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¿Se les exige legalmente a los países que protejan a sus ciudadanos del cambio climático?

Urgenda lawyer Roger Cox (at left in black robe) after winning the historic Dutch climate case. Photo by Urgenda / Chantal Bekker and republished with permission.

El abogado de Urgenda, Roger Cox (a la izquierda con toga negra) después de ganar la histórica causa climática holandesa. Foto de Urgenda / Chantal Bekker y republicada con autorización.

Este artículo de Sophia V. Schweitzer fue originalmente publicado en Ensia.com, una revista que subraya las soluciones medioambientales internacionales en acción, y es republicado aquí como parte de un acuerdo para compartir contenidos.

El 24 de junio de 2015, un tribunal de La Haya ordenó al gobierno holandés actuar más rápido en su tarea de proteger a sus ciudadanos contra los efectos del cambio climático. Esta es la primera vez que la cuestión es declarada legalmente una obligación del Estado, sin reparar en los argumentos de que la solución al problema climático global no depende de los esfuerzos de un sólo país. La decisión se basó en varias ramas del derecho, incluyendo, con más importancia, los derechos humanos. En efecto, hace al gobierno holandés responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en su propio territorio, un resultado que otros países quizás deban tener en cuenta también.

El gobierno, dijo el tribunal, debe asegurarse de que las emisiones holandesas en 2020 sean al menos un 25% inferiores a las de 1990 — la cantidad que el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) dice que es necesaria por parte de los países industrializados para que las temperaturas no aumenten 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) y evitar las peores consecuencias del cambio climático. Los líderes políticos holandeses habían planificado reducir las emisiones hasta un 17% durante los próximos cinco años.

“Nuestra causa hace saber a los políticos que no pueden dejar que el cambio climático ocurra. Tienen el deber de actuar, legal o moralmente”, dice Dennis van Berkel, consejero legal de la Fundación Urgenda, que, apoyada por unos 900 co-demandantes, inició el pleito.

Los holandeses, cuyo país se encuentra en gran parte bajo el nivel del mar, tienen razones para preocuparse por el cambio climático. Pero viven en un país con recursos para adaptarse. La gente de países más pobres, que han contribuido menos al cambio climático y también suelen estar menos preparados para reaccionar, es probable que sea la que más sufra. Es por ellos que la victoria holandesa es vital, dice Berkel. “Los derechos de nuestros co-demandantes son centrales, pero la gente fuera de Holanda será golpeada aún más severamente por el cambio climático,” dice. “El fallo animará a otros a apelar a los derechos humanos cuando se trate de las amenazas del cambio climático”. Lo que plantea la gran cuestión: ¿Es el fallo del tribunal holandés un punto de referencia para todo el globo?

De los Derechos Humanos a las Políticas

En 2008, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, escribió en un informe sobre el cambio climático y los derechos humanos: “Como una cuestión de derecho, los derechos humanos de los individuos deben ser vistos en términos de obligaciones del Estado”. Pero durante mucho tiempo el mundo se ha estado enfrentando a los acuerdos internacionales por tales obligaciones; desde el Protocolo de Kyoto de 1997, hasta las repetidas reuniones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  — COP — , los mejores esfuerzos han luchado por ganar tracción, en gran parte porque las acciones políticas no han seguido el ritmo de las promesas hechas.

Conscientes de esa laguna, los ciudadanos han intentado litigar con los líderes políticos para que actúen, pero antes de la causa de Urgenda (una contracción de “urgent agenda” (agenda urgente)) no hubo victorias. En 2005, por ejemplo, el Consejo Circumpolar Inuit realizó una petición a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., reivindicando que el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos violaban el derecho del pueblo Inuit a sostener sus formas de vida tradicionales debido a la destrucción del entorno ártico. Pero la comisión rechazó la demanda por no haber pruebas suficientes.

“Las obligaciones son claras,” dice Wim Voermans, un profesor de derecho constitucional en la Universidad de Leiden en Holanda. “Pero cuando no se cumplen, ¿pueden entonces los ciudadanos reclamar que es la no-actuación de un país lo que les pone en peligro? Ese es el desafío. … Es difícil demostrar las víctimas directas en la litigación civil”.

Facing coastal erosion, the village of Kivalina, Alaska, sued several large energy companies, claiming that global warming had resulted in its forced relocation. Flickr: Photo by ShoreZone (Flickr/Creative Commons)

Enfrentándose a la erosión costera el pueblo de Kivalina, Alaska, demandó a varias grandes compañías energéticas, reclamando que el calentamiento global había resultado en su recolocación forzosa. Flickr: Foto de ShoreZone (Flickr/Creative Commons).

En 2008, el pueblo de Kivalina, Alaska, demandó a varias grandes compañías energéticas, reclamando que el calentamiento global había disminuido la formación de hielo en el mar, obligando al pueblo a recolocarse. La causa fue rechazada basándose en la determinación judicial de que las decisiones sobre los niveles aceptables de emisión de gases de efecto invernadero deberían ser tomadas por las ramas ejecutivas y legislativas, no por los tribunales.

“El verdadero problema es, ¿quién tiene ese poder?” dice Michael Gerrard, director del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia“. ¿De quién es el trabajo de establecer la política climática? Básicamente, todos los jueces lo han dicho, no yo. Antes de la causa de Urgenda, ningún tribunal había asumido realmente este papel”.

Sin embargo, los tribunales no han sentido una aversión completa a tomar responsabilidad. En 2006-2007, Massachusetts demandó a la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU., que se había negado a regular el dióxido de carbono como un contaminante bajo la Ley Federal de Aire Limpio de 1970. La agencia afirmó que cualquier intento de regular los gases de efecto invernadero podría impedir estrategias potenciales de la Casa Blanca. El Tribunal Supremo no estuvo de acuerdo. Aunque fue un resultado importante, “el tribunal no estableció la política,” explica Gerrard. “Sólo fueron palabras, es el trabajo de la EPA”.

Mientras tanto, en los tribunales de diferentes países tienen variadas opiniones sobre lo ampliamente que pueden actuar. En política medioambiental, los tribunales a veces han elegido intervenir a favor del público. En 2001, por ejemplo, el Tribunal Supremo de India decretó que todos los autobuses de Delhi tenían que pasar de diésel a gas natural, lo que ha tenido un profundo efecto en la calidad del aire. Fue un fallo importante, pero no afectó al cambio climático.

En medio de este punto muerto entre gobiernos evitando la responsabilidad y tribunales prefiriendo no interferir, académicos y abogados de todo el mundo y también algunos miembros de la judicatura han sentido un creciente malestar. Un grupo de ellos por fin se ha juntado para determinar si el cambio climático es una cuestión actual bajo el derecho existente, específicamente derecho internacional, derechos humanos, derecho medioambiental nacional y, en menor grado, derecho civil. Concluyeron que la respuesta es sí. “Hay antiguos principios de derechos humanos y protección del medio ambiente que son amenazados por el cambio climático”, Gerrard dice. “Nuestra opinión es que la ley debería tener la habilidad para abordar esta gran amenaza”.

Las discusiones del grupo, que duraron varios años, condujeron al lanzamiento de los Principios de Oslo sobre las Obligaciones del Cambio Climático Global el 1 de marzo de 2015. Recurriendo a la ley existente y a la constatación base de 2 grados Celsius (3,6 grados Farenheit) del IPCC y preparados por miembros expertos de tribunales nacionales e internacionales, universidades y organizaciones de todas las regiones del mundo, los principios procuran definir el alcance de las obligaciones legales relacionadas con el cambio climático. “Actualmente estamos educando a los jueces de todo el mundo sobre la existencia de los principios”, dice Gerrard, co-autor de los principios. “Nuestra esperanza es que los jueces de varios países usen el marco de los principios y que sean citados por los tribunales”.

Roger Cox, the author of the book Revolution Justified and one of the lawyers representing Urgenda, was overwhelmed after the Dutch court ruling. Photo by Urgenda / Chantal Bekker

Roger Cox, autor del libro Revolution Justified y uno de los abogados representando a Urgenda, estaba abrumado después del fallo del tribunal holandés. Foto de Urgenda / Chantal Bekker.

La causa de Urgenda comenzó antes de que los principios se estableciesen, y fue inspirada por un libro titulado Revolution Justified, escrito por Roger Cox, uno de los abogados representando a Urgenda, que considera cómo los tribunales pueden jugar un papel resolviendo cuestiones energéticas. Pero a medida que el pleito progresaba se apoyó en parte en los Principios de Oslo, juntando varias ramas del derecho y de la ciencia del IPCC. Según Gerrard, el fallo de Urgenda fue “la primera decisión tomada por un tribunal en el mundo que ordena a los Estados limitar las emisiones de gases de efecto invernadero por razones que no son mandatos estatutarios”.

Generando impulso

Mientras tanto, nuevos descubrimientos científicos siguen produciéndose. La revista Nature informó en febrero que las emisiones de carbono del deshielo del permafrost acelerarán el cambio climático, información no explicada en los actuales informes del IPCC. Con cada descubrimiento como este, el objetivo de no exceder un incremento de 2 grados Celsius (3,6 rados Farenheit) se hace más difícil. “Nuestros descubrimientos añaden más presión para actuar”, dice Kevin Schaefer, un científico del Centro Nacional de Información de Hielo y Nieve en la Universidad de Colorado, que contribuyó en el artículo de Nature. “Hay un sentido de urgencia. La retroalimentación del carbono es un proceso irreversible, un verdadero punto de inflexión”.

Pero una falta de pruebas científicas no ha sido un tropiezo para la acción climática en las décadas desde que los científicos identificaron el problema. El fallo de Urgenda podría ofrecer un diferente camino porque establece un precedente legal, diciendo que las reducciones concretas no pueden esperar. Mientras que el fallo no obliga a ningún otro país, es un ejemplo y, como tal, un punto de referencia para el mundo.

“Esperamos que se haya generado suficiente impulso para que muchos países sientan una obligación”, dice Gerrard.

Un camino al compromiso

Esto ofrece una nueva pieza al puzzle mientras los países avanzan hacia la reunión en París de la COP 21 en noviembre — una pieza con la que probablemente tendrán que tratar antes, ya que los abogados están envalentonados para abrir causas similares alrededor del mundo. “Nadie espera que los compromisos acordados en la COP 21 sean suficientes para evitar el peligroso cambio climático”, dice van Berkel. “Pero después de la COP 21 será crítico que los países sigan comprometidos con lo que es necesario. Procedimientos jurídicos similares a nuestra causa contribuirán decisivamente a esto”. Aún no se han programado eventos en París para discutir los Principios de Oslo, pero Urgenda ha organizado una marcha desde Ultrecht a París que comenzará el 1 de noviembre para atraer más atención hacia la acción necesaria para luchar contra el cambio climático.

Un pleito ciudadano similar al de Urgenda está actualmente en marcha en Bélgica, y se espera otro pronto en Noruega. La decisión de Urgenda puede que aún sea apelada, y las futuras causas pueden tener éxito o no. De todos modos, cada una de ellas jugará un papel para cambiar el espíritu del tiempo hacia un sentimiento de que el cambio climático y los derechos humanos son inextricables, dice Bill McKibben, fundador de la campaña climática 350.org, que, entre otras acciones, ha conducido la campaña hacia el abandono de los combustibles fósiles por parte de las universidades y otras entidades. “Llevarán a su casa, constantemente, el mensaje de Desmond Tutu: El cambio climático es la crisis de los derechos humanos de nuestro tiempo”.

Establecida en la Isla de Hawai’i, Sophia V. Schweitzer es una escritora de ciencias independiente centrada en el cambio climático y el medio ambiente. Su trabajo ha aparecido en numerosas publicaciones incluyendo Pacific StandardWired.com, American Forests, y Buddhadharma. Es la autora de Big Island Journey y varios otros libros.

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