones al Secretario de Justicia concluye de la siguiente manera:

The People of Puerto Rico have the obligation to investigate and criminally process the perpetrators these crimes against humanity. The failure to comply with this obligation could lead to the filing of an international complaint before the Inter-American Commission against the government of Puerto Rico, for the non-compliance of its duty to investigate the grave violations of human rights known by the State

El pueblo de Puerto Rico tiene la obligación de investigar y procesar criminalmente a los responsables de estos crímenes contra la humanidad. El no cumplir con esta obligación podría resultar en la radicación de una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en contra de Puerto Rico por fallar en el cumplimiento de su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos conocidas por el Estado.

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