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Se debilita protección a los derechos humanos por lucha contra el terrorismo en Túnez

El gobierno de Túnez está tomando medidas sobre los derechos civiles y políticos, ya que lucha contra un aumento de la rebeldía islámica, a raíz del ataque terrorista más mortífero en la historia del país.

El 26 de junio, 38 turistas extranjeros fueron asesinados cuando el pistolero Seifeddine Rezgui abrió fuego en un centro turístico de una playa en Sousse. Tres meses antes, 21 turistas y un oficial de policía fueron asesinados en un ataque en el Museo Nacional del Bardo, en la capital. El auto-proclamado Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques.

Desde 2011, docenas de soldados y oficiales policiales perdieron sus vidas en ataques de grupos afiliados con Al-Qaeda en el Magreb Islámico, particularmente en la zona montañosa de Chaambi, a lo largo de la frontera con Algeria, donde la brigada Okba Ibn Nafaa está muy activa.

Como otros países de la región que lidian con caos, guerras y autoritarismo, Túnez se describe como la «historia exitosa» de la llamada Primavera Árabe. La transición del país ha sido hasta ahora sin inconvenientes, sin embargo sigue siendo incompleto con respecto al nivel de instituciones democráticas y la justicia de transición. En enero de 2014, una asamblea nacional constituyente adoptó una constitución que protege los derechos civiles. Menos de un año después, una transición pacífica de poder tomó lugar cuando el partido islamita Ennahdha entregó el poder a su rival, el secular partido Nidaa Tounes, consiguiendo con éxito las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Pero ahora, el proceso de democratización de Túnez y el progreso con respecto a los derechos humanos está siendo amenazados por las políticas anti-terroristas de las autoridades.

Cat before being thrown in jail: 'I don't care about human rights! I don't care about freedom! I don't care about the revolution! I just want to be secure!" Jailer: "Satisfied? You're secure now." Cartoon by Nadia Khiari.

Gato antes de ser encerrado en la cárcel: —No me importan los derechos humanos. No me importa la libertad. No me importa la revolución. Solo quiero estar seguro—. Carcelero: —¿Satisfecho? Estás seguro ahora—. Dibujo de Nadia Khiari.

Ocho días después del ataque en Sousse, el presidente Beji Caid Essebsi declaró un estado de emergencia en todo el país, dando a las autoridades el poder de imponer restricciones a las protestas y huelgas, tomando medidas contra la libertad de prensa y concediendo más autoridad al ejército y a la policía. Violar el estado de emergencia, que se prolongó por más de 60 días, podía ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. No pasó mucho antes de que una corte en el interior de la región de Gafsa sentenció a 13 activistas a 16 días de prisión por violar el estado de emergencia mediante una protesta laboral.

Para los críticos, imponer el estado de emergencia fue motivado por deseo de las autoridades por acabar con las huelgas y protestas, más que por luchar contra el terrorismo.

Un estado de emergencia que no tuvo nada que ver con «combatir el terrorismo», sino con la supresión de la democracia participativa

En declaraciones a ‘the Independent‘, el primer ministro Habib Essid trató de justificar esta represión. —Es para defender nuestra joven democracia,— dijo. —Ellos no pueden sostener protestas o estar en huelga, pero pueden expresarse de otras formas. La gente puede hablar o escribir (lo que prefieran)—.

Pero a pesar de la seguridad del primer ministro de «la gente puede hablar o escribir, lo que prefieran», las autoridades también han tomado medidas en los discursos.

El 8 de julio, los fiscales acusaron de complicidad a Noureddine Mabrki, editor del sitio de noticias akherkhabaronline.com, conforme a la ley anti-terrorista del país del año 2003, por publicar una foto del pistolero de Sousse, Seifeddine Rezgui, saliendo de un auto justo antes de llevar a cabo la masacre. Publicada el 5 de julio, la foto ha sido eliminada por pedido de las autoridades, que están investigando para determinar de dónde provino. Al negarse a revelar dicha fuente, Mbarki corre el riesgo de ir a prisión entre 5 a 12 años.

Photo-shopped picture of PM Habib Essid carriying a shovel

Imagen photoshopeada del primer ministro Habib Essid, sosteniendo una pala.

La misma acusación fue llevada contra Abdelfatteh Saied, un profesor de matemáticas que alegó por Facebook que el ataque en Sousse fue una conspiración llevada a cabo por agentes de seguridad. Aunque Mbarki sólo estuvo pocas horas bajo custodia policial, Saied ha estado en prisión desde el 16 de julio. También se le agrega el cargo de «acusar, sin pruebas, a un agente público de violar la ley» bajo el artículo 128 del Código Penal por compartir y comentar una imagen photoshopeada del primer ministro Habib Essid. Dicha foto, que muestra a Essid sosteniendo una pala, fue originalmente publicada por otro usuario. Saied compartió la foto en su muro de Facebook el 12 de julio junto con un comentario sobre la decisión del regulador de radiodifusión de cerrar un número de radios religiosas y estaciones de TV. Dijo: «—(Es) como si ellos (el gobierno) estuvieran esperando, sedientos, a que ocurriera el crimen de Sousse, para apagar todas las fuentes de moderación islámicas. Como si fuera un regalo del cielo—».

Los grupos y activistas de los derechos humanos también se resisten a fallos en la nueva ley anti-terrorista, que fue aprobada por unanimidad por el parlamento el 25 de julio. La nueva ley reemplaza a la del 2003, aprobada bajo el gobierno autocrático de Zine el Abidine Ali y bajo la cual 3000 personas, incluyendo opositores políticos, fueron procesados.

La legislación del 2015 define al terrorismo, extiende el límite de detención preventiva, de 6 días bajo la ley anterior a 15 días, y ordena la pena de muerte para aquellos condenados por delitos de terrorismo que resultaron en muertes o violaciones. Túnez nunca ha abolido la pena de muerte, pero la ley del 2003 no la prescribió como castigo por crímenes relacionados con el terrorismo.

La ley, además, garantiza a los servicios de seguridad excepcionales poderes para interceptar la comunicación de los sospechosos en tiempo real (tanto por teléfono como online), por un período que no exceda los 4 meses, después de obtener una orden escrita de un juez de instrucción o fiscal. Además, dispone una pena de cárcel de hasta cinco años contra quien «elogie clara y públicamente» un crimen terrorista, a su autor o a un grupo terrorista.

La ley anti-terrorista de Túnez es una poderosa herramienta que está en manos de un sistema de seguridad y judicial corruptos. Su impacto será devastador.

Siempre es un placer ver a estos primeros ministros verter su veneno, votando a favor de una ley draconiana y volviendo a casa creyendo que han cumplido con su deber.

La policía del gobierno antiterrorista también ha sido manchada con acusaciones de tortura.

En una declaración publicada el 5 de agosto, la Liga Tunecina de Derechos Humanos confirmó que cinco sospechosos detenidos por cargos de terrorismo fueron torturados durante su detención. Aunque un juez ordenó su liberación el 4 de agosto con otros dos sospechosos en el mismo caso, policías vestidos de civil los arrestaron nuevamente sin una orden de arresto, como si lo estuvieran haciendo a su manera fuera de la corte.

Durante la misma semana, otro juez ordenó la liberación de 9 sospechosos del ataque terrorista al Museo Nacional del Bardo, cuyas confesiones fueron extraídas bajo tortura.

La periodista tunecina Yasmine Ryan tuiteó sobre el caso:

Los 9 sospechosos detenidos por el ataque en #Bardo están en libertad, incluyendo al presunto autor intelectual del ataque. Falta de evidencia

Juez tunecino dice que las supuestas confesiones obtenidas después del arresto de 9 sospechosos en el caso #Bardo, fueron el resultado de torturas

La práctica de la tortura para obtener confesiones significó que personas fueran incorrectamente arrestadas por el atentado del #Bardo, dejando a los reales culpables libres para planear otro ataque.

En el blog colectivo Nawaat, Hend Chennaoui escribe que los grupos sociales civiles han estado notando un «considerable aumento en la violencia policial» desde la declaración del gobierno de una guerra contra el terrorismo. Agrega:

Meanwhile, the country's decision-makers do not seem to find a balance between democratization and counter-terrorism.

Mientras tanto, los que toman las decisiones en el país, no parecen encontrar un equilibrio entre la democratización y la lucha contra el terrorismo.

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