Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica «6.4 por ciento de la población migrante del país cambió de lugar de residencia por la delincuencia, [un número] equivalente a 236 mil 800 personas.» Captura de pantalla del video publicado por el medio local El Debate.
La zona en cuestión es informalmente denominada como el Triángulo Dorado, por sus locaciones de difícil acceso, escondidas por el follaje y las montañas de la Sierra Madre Occidental. Desde el 14 de octubre de 2015, las fuerzas armadas han sostenido enfrentamientos con un grupo armado, supuestamente el que brinda protección al Chapo Guzmán, quien se fugó del centro penitenciario de “máxima seguridad” del Altiplano ―en el centro del país― en julio del presente año.
Raúl Rodríguez Cortés reportó para El Debate (periódico local) sobre este operativo:
La operación fue realizada hace una semana en Tamazula, Durango, por personal de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) del 27 Batallón de Infantería de Marina y de las Fuerzas Especiales (FES) del Cuartel General del Alto Mando con sede en la Ciudad de México.
La operación naval se puso en marcha tras interceptar llamadas telefónicas, correos y mensajes de texto en los que se indicaban desplazamientos y puntos de encuentro para reuniones entre jefes del cártel de Sinaloa que se verían en la zona serrana entre Sinaloa y Durango. Se cree, incluso, que Guzmán Loera estaba por encontrarse con su lugarteniente en el cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.
A raíz de este operativo, algunos medios (incluyendo el antes citado) aseveran que el capo resultó herido en el rostro y en una de las extremidades inferiores. No obstante, pocas agencias han informado sobre las consecuencias de estas acciones para la población civil, que además de vivir en una zona remota se enfrenta ahora a la violencia desatada por las fuerzas armadas (del Estado) y los grupos delincuenciales.
Noroeste (periódico regional) informó sobre el saldo preliminar de personas desplazadas por la refriega, que fueron refugiadas en Cosalá ―uno de los 18 municipios que integran Sinaloa―:
De acuerdo con el Alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, el DIF local tiene contabilizados, de acuerdo con la ayuda que se solicita, alrededor de 600 personas en situación de refugio por el desplazamiento forzado de sus comunidades desde que inició el éxodo de habitantes de la sierra la semana pasada.
Y la nota agrega:
Organismos como Article 19 y la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa han definido la situación que se vive en Cosalá como «crisis humanitaria» que debe atenderse con urgencia.
En el siguiente video de El Debate se muestra a algunas de las personas afectadas por el operativo y destaca el testimonio de una de ellas:
No les interesó que hubiera niños […] cuando menos pensamos [apareció] el helicóptero… y nos dijimos que va de paso, como siempre, cuando [de pronto] se dio vuelta y empezó a echar chorros de balas.
Las acciones del Estado presuntamente encaminadas a la recaptura de Guzmán, han surgido en los medios a pocos días de que el periodista Carlos Loret de Mola difundiera el audio y video de los momentos previos y posteriores a la evasión del capo. En el material se puede observar y escuchar a los custodios del centro penitenciario buscando a Guzmán desde afuera de la estancia y, varios minutos después de notar su ausencia, se les puede apreciar buscándolo debajo del catre en el que dormía, todo ello sin haber activado los protocolos de contingencia en caso de fuga. León Krauze se refirió hoy al video que denota aparente negligencia diciendo “México es el hazmerreír del mundo. Es quizá, nuestro mayor oprobio en al menos 20 años”.
Los daños que ha sufrido la población como consecuencia de los enfrentamientos, han sido también reportados por un puñado de medios internacionales, como es el caso de AFP y MSN, que en una nota [en inglés] sobre los hechos han resaltado la historia de personas cuyos hogares y posesiones han sido baleadas e incluso incendiadas. Adicionalmente, se menciona la desaparición de al menos ocho personas desde que las fuerzas del Estado abrieron fuego contra las viviendas de la población civil.
Hace un par de meses, el blog Estado Mayor retomó una nota que contiene el pronunciamiento de la especialista Brenda Pérez, quien en un foro sobre desplazamiento de personas, compartió cifras que permiten una aproximación a la magnitud del problema en todo el país:
Recordó que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica señala que 6.4 por ciento de la población migrante del país cambió de lugar de residencia por la delincuencia, equivalente a 236 mil 800 personas.
También la última Encuesta Nacional de Victimización del INEGI expone que 1.3 por ciento de las personas manifestaron que algún miembro de su familia cambió de residencia por la violencia, equivalente a millón y medio de personas.
En estricto sentido, los desplazados internos, es decir, las personas que por algún motivo han tenido que dejar sus hogares en el marco de un conflicto armado, son sujetos a la ayuda humanitaria en términos del Derecho Humanitario, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ello no significa que quienes han sido desplazados en México efectivamente hayan recibido el auxilio que el Derecho Humanitario debería garantizar, tal como lo ha apuntado InSight Crime en una pieza escrita por Kyra Gurney.
Guerrero y Michoacán al suroeste de México son otras de las entidades en las que la gente ha tenido que abandonar su casa creando “pueblos fantasma” en el marco de la guerra emprendida por el gobierno en contra de la delincuencia organizada.
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