Ocurague. Pueblo Fantasma. Lo que un día fue una escuela. Créditos de fotografía: población de Ocurague usada con autorización.
La versión original de este artículo [1] fue escrito Silber Meza y Francisco Cuamea y fue publicado en el sitio web de CONNECTAS [2]
Cada noche, los pobladores de Ocurague, en la Sierra Madre Occidental mexicana, se escabullían de sus viviendas para ocultarse entre los matorrales. Desde las sombras escuchaban el accionar de las armas, las cuatrimotos y las camionetas que aplanaban los caminos terregosos.
Cuando el silencio volvía a imperar, apaciguaban el miedo y regresaban a sus viviendas. Era la señal de que el peligro había pasado, al menos por esa noche.
Así era la vida en 2011 en este poblado de la Sierra Madre Occidental que es parte del municipio de Sinaloa de Leyva, muy cerca de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, en el llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico mexicano, que incluye la parte serrana de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Al paso de los meses, el temor a la violencia en esta región escaló a los homicidios a raíz del enfrentamiento entre grupos . A inicios de 2012, un grupo armado secuestró y asesinó a un joven originario del poblado vecino de San José de los Hornos. Esperanza Hernández, una mujer que ronda los 50 años, originaria de Ocurague, y que se desplazó a la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa, recuerda el episodio así:
Cuando mataron al muchacho ese de San José de los Hornos los hombres no se atrevieron a ir a levantarlo, por eso las mujeres fuimos por él, acompañadas del Comisario. Ahí habían dejado un papel donde se atribuían el asesinato; el papel decía que eso les iba a pasar a todos los ‘dedos’ (soplones) de (el narcotraficante Joaquín Guzmán) ‘El Chapo’, que porque ahí era puro Beltrán Leyva (los hermanos Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán, antiguos aliados y ahora rivales).”
El nuevo grupo criminal condicionó a los pobladores a unirse a ellos, a abandonar sus tierras o a morir en sus manos.
Asesinaron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados. El Comisario, antes de salir, dio aviso a la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva. Fue una cosa muy difícil y muy fea: imagínese tener que dejar ahí a los cuerpos, y la gente tener que venirse por el miedo. Una persona decía que venían los Beltrán Leyva a quemar el rancho y a matar al que encontrara”.
Prosigue con la mirada vaga, mientras recuerda los homicidios de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habitaban Ocurague, ahora convertido en un pueblo fantasma.
Por eso, por el terror, el 12 de enero de 2012, junto con su familia y un pueblo entero, Esperanza salió huyendo: dejó el abarrote familiar que trabajaba, su casa, su siembra, su ganado. Todo.
Desde entonces esta madre soltera se convirtió en una activista que lucha para que se mejoren las condiciones de los desplazados; ha hecho un padrón de los que se hallan en Guamúchil y ha registrado a los que se fueron al norte del estado, particularmente a las familias que se asentaron en Guasave y en Choix.
El trauma del desplazamiento ha sido muy grande, explica Esperanza, primero por la falta de empleo y vivienda, y después por el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo cuesta, hasta el agua.
No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si se acaba el gas, hay leña; tenemos gallinas que producen huevo, tenemos carne, queso; tenemos agua. Ocurague significa lugar donde nace el agua; hay un arroyo que nunca se seca. Nunca carecemos de fruta: ¡aquí hay que comprarla!”
La temporada de calor también ha sido una hornilla: ellos vivían entre los pinos serranos, ahora padecen de temperaturas de más de 40 grados centígrados, muchos de ellos sin siquiera contar con un ventilador.
Las demandas de la mayoría de los desplazados siguen siendo las mismas que en un principio: el regreso de las familias a sus pueblos con garantías de seguridad, o en su defecto, ayuda para un empleo, educación y una indemnización por las tierras y bienes perdidos a manos de los grupos del narcotráfico.
El 6 de marzo de 2015, Esperanza Hernández fue amenazada y obligada a desplazarse de nuevo, esta vez hasta la capital del país: el Distrito Federal. Tras varias semanas de gestiones y con ayuda de organizaciones nacionales de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [3]solicitó protección al Estado mexicano para ella y para sus familiares. Después de esto regresó a Sinaloa y ahora continúa trabajando en favor de las víctimas desterradas.
Según cifras del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC-NRC [4]) que son utilizadas por la ONU, a finales de 2013 había por lo menos 33.3 millones de desplazados en el mundo debido al conflicto armado, la violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos.
En América, a finales de 2013, por lo menos 6.3 millones de personas habían sido objeto de desplazamiento interno, la gran mayoría se encuentra en Colombia, donde la cifra ha aumentado de forma constante. En México el desplazamiento forzado se ha masificado desde 2006, cuando Felipe Calderón tomó la presidencia de México e inició una batalla frontal y bélica contra el narcotráfico. Los grupos criminales se fragmentaron, entre ellos el Cártel de Sinaloa.
Desde 2008 la “federación” sinaloense se dividió: Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada contra los hermanos Beltrán Leyva. Eso provocó que se pelearan buena parte del territorio nacional, y particularmente el área de máxima producción de mariguana en el país: la zona serrana de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Desde entonces el desplazamiento forzado no ha parado. Y mientras esto avanza, el Estado mexicano no ha implementado una política clara de atención.
Laura Rubio Díaz Leal, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM [5]) y una de las pocas estudiosas del fenómeno del desplazamiento, critica que los gobiernos de México no quieran aceptar la falta de seguridad en la población porque esto manifiesta una debilidad institucional.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se negaba abiertamente que existiera un problema de desplazamiento, y con (Enrique) Peña Nieto simplemente no se habla de eso: no sé qué es más grave, una negación o una omisión del tema”.
Desde 2011, Díaz Leal ha podido documentar 121 desplazamientos masivos en México.
Para leer las tres entregas de este reportaje haga click aquí [6]
*Esta investigación fue realizada por Silber Meza y Francisco Cuamea y fue editado por El Universal y Noroeste de México, y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con:
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