[1]Marcha contra la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desde la Plaza Independencia hasta la Embajada de México. Foto tomada de la cuenta en Flickr de Sofia bajo licencia Creative Commons.
La fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, la masacre de Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero tiene un elemento en común: la impunidad y una omisión completa a la ley, concluye un análisis del International Crisis Group, elaborado por Mary Speck, directora de proyecto para México y Centroamérica.
“El secuestro en Iguala de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dejó expuesta la podredumbre dentro de la Policía Municipal, que no sólo no logró prevenir sino que también sus elementos participaron en el secuestro de los normalistas. El caso Tlatlaya, en el que murieron 22 sospechosos de pertenecer a una banda criminal, algunos aparentemente ejecutados, mostró la ‘brutalidad desnuda’ dentro de las fuerzas armadas, cuyos esfuerzos han sido tan cacareados en el país. Por este caso, tres de sus elementos enfrentan cargos”, señaló Speck.
“Las autoridades mexicanas deben darse cuenta ahora que incluso la policía y las operaciones militares eficientes no van a poner fin a la impunidad que infecta a las instituciones gubernamentales”, advirtió.
“Estas acciones desacreditan los muchos oficiales y funcionarios públicos que hacen su trabajo con honor -a menudo enfrentando el peligro- para luchar contra los delincuentes peligrosos”, agregó.
La fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera es el tercero de los eventos que vienen a completar una cadena “de vergüenzas” que ha debido enfrentar el gobierno mexicano, pero que en “lugar de perseguir amplias investigaciones hasta la cadena de mando en los delitos de comisión u omisión que permitió que sucedieran estos horribles actos, el gobierno parece haber seguido una estrategia de contención”, destacó.
Citó como ejemplo la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, caso por el que sólo una serie de funcionarios locales, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, enfrentan cargos, a pesar de que autoridades estatales, federales, e incluso militares tuvieron conocimiento de que habían desaparecido, “pero no hicieron nada para perseguir a los secuestradores”.
“Un hilo conductor discurre entre desapariciones masivas, como la de 43 estudiantes de enseñanza en Iguala, masacres como el asesinato de 22 presuntos delincuentes por las fuerzas militares en Tlatlaya y ahora la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán. En repetidas ocasiones los funcionarios encargados de cumplir la ley decidieron pasarla por alto o ignorarla, ya sea por ambición, insuficiencia, el miedo o la venganza. Tal indiferencia profunda a la esencia de la ley – incluso por aquellos que pretenden seguirla – no se puede superar fácilmente. Se requerirá un liderazgo decisivo no sólo para perseguir a los criminales que desafían las instituciones del país desde el exterior, sino también a aquellos que durante décadas han propiciado la corrupción desde adentro de las instituciones”, destacó.
De acuerdo con el análisis, la recaptura de “El Chapo”, quien se ha fugado ya dos veces de igual número de penales de alta seguridad en México, podría ayudar a restaurar “algo de la credibilidad en un gobierno tan asediado”, sin embargo, recomienda a las autoridades del país tomar conciencie de que las operaciones militares y policiacas exitosas no van a poner fin a la impunidad “que infecta a las instituciones gubernamentales”.
¿EXISTE UN REMEDIO?
Para la autora del análisis, la única salida que le queda al gobierno mexicano es realizar investigaciones imparciales, exhaustivas, que sean transparentes y que lleven no sólo a la captura sino a “sentencias firmes” contra los autores materiales e intelectuales de los delitos –no importan lo poderosos que sean-.
“Esta es la única manera de disuadir a la delincuencia y restaurar la fe en un estado cuyas promesas de seguridad y justicia todavía suenan huecas para la mayoría de sus ciudadanos”, publicó.
En el caso de “El Chapo”, señaló que con su espectacular fuga del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, en el Estado de México, a través de un túnel de 1.5 kilómetros, el capo superó su primera fuga de la cárcel en 2001, cuando escapó escondido en un carro de lavandería. El túnel, excavado bajo la regadera, contaba con ventilación e iluminación.
“El escape sensacional es una vergüenza para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que anunció la captura de Guzmán como un logro importante en contra del crimen organizado en febrero de 2014. Tal operación compleja no podía ocurrir sin asistencia profesional desde el exterior -además de grandes dosis de ignorancia voluntaria. Pero es mucho más que un golpe a un Presidente, gobierno o partido político. Se socava aún más la confianza de los mexicanos que sus funcionarios públicos – desde los policías a los fiscales a los jueces a los guardias de la prisión – y se afianza la idea de que no pueden cumplir con sus promesas de seguridad y justicia”, escribió Speck.
Destacó el aumento de efectivos de seguridad desde 2006, año en el que el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa iniciara la guerra contra del narcotráfico, por ejemplo, el Ejército ha crecido de alrededor de cerca de 250 mil elementos a 274 mil, mientras que la Policía Federal pasó de alrededor de 13 mil a más de 40 mil elementos.
Sin embargo, consideró en el análisis publicado por The Huffington Post que en la política de seguridad pública también se debe tomar en cuenta la prevención, la justicia y la rehabilitación porque “la mayoría de los policías municipales encargados de la prevención de los delitos siguen siendo débiles, corruptos o infiltrados”.
Por otra parte resaltó que los tribunales están “abrumados” y son incapaces de proporcionar una justicia oportuna y eficaz. México tiene sólo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, un número mucho menor que el promedio mundial de 17 por el mismo número de personas, según el Índice de Impunidad Global. Las prisiones tienen más de 230 mil reclusos, 64 mil más de los que se preveía cuando fueron diseñadas.
Speckter advirtió que muchos de estos reclusos son sospechosos en espera de juicio, pero durante el tiempo que duren ahí pueden convertirse en criminales peligrosos o en personas que después de su liberación no tengan ningún tipo de habilidad para ganarse la vida. Esto sucede incluso con los reos de alta seguridad como los del altiplano donde sólo uno de cada cinco ha sido condenado.