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La condena a muerte al joven saudita Ali Al-Nimr es cuestionada por defensores de los derechos humanos

A drawing raising awareness of Ali al-Nimr's case. Image by Gianluca Costantini.

Un dibujo realizado para atraer atención sobre el caso de Ali al-Nimr. “¿Dónde están los derechos humanos? Condenamos la sentencia de ejecución #LibertadparaNimr”. Imagen de Gianluca Costantini.

Un juzgado saudita ha confirmado la condena a muerte a Ali al-Nimr, de 21 años de edad, por “participar en manifestaciones contra el gobierno, atacar a las fuerzas de seguridad, posesión de una ametralladora y por robo armado”, según informó el periódico Okaz el pasado 14 de setiembre.

Cuando al-Nimr fue arrestado el 14 de febrero de 2012, tenía 17 años. Fue llevado a la prisión de la Dirección General de Investigaciones en Damman, al este del país. El caso de Al-Nimr fue después transferido al Ministerio del Interior, según su padre, el activista político Mohammed al-Nimr. El juzgado de crimen especializado de Jeddah sentenció inicialmente a muerte a al-Nimr el 27 de mayo. Según han informado los medios, al-Nimr será primero decapitado, y después “su cuerpo será amarrado a una cruz hasta que se pudra”.

“El juzgado parece haber basado su decisión en ‘confesiones’ firmadas que, según Ali al-Nimr, fueron extraídas bajo tortura y maltrato, y se niega a investigar estas alegaciones”, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado en 2014.

El padre del acusado criticó la cobertura del juicio por parte de los medios.

Los medios sauditas han mencionado a Sheikh Nimr, tío de Ali al-Nimr, durante el juicio a Ali al-Nimr, para apoyar su historia basada en supuestos y acusaciones.

El diario Okaz mencionó en su artículo que Ali es sobrino de Sheikh Nimr al-Nimr, un clérigo que permanece detenido desde julio de 2012, también sentenciado a pena de muerte, y que había liderado protestas en Qatif en el momento álgido de la primavera árabe en 2011.

Mohammed al-Nimr, padre de Ali, ha estado tuiteando activamente sobre el caso, señalando violaciones de derechos humanos y del derecho a un juicio justo.

El juzgado superior y el de apelaciones han confirmado la pena de muerte para el joven Ali al-Nimr y su caso ha sido transferido al Ministerio del Interior.

Durante la investigación sobre Ali al-Nimr, el investigador escribió una declaración difamatoria y tomó el pulgar de Ali amenazando con estampar su huella dactilar en ella.

El abogado de Ali al-Nimr no pudo sentarse con su cliente en el juzgado y la oficina de investigación rechazó la sentencia de los jueces y presionó a favor de la pena de muerte.

Jóvenes como Ali al-Nimr deberían estar en la escuela y no en prisión o en juzgados carentes de las mínimas garantías para un juicio justo.

Eman al-Hakeem, una abogada saudita, desaprobó las acciones de los defensores de los derechos del niño en este caso:

Los defensores de los derechos del niño conocen el caso de Ali al-Nimr, pero eligen mantenerse en silencio, primero, porque son sectarios y, segundo, cobardes.

Waleed Sulais, un activista de derechos humanos, tuiteó:

Le pido a la Comisión de Derechos Humanos que considere los procedimientos llevados a cabo contra Ali al-Nimr desde el momento en que fue arrestado hasta la sentencia, e informe de ello a la Casa Real.

Y añadió:

La aprobación de la sentencia de muerte a Ali al-Nimr es un peligroso precedente desde cualquier punto de vista: matar a una persona que fue arrestada cuando era menor y no ha cometido un delito dentro de la categoría de “crímenes más graves”, que conllevan la pena de muerte.

Fatima Kareem compartió un vídeo en Twitter en el que muestra a al-Nimr discutiendo con la policía, que amenazaba con dispararle. Estaba filmando mientras ellos examinaban su casa:

En el vídeo Ali dice: No tengo nada, solo mi cámara. Estan mirando mi casa, que es el motivo por el que estoy grabando.

La ejecución de al-Nimr se llevará a cabo en cuanto el rey saudita ratifique la sentencia.

Según Amnistía Internacional, “Arabia Saudita es uno de los ejecutores más prolíficos del mundo, habiendo ejecutado a más de 2.200 personas entre 1985 y 2015. Entre enero y finales de agosto de 2015, ha ejecutado a como mínimo 130 personas, casi la mitad de ellas por ofensas que no encajaban en la categoría de ‘crímenes más graves’, que permitiría la pena de muerte de acuerdo al derecho internacional”.

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