[1]La peor parte de la falta de pagos del gobierno de Puerto Rico se la están llevando los ciudadanos comunes y corrientes. Imagen [1] tomada por OliverZena [2] y disponible para dominio público.
Por primera vez en su historia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no pagó $58 millones de una deuda que asciende a $483 millones y que venció el 3 de agosto. Los $58 millones pertenecen en su mayor parte a puertorriqueños comunes y corrientes a través de ahorros y cooperativas de ahorro y crédito, que adquirieron de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.
El gobierno eligió incumplir con su deuda por razones estratégicas [3]. Los propietarios de la deuda (en su mayoría, puertorriqueños comunes y corrientes) no tienen el poder legal para litigar en los tribunales, a diferencia de los acreedores externos de Puerto Rico.
¿Es Puerto Rico la Grecia del Caribe?
Puerto Rico y Grecia han sido temas altamente discutidos recientemente en todo el mundo. Se han hecho comparaciones entre ambos desde hace por lo menos dos años (ver un artículo de Global Voices de 2012 titulado «Puerto Rico: ¿La nueva Grecia? [4]«). Sin embargo, la situación de Puerto Rico bien podría ser bastante más complicada —y hasta más dolorosa— que la de Grecia.
Si tener una deuda superior a $72 mil millones —que Puerto Rico debe cancelar antes que cualquier otro pago vinculante, según su Constitución— no fuera en sí mismo un problema suficientemente grande, la situación se torna aún más problemática si se considera que Puerto Rico carece de un marco legal para reestructurar su deuda.
Una ley aprobada el año pasado por la Legislatura puertorriqueña hubiera permitido a las corporaciones públicas declararse en bancarrota, pero las cortes federales estadounidenses la declararon inconstitucional varias semanas después. Las cortes sostuvieron que solamente el gobierno federal podía legislar en asuntos relacionados con la bancarrota —argumento un tanto perverso, dado que Puerto Rico fue excluido de poder solicitar la bancarrota de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo 9 del Código de Impuestos Internos. El resultado es que Puerto Rico no puede hacer uso de leyes federales para reestructurar su deuda, pero tampoco puede crear sus propias leyes.
Así las cosas, parece que la única opción restante es persuadir al Congreso para que promulgue legislación que brindaría un marco legal apropiado. Como escribió recientemente [5] Sergio Marxuach del Centro para una Nueva Economía:
What Puerto Rico does not need right now is more austerity, because the capacity to repay its debt ultimately depends on restoring economic growth. At the same time, there can be no economic recovery without debt sustainability and that, in turn, is not possible without significantly restructuring at least some of its debt.
Lo que Puerto Rico no necesita ahora es más austeridad, porque la capacidad de reembolsar su deuda básicamente depende de restablecer el crecimiento económico. Al mismo tiempo, no puede haber recuperación económica sin sostenibilidad de la deuda y eso, a su vez, no es posible sin reestructurar significativamente al menos parcialmente su deuda.
Luis Gallardo Rivera, que escribe para la revista digital La Respuesta, explica una alternativa interesante, aunque poco probable [6] que el gobierno podría usar para aliviar la situación significativamente:
The founders of Puerto Rico’s Constitution, on the other hand, worked into its Article 6, Section 2 a prohibition against spending more than 15% of revenue on public debt. Said Article states that debt payments must be made before any other public expenditures. Though the Puerto Rican government has traditionally applied this priority to all of Puerto Rico’s debt, only $14.7 billion of it is backed up by this constitutional clause. Analysts and politicians alike have referred to this difference as the island's “extra-constitutional” debt. Some […] consider the extra-constitutional nature of the public debt to be illegal and thus null. […] Despite this, it is unlikely that the government will assume this stance.
Por otro lado, los fundadores de la Constitución de Puerto Rico, incluyeron en su artículo 6, sección 2 una prohibición en contra de gastar más de 15% del ingreso en deuda pública. El mencionado artículo establece que los pagos de deuda se deben hacer antes que cualquier otro gasto público. Aunque el gobierno puertorriqueño ha aplicado esta prioridad tradicionalmente a toda la deuda de Puerto Rico, solamente $14.7 mil millones están respaldados por esta disposición constitucional. Analistas y políticos por igual se han referido a esta diferencia con la deuda “extraconstitucional” de la isla. Algunos […] consideran que la naturaleza extraconstitucional de la deuda pública es ilegal y por lo tanto nula. […] A pesar de esto, es poco probable que el gobierno asuma esta posición.
El Congreso estadounidense se ha negado casi rotundamente a ayudar a aliviar la crisis. Antes de esto, la Casa Blanca afirmó que también mantendría su distancia y que no intervendría directamente en los problemas fiscales de Puerto Rico (léase: nada de rescate financiero). Sin embargo, el presidente Obama ha dicho públicamente que el Congreso debería actuar para brindarle a Puerto Rico el marco legal necesario para reestructurar su deuda, y se unió a muchas otras voces influyentes que han pedido una acción similar por parte del Congreso, desde la aspirante a la presidencia Hillary Clinton a los editores del New York Times. Está por verse si el Congreso presta atención a sus consejos.