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Los orígenes del sentimiento antihaitiano en la República Dominicana

The border between Haiti and the Dominican Republic. Photo by Alex Proimos, republished under Creative Commons License, and taken from original NACLA post.

Frontera entre Haití y la República Dominicana. Foto de Alex Proimos, reproducida con licencia Creative Commons License, y tomada de la artículo original de NACLA.

Este artículo de Amelia Hintzen fue publicado originalmente en el sitio web de NACLA y se vuelve a publicar acá como parte de un acuerdo para compartir contenido.

El miércoles 17 de junio venció el plazo para que los inmigrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana presentaran documentación ante el gobierno dominicano que probara su derecho legal a residir en el país. Esto afecta a aquellos que han inmigrado hace poco y a los dominicanos que no pueden probar que nacieron en República Dominicana y que sus padres eran residentes legales.

Inquietantemente, se ha informado que el Departamento de Inmigración ha estado entrenando funcionarios para que realicen deportaciones, y muchos dominicano-haitianos temen que los obliguen a salir del único país que conocen. Aunque el gobierno ha informado que no empezará con deportaciones generalizadas, los dominicanos descendientes de haitianos que todavía no tienen derechos de ciudadanía y que se estiman en decenas de miles, enfrentan un futuro incierto. En medio de las críticas internacionales, el gobierno dominicano ha sostenido repetidamente que tiene derecho a determinar quién califica para alcanzar la ciudadanía.

Aunque es fácil simplificar estas acciones en una narración sobre la culminación de antiguos odios —que de alguna manera son el inevitable resultado de una reyerta familiar entre dos países que se remonta a la ocupación haitiana de la República Dominicana entre 1822 y 1844— la historia es mucho más compleja. Aceptar este razonamiento solamente perpetúa una narrativa creada por Rafael Trujillo, uno de los dictadores más brutales del país. Gobernó República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961, y usaba la ideología antihaitiana para fortalecer el espíritu de los dominicanos en torno a su dictadura afirmando que su estricto gobierno era necesario para proteger al país de la nueva amenaza de la invasión “pasiva” de inmigrantes haitianos. En 1937 ordenó la masacre de un estimado de entre diez y veinte mil haitianos que vivían en la frontera.

Aunque a menudo este incidente ha sido citado como evidencia del incontrolable conflicto entre los dos países, el intento de Trujillo de llevar a cabo deportaciones en masa antes de la masacre fracasó porque las comunidades locales se opusieron al ilegal acoso a los inmigrantes haitianos. Ciertamente, haitianos y dominicanos vivieron juntos en todo el país, y a menudo fueron abiertamente hostiles a los intentos del gobierno central de intervenir en sus vidas. Ambos países tenían pocos caminos pavimentados e infraestructura de comunicaciones, y los campesinos haitianos y dominicanos tenían más cosas en común entre ellos que con una élite distante. Lejos de una expresión de sentimiento popular antihaitiano, la masacre que orquestó Trujillo fue un intento para derribar las antiguas conexiones entre haitianos y dominicanos que limitaban su poder en todo el país.

Sin embargo, el déspota no pudo retirar completamente a la población haitiana del país. El azúcar era una de las exportaciones más importantes del país, y los haitianos brindaban el soporte de la mano de obra de la industria. Enfrentando esta contradicción, el gobierno de Trujillo empezó a aislar a los inmigrantes haitianos en todo el país y los obligó a reubicarse en plantaciones azucareras. El gobierno enfrentó confusión y resistencia de los miembros de la comunidad, que se opusieron a la reubicación forzada de sus vecinos. Pero funcionarios del gobierno presionaron a los terratenientes para desalojar a los haitianos, y amenazaron con retener los documentos de inmigración hasta que los migrantes haitianos se reubicaran. Aislando a los haitianos en las plantaciones de azúcar, el régimen de Trujillo empezó a borrar la larga historia de las comunidades dominicano-haitianas en la isla de La Española.

Los intentos del gobierno de aislar a los inmigrantes haitianos y sus hijos solamente aumentaron cuando uno de los arquitectos de la ideología antihaitiana, Joaquín Balaguer, fue elegido en la presidencia en 1966. Balaguer implantó políticas que permitían a los inmigrantes haitianos a vivir exclusivamente en plantaciones y a trabajar solamente cortando caña de azúcar. Al comienzo de cada cosecha de caña de azúcar, el ejército y la Policía Nacional buscaban haitianos en todo el país para reubicarlos en plantaciones sin su voluntad, aunque tuvieran documentación legal. Además, los inmigrantes a los que se encontraba sin documentación a menudo eran obligados a ir a una plantación, sin que el gobierno regularizar su condición. En el proceso, la legalidad de los inmigrantes haitianos a los ojos del estado dominicano se separó de la documentación y se basó solamente en la ubicación y la ocupación. Tanto Trujillo como Balaguer creían que si se podía retener a los haitianos en las plantaciones, podrían contribuir a la riqueza de la nación dominicana sin siquiera ser reconocidos como parte de esa nación.

Aunque la mayoría de dominicanos son descendientes de africanos, Balaguer sostenía que luego de la aniquilación de la población indígena de la isla, la República Dominicana se volvió a poblar con españoles blancos. Según él, las características africanas en la población dominicana eran el resultado de infiltración haitiana de la República Dominicana. Debido a su miedo a una “contaminación” racial, Balaguer se empezó a preocupar más por los dominicanos hijos de padres haitianos. En los años 70, encargó varias investigaciones al respecto, y numerosos funcionarios del gobierno le informaron que el gobierno no podía deportar a los dominicano-haitianos, porque al haber nacido en República Dominicana, constitucionalmente eran ciudadanos dominicanos. Sin embargo, los que nacían en plantaciones lejos de cuidados médicos, casi nunca recibían certificados de nacimiento oficiales.

Cuando la industria azucarera empezó a declinar en los años 90, y la población haitiana no podía ser aislada tan fácilmente, el gobierno buscó una base legal para despojar retroactivamente los derechos a los dominicano-haitianos. En 2013 el Tribunal Constitucional dominicano estableció que cualquiera con padres haitianos que haya nacido después de 1929 podría perder su ciudadanía, lo que viola abiertamente el principio de no retroactividad establecida en la Constitución dominicana. En un plan diseñado luego de la normativa, a los habitantes se les dio hasta el 17 de junio de 2015 para probar su residencia legal. Además de las dificultades que muchos dominicanos enfrentan para presentar documentación y para viajar largas distancias a las oficinas del gobierno, ha habido muchas quejas de largas demoras y de requisitos incoherentes.

Las acciones del gobierno dominicano no son simplemente intentos de proteger su soberanía, como sostienen. Además, las posibles deportaciones son el resultado de décadas de políticas clandestinas de gobierno que no basan el domicilio legal en la documentación, sino en dónde vivieron los migrantes y el trabajo que hacían. Las afirmaciones de que dominicanos y haitianos no pueden coexistar ignoran cómo se impuso la ideología antihaitiana para servir a los objetivos de un dictador. Entonces, como ahora, había dominicanos que se defienden de esas injusticias y comunidades donde las identidades haitianas y dominicanas coexisten y se combinan.

Amelia Hintzen es candidata a doctorado en la Universidad de Miami. Su disertación examina la historia de las comunidades haitianas migrantes en las plantaciones azucareras dominicanas y combina investigación de archivo, etnográfica y oral-histórica.

1 Comentario

  • Alex Monsanto

    ¿Usted sabe lo que es un tribunal superior de justicia? La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, interpretó la constitución y sentó jurisprudencia, con relación al asunto de los extranjeros nacidos en el país, hijos de padres en situación de tránsito.

    Como dice usted, a partir del 1929 con efecto de retroactividad; eso es falso. La constitución de la República Dominicana desde el año 1929 dice quien tiene y quien no tiene derecho a la ciudadanía por nacimiento. La Suprema Corte de Justicia, vuelvo y le repitió, interpretó la constitución.

    Su odio infundado no le permite ver que los tribunales de justicia no hacen leyes, las interpretan y hacen que se ejecuten.

    En su país las leyes las hacen el poder legislativo o el poder judicial?

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