[1]Imagen de protesta por Pixelated Team, compartida en Twitter.
El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los retos, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.
La Cámara Baja del Congreso de Brasil está debatiendo un proyecto de ley [2] que duplicaría las penas por calumnias y expresiones difamatorias cuando se publiquen en línea, y disolvería las protecciones de la privacidad de las comunicaciones en investigaciones criminales.
El proyecto de ley [3] tiene mucho camino por recorrer antes de llegar ante la presidenta Dilma Rousseff — necesita la aprobación de la comisión y del pleno en la Cámara Baja, además de la aprobación del Senado. Pero en caso de aprobarse, desmantelaría las protecciones de privacidad del Marco Civil [4] (la llamada «Carta de Derechos de Internet» de Brasil) al permitir que los fiscales de casos criminales soliciten datos personales de los usuarios, incluyendo el contenido de los mensajes privados, sin obtener primero la aprobación de un juez. También «actualizaría» el Código Penal brasileño al añadir las palabras «medios sociales» a una lista de delitos definidos como calumnias y duplicar las sanciones por infracciones, además de permitir que los demandantes soliciten la eliminación permanente de contenidos en línea si pueden probar que son perjudiciales para su honor. El proyecto de ley justifica estos cambios al señalar los efectos «devastadores» de expresiones difamatorias cuando se propagan a través de los medios sociales.
Pero la historia podría estar del lado de los derechos humanos. Los defensores de las libertades civiles han apodado a este el «proyecto de ley espía» (#PLEspiao [5]) o “AI-5 digital”, recordando el AI-5, un decreto emitido en 1968 [6] durante la dictadura militar de Brasil que restringía severamente la libertad de reunión y de expresión. Han surgido campañas en línea [7] en contra de las enmiendas, que parecen haber retrasado una votación sobre el proyecto que iba a tener lugar a finales de septiembre, pero ahora se ha aplazado. El 29 de setiembre se celebró una audiencia pública sobre la cuestión, y se programó tentativamente la fecha del 1 de octubre para una nueva votación [8].
El Instituto Beta para Internet y Democracia, una organización brasileña, argumenta en un artículo para el Brasil Post, del Huffington Post [9], que deben existir mejores formas de lidiar con los delitos cometidos en Internet:
Cyberbullying, revenge porn and other forms of harassment are serious problems. But to take those matters seriously means to find ways to guarantee protection to the victims without violating fundamental rights of everyone else.
El ciberacoso, la venganza porno y otras formas de acoso son problemas graves. Pero tomarse esas cuestiones en serio significa encontrar maneras de garantizar la protección de las víctimas sin violar los derechos fundamentales de todos los demás.
El Centro para Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, la principal universidad de ciencias sociales de Brasil, dijo que el proyecto de ley es inconstitucional [10]: «¿A quién beneficia este proyecto? ¿Al interés del público en su conjunto o a los que quieren protegerse del escrutinio público? «
El presidente de Ecuador esgrime las herramientas de censura para evitar rencores
El presidente ecuatoriano Rafael Correa está haciendo valer el derecho a ser olvidado ─ pero solo para sí mismo. Utilizando millones de dólares en fondos públicos, Correa contrató a una empresa mexicana para eliminar información crítica [11] sobre él y su esposa de Internet, incluyendo un documental del realizador Santiago Villa, una transmisión electoral de un rival político, e incluso un informe sobre una fuga de una prisión ecuatoriana, según documentos obtenidos por BuzzFeed. La noticia se suma a la creciente lista de obstáculos [12] que el gobierno de Correa ha establecido contra la libertad de expresión en el país: hace solo dos semanas informábamos sobre el cierre de Fundamedios [13], un grupo ecuatoriano dedicado a la libertad de los medios de comunicación, y en agosto los documentos filtrados sobre Hacking Team revelaron fuertes inversiones del gobierno ecuatoriano [14] en software malicioso y trolls en favor del gobierno.
Más etíopes encarcelados por buscar educación digital
Los blogueros de Zone9 [15] no son los únicos [16] etíopes acusados bajo la Proclamación Antiterrorista por presuntos delitos como el activismo en línea y buscar formación en herramientas de seguridad digital. Tres ciudadanos, Zelalem Workagenegu, Yonatan Wolde y Bahiru Degu, cuyos casos solo se hicieron públicos recientemente, fueron detenidos el 8 de julio de 2014 por solicitar asistir a un curso de capacitación sobre seguridad en línea. Como los blogueros de Zone9, sus audiencias han sido aplazadas varias veces. Se espera que vuelvan a comparecer ante los tribunales entre el 7 y el 9 de noviembre de este año.
Voces Amenazadas de Irán: Arash Zad y Atena Farghadani
El destacado bloguero sobre tecnología Arash Zad fue detenido [17] por la Guardia Revolucionaria iraní a finales de julio. Los detalles de su detención siguen sin estar claros, y ha sido calificada de detención arbitraria por parte de organizaciones de derechos humanos. Zad es muy conocido como innovador y empresario de tecnología en Irán, y fundó Zig Zag Labs [18], una empresa de tecnología ganadora del Premio de Jóvenes Talentos de las Naciones Unidas, destinada a animar a las mujeres iraníes a entrar en el campo de la tecnología y la iniciativa empresarial.
Atena Farghadani, activista y artista encarcelada, comenzó una huelga de hambre [19] en setiembre para protestar por los abusos verbales por el personal penitenciario. La madre de Farghadani, Eshrat Ardestani, ha dicho que requiere atención médica urgente y también ha presentado síntomas de una enfermedad linfática durante su reclusión. “Atena ha perdido todo como una joven estudiante destacada en sus estudios universitarios en prisión. No tiene nada más que perder. Toda esta tortura sicológica contra una jóven en detención es innecesaria”, dijo su madre.
Asamblea Nacional francesa ataca al núcleo de las comunicaciones globales
El jueves, 1 de octubre, la Asamblea Nacional de Francia tenía prevista una votación sobre un nuevo proyecto de ley de vigilancia internacional que modificaría una ley aprobada el verano pasado [20], a raíz del ataque contra Charlie Hebdo, que aumentó considerablemente las facultades de las autoridades de la inteligencia francesa para vigilar y grabar las comunicaciones electrónicas en nombre de la seguridad nacional. La enmienda incluiría en la legislación vigente una vigilancia más generalizada de las comunicaciones transnacionales y globales a través de los cables submarinos de Internet. Grupos de defensa de las libertades civiles, incluyendo European Digital Rights y La Quadrature du Net están haciendo sonar la alarma con análisis [21] y una carta abierta [22] contra el proyecto de ley, firmada por grupos de la sociedad civil de todo el mundo.
La recolección de datos de la NSA criticada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está actualmente considerando el caso de Max Schrems [23], un ciudadano austriaco y activista [24] que ha llevado a las autoridades irlandesas para la protección de datos a los tribunales, en un esfuerzo por ilustrar cómo las empresas estadounidenses como Facebook y Google socavan las leyes de protección de datos de la UE. Critica las prácticas de «vigilancia masiva e indiscriminada» de la NSA, cuya capacidad para recopilar datos privados de los usuarios en EE. UU. socava las ofertas de privacidad que compañías como Google y Facebook hacen a sus clientes en la UE, que disfrutan de mayores garantías para la protección de datos personales [25] que los residentes de Estados Unidos.
Si bien el Tribunal aún tiene que tomar una decisión al respecto, podría cambiar drásticamente la naturaleza y frecuencia de las transferencias de datos entre la UE y los Estados Unidos — un resultado potencialmente devastador para la industria de la tecnología estadounidense, y un traspaso de poder crucial en las batallas globales sobre los derechos de privacidad de la información de los usuarios en Internet.
Nuevas investigaciones
- Un análisis del código internacional de conducta para la seguridad de la información [26] – Citizen Lab
Mary Aviles, Ellery Roberts Biddle [27], Taisa Sganzerla y Sarah Myers West [28] colaboraron con este informe.