[1]Reporteros increparon a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Gobierno de Veracruz, a quienes pidieron que expliquen qué harán para proteger la vida e integridad de periodistas en la entidad mexicana. 2012. Foto tomada de la cuenta en Flickr de Agencia CimacNoticias bajo licencia Creative Commons.
Este post por Mariana Muñoz fue publicado [2] originalmente en el blog Periodismo en las Américas y reproducido aquí con autorización.
En la última década, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, especialmente por la llamada guerra contra el narcotráfico en los estados del norte, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, sin embargo, ha notado un cambio en la geografía de los ataques contra los periodistas, la cual se ha vuelto más común en los estados del sur. Otro cambio que han encontrado es que los sospechosos de cometer los ataques ya no son los miembros de los carteles de la droga, sino funcionarios públicos y policías.
Todos los seis asesinatos de periodistas en 2015 han ocurrido en el sur de México. En una sola semana de este mes de julio, tres periodistas fueron asesinados en Oaxaca, Veracruz y Guanajuato [3], tres estados del sur del país.
[4]Estadísticas de Periodistas en Riesgo [5], un sitio que rastrea y documenta ataques contra periodistas en México, parecen confirmar esta tendencia.
Javier Garza Ramos [6], un becario del programa ICFJKnight International Journalism Fellowship quien supervisa Periodistas en Riesgo, recientemente escribió un artículo [7] para El País en donde explora el cambio que la violencia ha tenido desde el norte hacia el sur.
Garza explica que el cambio se produjo porque, en general, la violencia en el norte disminuyó (con la excepción de Tamaulipas) y desvió la atención a los incidentes cada vez más frecuentes en los estados del centro y sur.
En una entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Garza afirmó que hay una falsa idea sobre quién está ocasionando el mayor daño.
Según Garza, gran parte de la atención se ha centrado en los ataques contra periodistas por parte de miembros de los carteles de la droga, debido a que estos son más dramáticos por la manera en que atacan. En consecuencia, los miembros de carteles son vistos como los principales agresores de los periodistas.
Sin embargo, Garza sostiene que esto no es cierto.
“Ellos son los que hacen las agresiones más violentas, eso sí. Pero en términos cuantitativos no son los que más agreden”.
Según Garza, son los funcionarios públicos y los agentes de policía los responsables de la mayoría de agresiones en contra de los periodistas. La manera y la intensidad de los ataques varían, pueden ir desde amenazas e intimidaciones hasta secuestros, palizas y homicidios.
La libertad de expresión en México ha sido golpeada en los últimos años. Los periodistas en este país se enfrentan a amenazas de parte de funcionarios públicos y miembros del crimen organizado que les puede significar lesiones y, en algunos casos, la muerte.
“En los últimos años, el crimen organizado ha comenzado a ceder en estas zonas [norte]. En Tijuana, por ejemplo, en Ciudad Juárez, si comparas la violencia con los niveles de 2010 y 2011, es un descenso brutal. La única excepción es Tamaulipas”, dijo.
Un caso reciente registrado por La Crónica parece demostrar esta tendencia de que son los funcionarios públicos quienes amenazan o atacan a los periodistas.
Daniel Blancas, reportero de La Crónica, fue enviado al municipio de Almoloya de Juárez [8] en el estado de México para investigar la fuga de prisión del capo de la droga más grande de México, Joaquín Guzmán Loera, también conocido como ‘El Chapo’. Su trabajo consistía en entrevistar a Calixto Estrada Castillo, el último propietario de la casa que sirvió como el punto final del túnel de escape de Guzmán Loera.
Después de ser interrogado y de que le prohibieran entrar al lugar, Blancas dijo que recibió una amenaza: “¡de periodistas como tú, están llenos los panteones!”.
Según Huellas de México, la amenaza fue hecha por Jorge Peña, comandante de la Procuraduría [9] General de Justicia en Zinacantepec.
Peligro para los periodistas en Veracruz
Según el primer informe semestral de 2015 [10] de la organización Artículo 19 [11] titulado ‘Más violencia, más silencio’ en los primeros seis meses de 2015 se registraron 227 agresiones contra la prensa [10]. Esto es sustancialmente superior al promedio que se registró durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) el cual era de 182 por año, agregó el informe.
El reporte también da cuenta de los seis asesinatos de periodistas ocurridos en el país desde enero de 2015, todos en el sur de México.
Tres de los seis asesinatos ocurrieron en Veracruz, ubicada en la parte sureste del país, en la costa del Golfo de México.
A pesar de que el estado de Guerrero cuenta con el mayor número de ataques contra los periodistas (38), Veracruz sigue siendo una de las regiones más peligrosas [12] para ejercer el periodismo debido a la cantidad de asesinatos que han ocurrido allí, según Animal Político.
En un artículo de la BBC Mundo, el estado es referenciado como un “infierno para los periodistas [13]”.
Dieciocho periodistas han sido asesinados allí desde el 2000 [10] y 12 de estos asesinatos se han producido bajo la administración del actual gobernador Javier Duarte, de acuerdo con Artículo 19.
Un documental titulado ‘Muerte en Veracruz’, producido por el canal digital AJ+, explora la manera en que la vida de los periodistas de Veracruz ha cambiado en los últimos años al tener que realizar su trabajo bajo amenaza.
En 2011, la policía municipal de Veracruz fue desmantelada [14] por presuntos casos de corrupción y sus funciones son realizadas por el ejército.
Grupos de autodefensa, molestos con la ineficacia de la policía, también se formaron en el estado.
Félix Márquez, un reportero gráfico en Veracruz, documentó los grupos.
“La autoridad no quiere reconocer que existen estos grupos”, dijo Márquez en el documental. “No sé por qué no les gusta hablar del tema de autodefensas. Sin embargo, nuestro trabajo es registrarlo, es evidenciarlo”.
Márquez dijo que fue amenazado debido a sus fotos sobre los grupos de autodefensa.
“Surgió una declaración del Secretario de Seguridad Pública en donde dijo que yo debería estar preso”, dijo el fotoperiodista.
‘Muerte en Veracruz’ también explora el caso de José Moisés Sánchez Cerezo un periodista que fue asesinado en Veracruz el pasado 2 de enero.
Sánchez fundó el diario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo en Veracruz para informar a la comunidad sobre los temas que no eran reportados por otros medios de comunicación.
Sus frecuentes reportajes sobre corrupción produjeron que funcionarios intimidaran a Sánchez, y en una ocasión le advirtieron que el alcalde “le pensaba dar un susto”, registró el documental.
Sánchez fue secuestrado en su casa el 2 de enero [15]; su cuerpo sin vida fue encontrado en Veracruz en las primeras horas del 24 de enero. Muchos creen que el alcalde, Omar Cruz, ordenó su secuestro y asesinato [16].
Jorge Sánchez, hijo de Moisés, sigue buscando justicia por la muerte de su padre.
“Sí hay muchas anomalías en esta investigación”, dijo en el documental. “Son las mismas anomalías que hay en todas las investigaciones contra periodistas donde no investigan y no hacen su trabajo”.
Tras el asesinato, se asignaron policías para vigilar la casa de los Sánchez – un método de protección para la familia. También una cerca de alambre de púas fue colocada alrededor de la casa.
“Se supone que deberían estar encerrados otras personas y no nosotros”, agregó Jorge Sánchez sobre esta cerca. “Pero así funciona aquí. Los criminales andan libres y nosotros tenemos que estar encerrados”.
A la violencia se le suma el problema de la impunidad en el país en donde los crímenes contra periodistas son raramente castigados. El país ocupa el séptimo lugar en Índice Global de Impunidad 2014 [17] del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). Además, críticos han señalado graves problemas con el mecanismo de protección federal [18] para los periodistas que están en riesgo.