Desfile en el estadio Amani en conmemoración del 40 aniversario de la revolución de Zanzibar de 1964, 12 de enero de 2004. Fotografía por Vincent van Zeijst vía Wikimedia (CC BY-SA 3.0).
Dos ciudadanos tanzanos han sido procesados conforme a la nueva ley de ciberdelitos [1] por publicar lo que según las autoridades es «información falsa» en los medios sociales. Son los primeros imputados de estos delitos desde que la nueva ley fue aprobada por el Parlamento en abril de 2015 en Tanzania.
La ley fue redactada en un intento de poner fin a la pornografía infantil, acoso cibernético, usurpación de identidad en línea, contenidos racistas y xenófobos, mensajes no solicitados (spam), interceptación ilegal de comunicaciones, y publicación illegal de información falsa. A pesar de las críticas de políticos opositores, expertos en medios sociales, donantes y activistas de derechos humanos, la ley logró ser aprobada luego de ser escasamente debatida. El presidente Jakaya Kikwete la promulgó [2] en mayo de 2015.
Benedict Angelo Ngonyani, estudiante de 24 años del Instituto Tecnológico de Dar es Salaam, fue acusado [3] el 9 de octubre de publicar en Facebook material «falso o no verificado por las autoridades correspondientes», donde sostenía que el jefe de las fuerzas de defensa de Tanzania, general Davis Mwamunyange, había sido hospitalizado por haber ingerido alimentos envenenados. Las autoridades sostienen que Ngonyani publicó esta información a sabiendas de su falsedad. Permaneció bajo custodia policial hasta que fue trasladado ante el tribunal el 23 de octubre de 2015.
Sospiter Jonas fue sometido a proceso [4] ante un tribunal de primera instancia en la región de Dodoma, acusado del delito de «uso indebido de internet». Había publicado un mensaje en su página de Facebook donde afirmaba que el primer ministro tanzano, Mizengo Pinda, «solo se convertirá en un predicador del evangelio». Jonas fue citado a comparecer ante el tribunal el 19 de octubre de 2015.
Los detractores de la ley de ciberdelitos [5] alegan que la norma le otorga demasiado poder –sin el debido control– a la policía, como la facultad de allanar los domicilios de presuntos infractores, incautar sus dispositivos electrónicos y reclamar a los proveedores de internet la entrega de sus datos. También argumentan [6] que la policía o el estado podrían usar las facultades que la ley les otorga para acosar a activistas o a usuarios de medios sociales, como ha sucedido en los casos de Jonas y Ngonyani.
Según el estado, ambos hombres infringieron el apartado 16 de la ley de ciberdelitos, que prohibe la «publicación de información falsa». Por el momento, no se sabe mucho más acerca de estos casos.