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Para vislumbrar el futuro del Plan América Central observe a Colombia

Thomas Frost Jensen Follow Woman in market  Antigua, Guatemala

Una señora en el mercado. Antigua, Guatemala. Foto tomada de la cuenta de Flickr de Thomas Frost bajo la licencia de Creative Commons.

Este artículo escrito por Steven Cohen se publicó originalmente en el sitio web de NACLA y se republica en Global Voices como parte de un acuerdo para compartir contenidos.

En un intento para reducir el flujo de los miles de menores no acompañados que huyen a los Estados Unidos, la administración de Obama ha propuesto el “Plan América Central”: Un programa de ayuda de mil millones de dólares dedicado a mejorar la situación económica y de seguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos colectivamente como el Triángulo Norte. Se espera que el congreso de los EEUU vote sobre el plan a finales de verano.

Cuando el Vicepresidente Joe Biden presentó el plan en un artículo de opinión en el New York Times, defendió un incremento del entrenamiento y apoyo a la policía y a las fuerzas armadas, medidas para aumentar la transparencia y la responsabilidad que incluyen un refuerzo de la recaudación de impuestos y inversión extranjera directa a través de la liberalización del mercado.

El plan, según lo que escribió el vicepresidente, será diseñado a partir del Plan Colombia, siguiendo la línea tradicional de Washington que combina proyectos neoliberales con apoyo militar. Un planteamiento similar se utilizó en México con la introducción en 2008 de la Iniciativa Mérida. Los tres planes tienen en común la creencia de que complejos problemas sociales y económicos, y sus resultados, como una desenfrenada industria del narcotráfico, pueden ser resueltos con un fuerte aumento en el gasto militar y en seguridad.

Lo que queda por delante para América Central se puede vislumbrar revisando el Plan Colombia. Durante más de diez años, otorgó a Colombia más de 9 mil millones de dólares en ayuda militar y financiera dedicada a luchar contra la industria del narcotráfico. Como uno de los diseñadores originales del programa, Biden argumenta que el programa llevó a “mejoras notables en seguridad, gobernanza y derechos humanos”.

Énfasis sobre la militarización

Cuando en 1999 el entonces presidente Pastrana implementó el Plan Colombia, fue presentado como una estrategia ambiciosa para poner fin al conflicto armado. En estrecha colaboración con los EEUU, el plan buscaba derrotar a los grupos armados ilegales a la par que ofrecer ayuda social y econónomica a los pobres y eliminar los cultivos de la hoja de coca, un componente clave de la cocaína.

En la campaña política de 1998, Pastrana prometió mejorar la estabilidad a través de un acercamiento más suave que el de su predecesor Ernesto Samper. El presidente decía que la industria del narcotráfico reflejaba un “problema social cuya solución tiene que pasar por la solución al conflicto armado” y que Colombia debía “implementar una especie de ‘Plan Marshall'”. Pastrana defendía que una vez que el aumento de los programas sociales hubiera resuelto el conflicto armado, la creciente industria del narcotráfico podía reducirse. Veía el negocio de las drogas claramente como una consecuencia del conflicto y no una causa.

Sin embargo, el financiamiento estadounidense se recibía con una condición: una seria reformulación del plan que pusiera la lucha contra el narcotráfico como el objetivo principal. De los primeros 1,3 mil millones enviados puestos a disposición por los EEUU, Pastrana dedicó un 55% a las Fuerzas Armadas Colombianas y el 45% restante a programas de desarrollo. La versión aprobada por los EEUU destinaba un 80% al ejército. Este énfasis sobre la militarización continuó, en particular durante las administraciones de Bush y la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe, que sucedió a Pastrana en 2002.

La táctica más importante contra la producción de coca era la fumigación aérea. Tras un descenso inicial, el cultivo de coca se volvió a disparar, un resultado predecible debido a la pésima situación en la que se encontraban los granjeros pobres de Colombia. Al destruirse todos sus cultivos, muchos simplemente volvieron a plantar más coca. De esta manera, la fumigación paradójicamente provocó un aumento de los campos de coca, al mismo tiempo que dañó el medio ambiente y la salud de la población rural.

El Plan Colombia trataba de promover la sustitución de cultivos mediante la provisión de ayuda financiera a granjeros en el período de transición a cultivos legales. Sin embargo, la asistencia además de ser inadecuada para mantener a la familia, tan solo generaba un cuarto de los beneficios anuales medios del cultivo de dos hectáreas de coca. Los granjeros que estaban dispuestos a cooperar en muchos casos ni siquiera recibieron el dinero de apoyo prometido. Hasta abril de 2002, 37.000 campesinos se habían apuntado al pacto de sustitución de cultivos pero solo 8,500 recibieron apoyo financiero. En algunos casos, los cultivos alternativos fueron accidentalmente fumigados por avionetas.

El plan carecía una estrategia a largo plazo. La sustitución de cultivos les daba una cosecha a los granjeros, pero no medios para llevarla al mercado. Lo que contrasta fuertemente con los acuerdos anteriores con traficantes de droga que recogían la pasta de coca de las tierras del granjero. Dada la limitada infraestructura de transporte en las áreas más remotas de Colombia, muchos granjeros llegaron a la conclusión de que la plantación de más coca era la única opción económicamente viable.

La meta más importante era acabar con los grupos armados involucrados en el comercio de droga. Oficialmente, esto se hizo a través de operaciones contra narcóticos, pero en realidad las Fuerzas Armadas Colombianas fueron entrenadas por el personal militar estadounidense en tácticas contrainsurgentes (COIN por sus siglas en inglés). El objetivo principal era el grupo de izquierda conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, hay pocas pruebas de que las FARC estuvieran activamente involucradas en el tráfico de droga, a pesar de que muchas veces ponían impuestos sobre los cultivos de coca, en especial allí donde actuaban como gobierno local. Por el contrario, el Plan Colombia veía a las FARC como “narcoguerrilla”, un apodo cambiado a “narcoterroristas” inmediatamente después de los ataques del once de septiembre en EEUU, para encuadrarlos en el esquema de la Guerra global contra el Terror.

Por otro lado, el Plan Colombia no se centró en las famosas fuerzas paramilitares de Colombia, conocidas colectivamente como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos paramilitares tenían lazos estrechos con varios funcionarios de altos rango en Colombia, incluyendo miembros del congreso, y familiares directos del presidente Uribe. El líder veterano de las AUC, Carlos Castaño, que fue asesinado en 2004, reveló públicamente que un 70% de los ingresos de la AUC procedían directamente del tráfico de drogas. Sin embargo, las AUC no fueron un objetivo de las redadas antidroga del Plan Colombia.

Las violaciones de derechos humanos se dispararon. Por el año 2001 el ejército logró que el congreso sancionara una ley de Seguridad Nacional, lo que redujo la crítica del exterior y la ya limitada investigación sobre causas de derechos humanos. Inmediatamente tras su proclamación como presidente en 2002, Uribe declaró el “estado de conmoción interior” que aumentó fuertemente la autoridad militar. Una legislación antiterrorista del 2003 permitía legalmente al ejército interceptar comunicaciones, allanar propiedad privada, y arrestar ciudadanos sin necesidad de orden judicial.

Durante la vigencia del Plan Colombia el ejército utilizó a los paramilitares para llevar a cabo operaciones similares a tácticas de “Guerra sucia” que recuerdan a los escuadrones de la muerte de la derecha que actuaron en toda América Latina desde 1960 hasta 1980. Era común el asesinato, la tortura y las desapariciones de cualquier sospechoso de estar relacionado con las guerrillas. Un programa que recompensaba la captura y asesinato de guerrillas condujo al asesinato de ciudadanos inocentes, cuyos cuerpos eran posteriormente vestidos con uniformes de la guerrilla. Según el Alto Comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, unos 3.000 civiles fueron asesinados como “falsos positivos” entre 2004 y 2008.

Otro de los supuestos éxitos según los defensores del Plan Colombia fue la desmovilización en 2006 de las AUC. Mientras que varios líderes de las AUC fueron extraditados a los EEUU, muchos de los antiguos miembros se reagruparon formando lo que ahora se conoce como las BACRIM (Bandas Criminales), como los Rastrojos y los Urabeños. Estos han estado aterrorizando en los últimos años a ciudades colombianas como Cali y Buenaventura con violencia, tortura y asesinatos

Falta de responsabilidad

El Plan Colombia tuvo éxito en el estímulo de la economía colombiana. Las tasas de inflación y desempleo decrecieron y la inversión extranjera directa aumentó, principalmente como consecuencia del Acuerdo de Libre Comercio con los EEUU. Sin embargo, los pobres de Colombia, y en especial aquellos que se dedicaban a la agricultura, de repente se vieron enfrentados a un aumento en la competencia, mientras aumentaba la desigualdad de ingresos.

La situación en el Triángulo Norte es bastante distinta. Pero lo que el Plan América Central tiene en común con el Plan Colombia es su énfasis en el entrenamiento y apoyo militar. Al igual que en Colombia, la responsabilidad efectiva y los mecanismos de supervisión sobre las fuerzas de seguridad del Salvador, Guatemala y Honduras son inadecuados. Y sus antecedentes en materia de derechos humanos son pésimos.

En Honduras, el recién elegido presidente Hernández se enfrenta a varias acusaciones de corrupción y las fuerzas de seguridad están acusadas de estar involucradas en numerosas violaciones de los derechos humanos. La campaña presidencial de Hernández fue acusada de intimidación a los votantes, y durante el período próximo a las elecciones más de 30 opositores y activistas fueron asesinados. El pasado noviembre una joven fue supuestamente secuestrada de una parada de bus y después violada por ocho miembros de la recién establecida policía militar, creada para enfrentarse a los altos niveles de corrupción de las fuerzas de seguridad hondureñas. Dice mucho que el director nacional de la policía es un exjefe de un escuadrón de la muerte.

De forma similar, en Guatemala y El Salvador hay lazos estrechos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad que muchas veces tienen raíz en las guerras civiles de ambos países, las masacres y los escuadrones de la muerte. Human Rights Watch informó que la policía en Guatemala en los últimos años en un intento por reducir la actividad de las bandas callejeras recurrió a “limpieza social”, asesinatos extrajudiciales de sospechosos. A pesar de que en Guatemala la responsabilidad por las atrocidades del pasado ha mejorado, la policía rutinariamente reprime violentamente las protestas contra la minería y los ataques contra periodistas y sindicalistas son comunes. En El Salvador, las leyes antiterrorismo han sido utilizadas por las fuerzas de seguridad para acosar a los opositores del gobierno.

Los EEUU apoyan con financiación a los Marines colombianos para que den entrenamiento militar en el Triángulo Norte. Esto significa que el ejército colombiano, que ha sido acusado de multitud de violaciones de los derechos humanos, impartirá técnicas y tácticas que en muchas ocasiones han tenido consecuencias terribles para las poblaciones locales.

El Plan América Central es como mucho un intento bien intencionado pero ingenuo de mejorar la situación de seguridad del Triángulo Norte. En particular en Honduras parece probable que cualquier tipo de apoyo o entrenamiento no solo será usado contra criminales sino también civiles inocentes. Como siempre, Washington convenientemente se ciega ante estos temas y parece más preocupado por apoyar a gobiernos latinoamericanos que están en línea con su ideología neoliberal de libre mercado. Al igual que Colombia en 1999, actualmente son los países del Triángulo Norte los que se ajustan a ese perfil. No es una coincidencia que Nicaragua, con un gobierno de izquierda, no forme parte de la propuesta de Biden.

La Iniciativa Mérida también abrió la puerta al apoyo financiero y militar de los EEUU, pero nadie discute que este “Plan México” haya logrado restaurar la seguridad en el vecino al sur de EEUU. Como Colombia y México, el Plan América Central sin duda beneficiará a la élite de negocios de la región gracias a las protecciones a inversores para estimular a los negocios. Sin embargo, para la mayoría de la población, un aumento de la violencia y la corrupción es el resultado más probable de la promesa de Biden de que América Central vaya a ser “la siguiente gran historia de éxito del hemisferio occidental”

 


Quintijn Kat es candidata a PhD en el Institute of the Americas, University College London y una Asociada senior de Investigación de la Jindal School of International Affairs, O.P. Jindal Global University

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