Los ciudadanos se manifiestan en contra del presidente Correa en Quito. Foto de la Agencia de Noticias ANDES vía Flickr (CC BY-SA 3.0)

Escrito por Samuel Woolley

El mes pasado, tres sitios de medios ecuatorianos han experimentado ataques incapacitantes apenas minutos después de publicar pruebas de una asociación entre el gobierno ecuatoriano y la empresa de tecnología en vigilancia Hacking Team.

Los sitios de noticias y comentarios que incluyen a Plan V y Gkillcity, junto con el grupo de libertad de medios Fundación Milhojas, han informado que sus sitios sufrieron ataques DDoS poco después de señalar los documentos filtrados del gran hackeo a los sistemas de Hacking Team. Según los correos electrónicos expuestos, que desde entonces han sido publicados en WikiLeaks, el gobierno ecuatoriano pagó más de medio millón de dólares a la asediada empresa italiana para suscribirse al Sistema de Control Remoto, un paquete de software utilizado para la vigilancia digital de amplio espectro.

El escándalo de Hacking Team ha involucrado a gobiernos de numerosos países de todo el mundo en la vigilancia digital interna a gran escala. Otras tantas naciones de América Latina también aparecen en las listas de clientes expuestas por el hackeo, con México como el principal cliente de Hacking Team a escala mundial. Según la revista de noticias colombiana Semana, el gobierno ecuatoriano pagó 5 millones y medio de dólares a una empresa israelí por una tecnología de vigilancia similar en 2012.

Muchos medios locales y regionales han cubierto los intentos del gobierno de Correa de “librar un contraataque en las redes sociales” contra la oposición, ciudadanos a los que el presidente ha llamado ‘difamadores’. Las secuencias de propaganda en favor del gobierno, trolls anti-oposición y spam de etiquetas son parte de lo que los periodistas y activistas digitales han catalogado como «Twitter Gate«, una confusa campaña de medios sociales motivada políticamente y que se remonta a 2012. Varias voces mediáticas prominentes del país han señalado la existencia de centros de trolls financiados por el gobierno y los han denunciado. Los reclamos de transparencia del ex congresista y crítico del régimen Fernando Balda al gobierno sobre sus campañas de troleo han revelado información relativa a numerosas cuentas de Twitter creadas, al parecer, expresamente para apoyar al gobierno actual.

En julio de 2014, varios notorios opositores del gobierno de Correa han tenido suspendidas sus cuentas de Twitter. Poco después, múltiples medios informaron que, según los críticos, Juan Carlos Vascones, director general de la empresa ecuatoriana Ximah Digital, había orquestado las suspensiones. Aparentemente, Vascones está vinculado al gobierno y, además, actúa como representante para el socio ecuatoriano de Twitter, IMSCorp. Tanto Vascones como Ximah Digital se relacionan con Ribeney SA, una empresa privada que, según dicen, funciona como centro de trolls de redes sociales en Quito. Los documentos oficiales demuestran que el Ministerio de Sectores Estratégicos de Ecuador firmó un contrato con Ribeney para elaborar una estrategia de comunicación en redes sociales en 2013.

Los defensores de la libertad de medios del país perciben los ataques como parte de una tendencia más amplia. Desde 2013, los críticos del presidente en ejercicio Rafael Correa se han mostrado cada vez más preocupados por las restricciones en el acceso a internet, la vigilancia digital y la propaganda en redes sociales financiada por el gobierno. La censura y las amenazas dirigidas a destacados activistas digitales, blogueros y líderes opositores, así como las denuncias periódicas de manipulación de las redes sociales, reflejan las firmes políticas de Correa contra la información que es crítica del gobierno. A comienzos de 2015, el presidente lanzó Somos+, un sitio web dedicado a responder de manera directa a los detractores del gobierno en las redes sociales. El sitio invita a los partidarios de Correa a suscribirse a un servicio de alertas que les enviará una notificación cada vez que un usuario de Twitter “denigre” al gobierno. Los urge a contestar y “apoyar a la revolución ciudadana”.

El gobierno de Correa lleva a cabo este programa a través de múltiples canales. Las autoridades han hecho uso de las leyes de propiedad intelectual y difamación criminal para restringir la libertad de expresión entre periodistas y detractores, y en años recientes, varios periodistas y miembros de la oposición han sido encarcelados por manifestarse contra el gobierno.

Según los investigadores, el auge en el uso de las redes sociales por parte del gobierno ecuatoriano para influir en las conversaciones públicas y las coberturas mediáticas tiene correlación con un incremento similar del trolling gubernamental de los gobiernos de todo el mundo. Los observadores de los medios, activistas y académicos han vigilado de cerca el aumento de la propaganda en Twitter de los países latinoamericanos, entre los que se encuentran México, Argentina y Venezuela.

Los recientes informes indican que el uso de programas informáticos automatizados, con frecuencia parte integrante de ataques DDoS y de la manipulación de redes sociales, siguen aumentando en Ecuador. Algunos han pedido que se ponga fin a los intentos políticos de utilizar tecnología de robótica social para manipular la opinión pública, pero por ahora no hay en vista un final cercano.

Samuel Woolley trabaja en el Proyecto de robots políticos y el Proyecto de investigación en activismo digital. Es estudiante de posgrado de la Universidad de Washington de los EE.UU.