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Tres problemas que debilitan a la alguna vez popular presidenta de Chile

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pasó de gozar una alta popularidad en su gestión a foto tomada de la cuenta en Flickr de Oscar Ordenes bajor licencia Creative Commons.

La presidenta de Chile. Michelle Bachelet, alguna vez en el tope de la popularidad, debe ahora lidiar con un índice de desaprobación de 65%. Foto tomada de la cuenta de Flickr de Oscar Ordenes con licencia Creative Commons.

Este artículo de Consuelo Cortés Abad fue publicado originalmente en el sitio web de NACLA y se reproduce aquí como parte de un acuerdo para compartir contenido.

La presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, estuvo alguna vez entre los líderes más populares de América Latina, pero a un año del inicio de su segundo mandato presidencial, su popularidad se ha desplomado. No hay discusión política en cualquier lugar de Chile en donde no se escuche una fuerte crítica a su gobierno. Según el Centro para Estudios Públicos (CEP) con sede en Santiago, hacia fines de abril apenas el 29% de los encuestados aprobaban su liderazgo, mientras que el 56% lo desaprobaba. Una encuesta más reciente indica que su nivel de desaprobación es de 65%. Estos niveles de desaprobación son casi tan altos como los que obtuvo su predecesor, el conservador Sebastián Piñera.

Bachelet fue elegida con el 62% de los votos, entonces ¿qué explica la actual caída? La más fuerte desaprobación pública —en gran parte predecible e ideológica— viene de la derecha y de propietarios de negocios de clase media, y se dirige a recientes reformas tributarias y educativas. Ciertamente, las leyes promulgadas en su nuevo gobierno referidas a educación, reforma tributaria, trabajo y despenalización del aborto han mostrado ser impopulares. Pero la ola de escándalos políticos que ha ganado los titulares en meses recientes puede ser más reveladora pues la han distanciado mucho de su base de centro izquierda.

Reforma tributaria

La reforma tributaria aprobada en setiembre de 2014 está dirigida a aumentar el ingreso tributario para financiar educación, salud y otros servicios públicos. Aunque reduce la tasa tributaria más alta de 40% a 35%, tiene como fin aumentar significativamente los impuestos que pagan las empresas. A partir de 2018, los dueños de empresas estarán gravados sobre sus beneficios totales, pues se acabarán las exenciones tributarias a las ganacias reinvertidas, a través de Fondo de Utilidad Tributaria (FUT). Aunque el FUT se ha usado para diferir el pago de impuestos, a veces indefinidamente, los críticos favorables al mercado dicen que ha servido como importante herramienta para incentivar la inversión.

Estos conservadores dicen que la reforma causará inestabilidad y llevará a que la inversión extranjera disminuya. Sin embargo, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) deja constancia de que a pesar de la reciente desaceleración económica de Chile, la inversión extranjera directa aumentó en 14% en 2014, aunque cayó en 16% en el resto de América Latina. Alicia Bárcena de CEPAL dijo en una entrevista: “Chile no es el único país de América Latina que ha aprobado reformas tributarias… Los inversionistas extranjeros vienen de países que han adoptado reformas similares…”.

Escándalos políticos

La situación se tornó más complicada para Bachelet en 2014 cuando convergieron reforma tributaria y fraude en lo que se llegó a  conocer como el Caso Penta. Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos fueron acusados de coludirse para ayudar a 122 contribuyentes a obtener reembolsos tributarios fraudulentos del FUT. A cambio, los funcionarios recibieron sobornos de las personas que beneficiaron. Una de esas personas fue Hugo Bravo, director del Banco Penta. Los fiscales encontraron que los socios mayoritarios del Grupo Penta, Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, declararon gastos mayores a los que realmente tuvieron. Cuando Hugo Bravo fue destituido de su cargo, reveló a los fiscales que se pagaron sobornos a las campañas políticas —principalmente a los de derecha, la Unión Democrática Independiente (UDI).

Aunque en Chile es legal que las empresas donen dinero a las campañas políticas, debe hacerse anónimamente para evitar influenciar en las futuras decisiones de un candidato. Durante la investigación de Penta, los fiscales descubrieron recibos fraudulentos pertenecientes al vicesecretario de Minería de Sebastian Pinera, Pablo Wagner. Esto llevó a una investigación a una empresa minera llamada Soquimich, cuyo principal accionista es Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet. A Ponce Lerou se le acusa de emitir recibos ilegales falsos para financiar campañas políticas tanto a la derecha (UDI) como a la izquierda (la gobernante Nueva Mayoría).

Otro escándalo involucra al hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, que está casado con la propietaria de la empresa inmobiliaria Caval. Como gerente de proyectos, Dávalos planificó la adquisición de tres lotes en Machalí, al sur de Chile, con pleno conocimiento de que el valor del terreno se multiplicaría luego de la recalificación y un nuevo proyecto urbano. Caval necesitaba $6,500 millones de pesos por adelantado (alrededor de diez millones de dólares), y para conseguirlos usaron sus contactos políticos a través de Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile y uno de los hombres más ricos del país. Luego, Dávalos y Compagnon vendieron el terreno por $9,500 millones de pesos (alrededor de 14 millones de dólares), con lo que se embolsaron $2,500 millones de pesos (poco menos de cuatro millones de dólares) caídos del cielo.

El caso se hizo público cuando un consultor demandó a Dávalos por incumplimiento de pag, lo que provocó una investigación. Dávalos luego renunció como director del Área Socio Cultural de la Presidencia y a su pertenencia al Partido Socialista.

En respuesta a estos escándalos, la presidenta Bachelet encargó un informe al Consejo Asesor de la Presidencia, la Comisión Engel, que propuso pautas para regular el financiamiento de campañas políticas, vínculos entre empresas y políticos, conflictos de interés, y tráfico de influencias y corrupción. Aunque las pautas de la comisión se consideran meras recomendaciones, el público espera ver que estas reformas se implementen.

Reforma educativa

Por diferentes razones, las reformas educativas de Michelle Bachelet han provocado las iras de la derecha y la izquierda. La derecha ha objectado reformas que involucran prohibir ganancias, cuotas de matrícula y admisiones selectivas en colegios privados de primaria y secundaria que reciben subsidios del estado. Pero las reformas propuestas también han provocado descontento entre estudiantes universitarios y llevado a protestas generalizadas, que resultaron en graves lesiones a Rodrigo Áviles, estudiante de la Pontificia Universidad Católica, actualmente en condición crítica como resultado de violencia policial. Se cambiará la acreditación de enseñanza y se creará una oficina de control para supervisar a las universidades.

El 21 de mayo, la presidenta Bachelet garantizó educación superior gratuita, completa y efectiva, sin subvenciones ni préstamos, a muchos de los estudiantes más vulnerables matriculados en universidades públicas. Sin embargo, los estudiantes izquierdistas se quejan de que esta reforma solamente beneficiará a una minoría de los aproximadamente 720,000 estudiantes actualmente matriculados en el sistema universitario del país. Según la ONG Educación 2020, los estudiantes que asisten a universidades privadas y autónomas (un aproximado de 340,000) seguirán estando excluidos, lo que significa que poco más de 386,000 estudiantes se beneficiarán.

Sin embargo, se ha agregado otro requisito: los estudiantes deben vernir del 60% de los sectores más vulnerables económicamente de la población. Solamente familias con un máximo de $200,000 pesos por cabeza califican (unos 310 dólares), lo que significa que la cantidad total de estudiantes que ahora tienen acceso a educación gratuita serán poco más de 232,000. Estos cambios fueron muy criticados por los estudiantes porque no hacen nada para poner fin a la motivación de la ganancia en el sistema educativo, ni satisfacen completamente la demanda de educación gratuita.

La decepción con el segundo gobierno de Bachelet es generalizada y está creciendo. Los pequeños empresarios creen que no se beneficiarán de las reformas tributarias. Los recientes escándalos políticos solamente contribuyen a una desconfianza general en el gobierno. Las reformas educativas se promueven bajo el lema “educación gratuita para todos”, pero en realidad sirven solamente a una minoría de los estudiantes más marginados. Está por verse cómo Bachelet capeará este descontento, y si puede o no lidiar efectivamente con la corrupción que amenaza con debilitar su capacidad para gobernar.

Consuelo Cortés Abad es graduada de derecho en Santiago, Chile. Sus artículos sobre género han sido publicados por el diario El Mostrador. 

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