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Perú: Las huellas del petróleo que intentaron esconder

Impacto de la actividad petrolera de Pluspetrol en la comunidad de José Olaya, ubicada en la provincia del Datem de Marañón, Loreto. Foto: Julio Angulo - La República

Impacto de la actividad petrolera de Pluspetrol en la comunidad de José Olaya, ubicada en la provincia del Datem de Marañón, Loreto. Foto: Julio Angulo – La República (usada con autorización)

Este texto escrito por Gabriela Flores y Milagros Salazar fue publicado originalmente en el sitio de Convoca y reproducido aquí con autorización.

La industria de hidrocarburos ha dejado cicatrices profundas en el territorio peruano que las propias autoridades han reconocido. En los más de 40 años de explotación petrolera en Loreto, el Estado ha declarado la emergencia ambiental y sanitaria de las cuatro cuencas ubicadas alrededor del lote 192 (ex 1AB) que opera en esta región amazónica la empresa Pluspetrol Norte. Durante años, las poblaciones indígenas se han quejado de un impacto silencioso y rotundo en sus vidas. Esta vez, Convoca accedió a reportes de supervisión ambiental en hidrocarburos hasta hoy desconocidos que los tres últimos gobiernos ignoraron a pesar de las gravedad de los indicios. Esta es la historia después de la revisión de más de 20 mil páginas de documentos y la construcción de un registro que abarca 21 regiones del país.

Wilson Sandy sigue las huellas del petróleo en la Amazonía peruana con la astucia de un detective y la determinación de quien protege su casa: el territorio achuar de Loreto. Tiene 39 años de edad y hace más de diez que dedica su vida a recopilar indicios de contaminación de las petroleras que operan en la región amazónica con más cicatrices ambientales en el país. ¿Por qué lo hace? “Para defender a mis hermanos, para documentar lo que pasa, para que no digan que mentimos”, dice Sandy con esa misma seguridad con la que se abre camino entre los bosques, atraviesa ríos caudalosos y cochas negras de petróleo para registrar evidencias entre plantas marchitas y peces muertos. Toma fotos, vídeos y ubica los sitios afectados con un GPS para revelar lo que sus ojos han comprobado.

Sandy es el líder de 19 monitores ambientales del río Corrientes en Loreto. Pero no es el único testigo de lo que él llama en lengua achuar “nunka nemeskamu”: la tierra contaminada. Las poblaciones indígenas conviven con derrames de petróleo, fugas de gas y otros incidentes ambientales que muchas veces quedan enterrados en la espesura de la selva durante décadas. Es una cadena de historias silenciosas que puede superar cualquier sospecha.

“Nosotros encontramos en cajas de cartón cientos de informes de supervisión sin procesar”, dijo la abogada María Luisa Egúsquiza, quien tiene a su cargo la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos de OEFA ( Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ), en una entrevista con Convoca a mediados de 2014. Ella se refería a evidencias de potenciales infracciones ambientales que nunca fueron evaluadas por las autoridades para sancionar a las empresas responsables. ¿Cuáles eran esas compañías y qué decían los documentos?

Desde entonces, Convoca buscó responder esas preguntas y conocer lo que contenían esas cajas apiladas en un rincón de las oficinas de OEFA. Egúsquiza aseguró que su institución pidió a la Contraloría de República que se investigue a los funcionarios responsables, pero no dio más detalles en esa entrevista en la que también estuvo el presidente del OEFA, Hugo Gómez. Hoy después de un año revelamos la primera parte de esta historia.

Papeles ocultos

Lo que encontramos fueron unas 20 mil páginas de presuntos incumplimientos ambientales principalmente de empresas de los sectores hidrocarburos y energía. Convoca accedió a más de mil documentos completos, entre informes de supervisión ambiental hasta hoy desconocidos, cartas internas y fotografías. Los analizó y elaboró un registro para determinar la gravedad de los casos y quiénes fueron los operadores y responsables.

Como resultado, se identificó que más del 70 por ciento de estos casos correspondían a actividades petroleras y gasíferas en 21 regiones del país y que el más beneficiado fue el grupo de origen argentino Pluspetrol, que tiene la principal operadora de petróleo en el Perú y la que lidera el ranking de las empresas infractoras del sector.

Comunidad de José Olaya (Loreto). Foto: Julio Angulo – La República.

Todos esos casos fueron archivados en 23 días entre agosto de 2013 y setiembre de 2014 mediante 1101 resoluciones de la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, pero no por falta de pruebas sino porque las autoridades permitieron que se supere largamente los cuatro años que fija la ley como límite para iniciar un proceso sancionador luego de que se recogen las evidencias iniciales. A esta figura legal se le llama prescripción.

Los inspectores presentaron sus informes al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) entre 1998 y 2009 como consta en los documentos que obtuvo Convoca.

La prescripción de estos reportes se concretó entre 2002 y 2013 y abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García y Ollanta Humala. A inicios de 2011, OEFA recibió de Osinergmin estos informes cuando asumió la fiscalización ambiental en hidrocarburos.

Poblador de la comunidad José Olaya. Foto: Julio Angulo – La República.

Mientras Osinergmin estuvo a cargo de esta labor dejó prescribir el 98% de los casos en un lapso de dos a trece años. OEFA hizo lo propio con veinte casos que prescribieron a los dos años de que este organismo asumiera la supervisión ambiental en este sector. No se inició ningún proceso administrativo sancionador a pesar que se encontraron casos de posibles infracciones graves según los especialistas consultados.

Uno de estos casos fue el derrame de 50 mil galones de petróleo del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, de los cuales veinticinco mil desembocaron en el río Marañón, en un hábitat de 100 especies de animales, ubicada entre Jaén y Amazonas. El  incidente se produjo la madrugada del 8 de mayo de 2006 debido a que una roca de 25 toneladas cayó sobre el ducto y esto terminó afectando un tramo de los poblados Chingaza y Fátima. De acuerdo con el informe N° 79426-1, la empresa no reportó “el grado de afectación de las riberas, aguas abajo del río Marañón” y permitió que los pobladores  recogieran el material contaminado sin protección.

Evidencia del derrame de petróleo en uno de los tramos del Oleoducto Norperuano de PetroPerú en 2006, incluida en un informe de supervisión archivado.

Por esta razón, los inspectores recomendaron evaluar “los daños físicos, biológicos y sociales”, “determinar las zonas vulnerables a los derrumbes” y un plan de remediación. No se trataba de un incidente cualquiera. Para el toxicólogo Rubén Loayza de la Universidad Cayetano Heredia, este derrame calificaba como una “catástrofe ambiental” por la cantidad de petróleo vertido al río, pero el informe quedó olvidado durante cinco años y, en 2013, fue archivado por OEFA junto a unos mil 100 informes debido a que los plazos para investigar y sancionar vencieron.

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La construcción del registro de los reportes ambientales prescritos fue un esfuerzo colaborativo. Participaron Esteban Valle-Riestra, Aramís Castro, Gloria Alvitres, Wendy Vega y Claudia Risco

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