Detenida, golpeada y en proceso de deportación. Así terminó la asistencia de la periodista franco brasileña Manuela Picq al paro nacional realizado en Ecuador el pasado 13 de agosto. El lunes 17 de agosto, la jueza Gloria Pinza negó la expulsión del país luego de encontrar «anomalías» en el caso aunque posteriormente elevó la consulta la sentencia ante el Ministro del Interior.
Jueza elevó a consulta ante .@ppsesa la sentencia que fue dictada en favor de #ManuelaPicq. http://t.co/vPJ8Ln4g6w pic.twitter.com/dJK6dLDab8
— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) August 20, 2015
El reporte oficial de la detención de Manuela Picq en la página del Ministerio del Interior de Ecuador sostiene que la periodista estaba siendo agredida por personas desconocidas y la Policía Nacional al percatarse de dicho atropello por manifestantes, acudió en su auxilio y le brindaron atención médica y psicológica.
El diario El Comercio compartió un vídeo en el que se puede ver el momento de la detención en el centro de Quito, la capital:
Tras la aprehensión, Manuela fue llevada al Hospital Eugenio Espejo. Las 11 de la noche (hora local) medio centenar de policías llegó hasta los exteriores del área de emergencia. Entre los uniformados había agentes equipados con toletes y escudos antimotines, reportó el diario El Comercio.
En el siguiente video Manuela relata la buena atención que le brindó la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Y en ningún momento denuncia agresiones.
Al día siguiente, Picq informó en su página de Facebook, que su visa había sido cancelada.
De acuerdo con las autoridades, la revocación de la visa responde a que la misma se encontraba vencida y que por lo tanto la periodista se encontraba ilegalmente en el país.
La certificación de movimientos migratorios indica que Manuela Picq registra el ingreso al país, el 26 de febrero del 2012, con una visa 12 VIII, y un plazo de 180 días para su permanencia. La visa que la ciudadana extranjera mantenía actualmente se encuentra revocada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La periodista, quien ha vivido en Ecuador por ocho años, se defendió en una entrevista con el diario El Comercio:
Mi visa caduca el 28 de este mes y es anual, que se renueva cada año. Es un documento totalmente legal, vigente que fue cancelado de forma arbitraria y abrupta esta mañana. Ayer, yo no estuve ilegal y me arrestaron sin ninguna razón, nunca me detuvieron con motivos… En lo humano, lo que siento es una mezcla de varias cosas. Me dieron un toletazo en la cara; perdí la visión del ojo izquierdo por varias horas ayer noche, por suerte estoy bien. Me golpearon duro, me trataron como criminal solo por caminar en las calles.
Su situación llegó hasta la plataforma de peticiones en línea change.org, con Paren la deportación de Manuela Picq, dirigida al presidente Rafael Correa donde ha reunido más de 8.000 firmas, además de levantar las alarmas por las presuntas arbitrariedades cometidas en su contra.
En el blog Periodismo en las Américas, Natalia Mazotte, escribió lo siguiente:
La hostilidad hacia los periodistas, medios de comunicación y activistas se ha incrementado en Ecuador, y los ataques a la libertad de expresión son cada vez más frecuentes. La ONG Fundamedios en su informe ‘Víctimas del clima de hostilidad en Ecuador’ mostró un aumento en los ataques contra la prensa y activistas».
La periodista, corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera y profesora de la Universidad San Francisco, es pareja sentimental del líder indígena Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) con quien se encontraba durante la marcha.
El líder indígena, quien defiende el derecho al agua de las comunidades indígenas oponiéndose a varios proyectos mineros, dijo a la prensa que su pareja lo trató de ayudar y que lo ocurrido con Manuela en los últimos meses es una represalia en su contra ya que ha recibido amenazas por parte del gobierno.
El paro fue convocado por colectivos de trabajadores y apoyado por el movimiento indígena representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para protestar contra el gobierno del presidente Rafael Correa y dejó más de 70 personas detenidas en todo el país.
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